Editorial Sumando Voces
El bloqueo de caminos que exige el levantamiento de cargos en contra del expresidente Evo Morales por los delitos de estupro y trata de personas, además de garantizar su candidatura, se acerca a los 20 días mientras escala en intensidad, violencia y vulneración de derechos en las carreteras.
La Constitución y las leyes bolivianas, enmarcadas en los estándares internacionales, garantizan el derecho a la protesta, el derecho a la reunión pacífica y el derecho a la libertad de expresión, que tendrían que ser el paraguas bajo el que queden protegidos los bloqueos. Sin embargo, el bloqueo evista ha traspasado la línea del derecho a la protesta y ahora es el escenario en el que se vulneran los derechos de los demás bolivianos.
A diario se está vulnerando el derecho a la integridad física de policías y periodistas que resultan heridos en el cumplimiento de sus labores; el derecho a la libertad de expresión de los informadores que trabajan en medio del hostigamiento de los bloqueadores; el derecho a la libre circulación de los ciudadanos que tienen que hacer largos tramos a pie con bultos y niños a la espalda; el derecho a la alimentación de los habitantes de Cochabamba y La Paz, donde ya escasean los productos; el derecho a la salud de quienes no pueden desplazarse, ni siquiera en ambulancias, entre otros.
Para empezar, un bloqueo, para que goce de legitimidad, tendría que reivindicar derechos ciudadanos, y no así el deseo de una persona de que no se le investigue por una denuncia planteada ante la Fiscalía que, dicho sea de paso, es demasiado grave como para que quede en la impunidad.
Luego, ese bloqueo debería ser pacífico, para que no se ponga en riesgo la vida e integridad de la gente, y tendría que ser lo suficientemente flexible como para permitir el paso de ambulancias, servicios de emergencia y, de tanto en tanto, debería permitir el paso de alimentos para que la gente cubra una necesidad tan básica como la alimentación.
En el contexto de crisis económica en el que vive la ciudadanía, el bloqueo ha venido a agravar la situación de precariedad de las familias que, para comprar un pollo o una bolsa de arroz, deben hacer largas filas en las sucursales de Emapa o deben someterse en las reglas del mercado, que por estas circunstancias, son aún más crueles.
Pero, si de vigencia de derechos se trata, éstos deben ser garantizados para unos y otros. Por ejemplo, la Policía tendría que hacer un “uso racional” de la fuerza, los militares no tendrían que ejercer las funciones desbloqueadoras de la Policía y los bloqueadores no tendrían que ser perseguidos y expuestos con saña, sino que se debería respetar el debido proceso.
Lo propio para el expresidente Evo Morales, quien tendría que ser juzgado en el marco del debido proceso por el caso de presunto estupro y trata de personas
Derechos de un lado y del otro, derechos para todos, ese es el mundo ideal, pero Bolivia esta lejos de ese marco conceptual y ahora mismo, la vulneración de derechos se ha convertido en una moneda diaria.
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