Jornadas presenciales del III Congreso Boliviano de Urbanismo en Sucre. Foto: IBU
El III Congreso Boliviano de Urbanismo llamó a las nuevas autoridades nacionales, departamentales y municipales a asumir una agenda urbana “ética, urgente y verificable” para enfrentar la crisis territorial, climática e institucional que afecta a las ciudades del país. El pronunciamiento, elaborado tras cinco días de deliberación, exige compromisos concretos en prevención de desastres, transparencia en el manejo del suelo, movilidad sostenible y acceso a vivienda adecuada, entre otros ejes.
«Afirmamos que la ciudad no puede seguir tratándose como mercancía ni como proyecto de corto plazo. Por ello, hacemos un llamado a las nuevas autoridades a nivel nacional, departamental y municipal, como a la sociedad en su conjunto, a asumir públicamente una agenda social urbana cuya prioridad sean las personas y entornos saludables, sin perder de vista los vínculos rurales y urbanos, con compromisos verificables, y sujetos a seguimiento transparente», dice la carta.
El Congreso de Urbanismo en Bolivia organizado por el Instituto Boliviano de Urbanismo (IBU) cerró la semana pasada su tercera versión como un espacio que volvió a consolidarse como referente nacional de los debates urbanos, análisis del territorio y la construcción de propuestas para las ciudades del país.
El documento agrega que esta agenda constituye un insumo para la gobernanza territorial y urbana responsable, orientada a garantizar el derecho a la ciudad, la participación activa, la justificación espacial y la convivencia con los ecosistemas y las cuencas de las que las ciudades son parte.
Asimismo, se señala que Bolivia atraviesa un momento decisivo: más de 7,8 millones de habitantes viven en áreas urbanas marcadas por desigualdad, expansión desordenada, contaminación y ausencia de planificación. El Congreso advierte que estos problemas se agravan por la falta de continuidad de políticas públicas y por la especulación del suelo urbano, lo que profundiza el déficit habitacional y limita el derecho a la ciudad.
El pronunciamiento plantea una agenda de 12 puntos que deben guiar la gestión territorial 2025–2030. Entre ellos destaca la necesidad de que los gobiernos subnacionales destinen presupuestos permanentes para la prevención de desastres, lo que incluye el apoyo y la formación continua de grupos de respuesta, manejo y conectividad de áreas verdes, drenajes naturales, limpieza, recuperación y protección de cuencas y ríos, y gestión de los asentamientos humanos.
Además, que actualicen sus instrumentos de planificación y publiquen de manera continua datos urbanos abiertos, incluyendo catastro, inversiones y licencias de construcción. También se insta a fortalecer la participación ciudadana vinculante y a reconocer la autogestión de barrios y comunidades.
«Los gobiernos subnacionales deben publicar continuamente en portales oficiales y de libre acceso, estadísticas locales, información sobre catastro, uso de suelo e inversiones, presupuestos, licencias urbanas, proyectos y contrataciones. La rendición pública de cuentas sobre el cumplimiento del pacto social necesita realizarse anualmente ante la ciudadanía», señala el texto.
Otro eje central es el control del suelo frente a los avasallamientos y loteamientos ilegales. El Congreso propone crear plataformas públicas que georreferencien trámites, fiscalizaciones y sanciones, además de establecer mecanismos de control social vecinal. Advierte que las nuevas autoridades tienen responsabilidad administrativa e incluso penal por incumplir medidas de transparencia.
La agenda también enfatiza el acceso a vivienda adecuada como política de Estado, promoviendo suelo urbanizado para familias de bajos ingresos y programas de alquiler social, cooperativas de vivienda y autoconstrucción asistida. En materia de movilidad, se demanda que cada municipio apruebe un Plan de Movilidad Urbana Sostenible y que las regiones metropolitanas articulen sistemas de transporte limpios, seguros e integrados.
El Congreso incorpora además un enfoque de género y del cuidado, proponiendo infraestructura cercana y segura para mujeres, personas mayores y población con discapacidad, así como rutas seguras e iluminación pública adecuada. También llama a consolidar ciudades más compactas y policéntricas, reducir la expansión urbana desmedida y mejorar la gobernanza metropolitana.
«Las políticas urbanas y metropolitanas pueden recuperar experiencias colaborativas de infraestructura social del cuidado, con servicios y equipamientos accesibles, entornos seguros para niñas, mujeres, personas mayores y población con discapacidad, promoviendo la corresponsabilidad institucional y comunitaria», establece el documento.
En el ámbito fiscal, los urbanistas recomiendan implementar catastros actualizados, plusvalía urbana e impuestos prediales progresivos para reinvertir recursos en servicios públicos y equipamiento. La distribución de recursos, señalan, debe incorporar criterios de equidad más allá del número de habitantes, premiando a municipios con buena gestión fiscal.
Finalmente, el Congreso advierte que no cuidar los derechos territoriales puede generar consecuencias graves para las ciudades bolivianas. Por ello, convoca a autoridades, academia, organizaciones sociales, sector privado y ciudadanía a asumir esta agenda como un “mandato ético y público”, y asegura que acompañará y monitoreará su implementación en los próximos años.
«Existe el compromiso colectivo de acompañar, monitorear y brindar soporte técnico para alcanzar territorios y ciudades más justas, inclusivas, seguras, colaborativas y sustentables. El bien común y el futuro urbano de Bolivia se construye hoy, y será recordado por las decisiones que tomemos en este momento histórico», finaliza la carta.
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