Momento de la detención de Julio Lero, quien fue entregado a las autoridades por un grupo de comunarios. Foto: RRSS.
La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) alerta que la Justicia podría condenar —“en un proceso injusto y cuestionable”—, al indígena tsiman Julio Lero Sánchez, procesado en la vía ordinaria por la muerte del indígena leco Francisco Marupa, en febrero de 2025.
La organización recuerda que este 5 de marzo se llevará a cabo la última audiencia del caso y teme que el juzgado emitiera una condena.
“Podría dictar sentencia en el caso donde se acusa de forma injusta al hermano Julio Lero Sánchez, después de mantenerlo más de un año en prisión, durante el cual los operadores de justicia solo han cometido injusticias al no aplicar el debido proceso, no realizar una investigación seria, técnica e imparcial, negando así el acceso a una verdadera justicia tanto para la víctima como para un hermano indígena acusado sin pruebas contundentes, y al no haber logrado identificar al verdadero responsable o responsables de la muerte del Sr. Francisco Marupa”, se lee.
La organización detalla las observaciones que vino haciendo a lo largo del proceso, entre las más importantes el hecho de que se violó la presunción de inocencia al obligarlo a autoinculparse, se ignoró información detallada de la correlación de hechos según varios testigos, y se omiten nuevos datos que surgieron a la luz de investigaciones periodísticas y que deberían ser tomados en cuenta.
En ese marco, insta al Ministerio Público a iniciar una auditoría técnica del proceso y suspender con carácter de urgencia la audiencia de este jueves 5 de marzo. Asimismo, recuerdan a la justicia ordinaria que la autoinculpación no es suficiente para condenar a un acusado y demandan que todo el proceso cuente con un traductor de lengua considerando el derecho constitucional que asiste a los pueblos indígena originario campesino.
“Advertimos que este caso, puede sentar precedente y jurisprudencia, para que en otros la justicia no tenga que cumplir con el debido proceso antes de sentenciar a miembros de pueblos indígenas originarios campesinos, sin garantizar el derecho a un traductor, es decir el derecho a conocer porque se lo juzga”, detallan.
Finalmente, demandan el involucramiento de la Defensoría del Pueblo y a los Organismos Internacionales de Derechos Humanos en el marco de sus deberes y facultades.
El pronunciamiento completo está disponible en este enlace.
También te podría interesar:
