Ya estamos inmersos en un nuevo proceso de elecciones subnacionales, un momento que debería invitarnos a pensar el futuro de nuestros departamentos, regiones y municipios, pero que en la práctica suele reducirse a una competencia acelerada de nombres, colores y consignas. Elegimos autoridades ejecutivas y legislativas en distintos niveles y, con ello, no solo definimos quién ocupará un cargo, sino también qué tipo de relación queremos entre el poder público y la sociedad. Sin embargo, más allá del ruido electoral, hay hechos que llaman poderosamente la atención y merecen una reflexión crítica y honesta.
Uno de los datos más llamativos de este proceso es la magnitud de personas que decidieron postularse. Según el Tribunal Supremo Electoral, para las elecciones subnacionales de 2026 se registraron 34.618 candidaturas en todo el país, una cifra histórica. A primera vista, esto podría interpretarse como una señal positiva de participación democrática. Sin embargo, una mirada más detenida obliga a preguntarse si cantidad es realmente sinónimo de calidad democrática. El proceso de revisión reveló que más de 26.000 personas fueron inhabilitadas por no cumplir requisitos básicos, quedando poco más de 8.100 candidaturas habilitadas. Este dato no es menor: evidencia una brecha profunda entre el deseo de acceder a un cargo público y la comprensión mínima de las reglas democráticas. No se trata de errores aislados, sino de una tendencia preocupante que revela ligereza e improvisación frente a funciones de alta responsabilidad.
A este escenario se suma un problema estructural persistente: la baja participación de mujeres, especialmente en cargos ejecutivos. En las gobernaciones, por ejemplo, apenas alrededor del 10% de las candidaturas habilitadas corresponde a mujeres, una proporción similar en alcaldías de capitales. Esto ocurre pese a que la normativa exige paridad y alternancia, lo que demuestra que el problema no es solo legal, sino profundamente cultural y político.
Más allá de las cifras, emerge una pregunta incómoda: ¿el simple deseo de postularse es suficiente para administrar la cosa pública? La autodeterminación de los pueblos es un principio fundamental de la democracia, pero no puede convertirse en una excusa para vaciar de contenido la función pública. Gobernar implica responsabilidad, ética, capacidad de gestión y compromiso con lo colectivo. En este proceso hemos visto perfiles diversos: personas con trayectoria social y vocación de servicio, pero también candidaturas motivadas por intereses personales, cálculos económicos o coyunturas oportunistas. Esto refleja una tendencia cada vez más visible: la política entendida como acceso a recursos y poder, más que como herramienta de transformación social.
Existe aquí una tensión clave. Por un lado, es legítimo rechazar la idea de que solo una élite técnica puede gobernar. La historia demuestra que los gobiernos tecnocráticos no garantizan mejores resultados. Pero, por otro lado, tampoco podemos normalizar la improvisación, la falta de preparación mínima o el uso instrumental de los cargos públicos. Administrar lo público implica manejar recursos colectivos, tomar decisiones que afectan vidas concretas, planificar a largo plazo y rendir cuentas. No exige títulos exclusivos, pero sí compromiso, aprendizaje constante y comprensión básica del Estado. El problema es que el escenario electoral actual parece premiar otras lógicas: financiamiento de campañas, redes clientelares y posicionamiento rápido en un contexto de desencanto ciudadano.
No es casual que, paralelamente, crezca la desconfianza hacia la política. Muchas personas votan por descarte o se alejan del proceso convencidas de que “todos son iguales”. Esta percepción es resultado de gestiones deficientes, promesas incumplidas y una desconexión reiterada entre autoridades y ciudadanía. La exclusión de las mujeres no es un dato secundario, sino un síntoma de un sistema que reproduce desigualdades. Cuando ellas quedan fuera de los espacios de decisión, se empobrece la democracia y se pierden miradas fundamentales para la gestión pública. Esto responde tanto a barreras culturales como a prácticas partidarias que las relegan a posiciones poco competitivas.
La pregunta sobre quién puede gobernar no admite una respuesta simple. El problema radica en cómo hemos reducido la política a una competencia electoral, olvidando que gobernar es un proceso continuo de responsabilidad colectiva. No se trata de cerrar la participación, sino de elevar el nivel del debate público y exigir más a quienes aspiran a ejercer el poder.
Elegir no es un acto pasivo; implica corresponsabilidad. Cuando normalizamos candidaturas sin proyecto, ética ni visión, también somos parte del problema. El desafío no es reemplazar la democracia por un gobierno de especialistas, sino recuperar el sentido de lo público, fortalecer la formación ciudadana, promover liderazgos con arraigo social y exigir transparencia y rendición de cuentas reales.
Tal vez este proceso subnacional nos esté ofreciendo una oportunidad incómoda pero necesaria: preguntarnos qué tipo de autoridades queremos y qué estamos dispuestos a cambiar. Porque la democracia no se agota en el derecho a postularse, sino que se sostiene en la capacidad colectiva de cuidar y dignificar lo público. Y esa responsabilidad es de todos.
Walberto Tardio es activista y estudiante de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
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