Bolivia se mantiene entre los países con peor desempeño en materia judicial, según el Índice del Estado de Derecho 2024 del World Justice Project (WJP), que ubica al país en el puesto 131 de 143 evaluados. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo presentó su propuesta “Una Reforma Judicial con Enfoque de Derechos Humanos”, que busca cambios estructurales en el sistema de justicia boliviano.
«Coincidimos con diversos sectores en que el sistema judicial atraviesa una profunda crisis que vulnera los derechos de miles de personas (…) presentamos la propuesta ‘Una reforma judicial con enfoque de Derechos Humanos’, orientada a consolidar una política de Estado que garantice acceso a la justicia para todas las personas, fortalezca la independencia judicial, adecúe el marco normativo, respete la diversidad cultural y promueva una justicia agroambiental efectiva”, publicó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en sus redes sociales.
El documento fue presentado por el delegado departamental de Chuquisaca, Humberto Mayorga, en representación del defensor Pedro Callisaya, quien no pudo llegar a Sucre por problemas de conexión aérea. La propuesta se expuso en el marco del primer Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial, convocado por el Tribunal Supremo de Justicia y que reúne a autoridades, universidades, miembros del cuerpo diplomático y representantes de instituciones vinculadas al sector.
Según la Defensoría, la necesidad de reformar la justicia boliviana se evidencia en los diagnósticos internacionales: Bolivia ocupa los puestos 142 de 143 en justicia penal y 140 de 143 en justicia civil, mientras que organismos como el GIEI y la CIDH han señalado problemas persistentes de independencia judicial, abuso de la detención preventiva, corrupción, discriminación y politización de la justicia.
El documento plantea que la reforma debe basarse en tres pilares: consolidarse como política de Estado que trascienda los cambios de gobierno, garantizar un enfoque de derechos humanos para proteger especialmente a los sectores más vulnerables, y asegurar la participación plena de la sociedad civil para legitimar y monitorear las medidas adoptadas.
Entre los cambios propuestos destacan el fortalecimiento de la independencia judicial mediante una Carrera Judicial meritocrática y mayor presupuesto para el sector; la revisión de la selección de altas autoridades; y la modernización de normas clave, incluyendo reformas al sistema penal, la Ley 1008, la Ley de Deslinde Jurisdiccional y la Ley General del Trabajo. También se plantea impulsar un Código Procesal Administrativo y avanzar en la digitalización de expedientes, con regulación ética del uso de inteligencia artificial.
Mayorga enfatizó que la reforma debe traducirse en un sistema “independiente, confiable y eficiente”, capaz de garantizar el acceso a la justicia sin discriminación. La Defensoría del Pueblo ratificó su compromiso de acompañar este proceso, considerado crucial para fortalecer un auténtico Estado Constitucional de Derecho en Bolivia.
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