Foto captura de pantalla del video Plurinacional Tv
Representantes del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), que abarca zonas de Pando, Beni y el norte de La Paz, denunciaron que hace tres meses presentaron una acción preventiva por contaminación con mercurio a causa de la minería aurífera, pero hasta la fecha no recibieron ninguna respuesta de las autoridades judiciales.
“Hasta ahora, ya son tres meses, no tenemos resultados”, lamentó el presidente del TCO-Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), que cuenta con estudios que evidencian altos niveles de mercurio en el organismo de habitantes de seis comunidades. “Tenemos análisis de cabello y sangre de nuestras hermanas que muestran que los niveles sobrepasan los límites normales”, indicó, de acuerdo con una entrevista publicada en Plurinacional TV.
Ubicado entre los ríos Madre de Dios y Beni, el Territorio Indígena Multiétnico II, en el norte de Bolivia, abarca regiones de Beni y Pando. Allí viven unas 36 comunidades indígenas de los pueblos Tacana, Ese Ejja y Cavineño, que mantienen su forma de vida en estrecha relación con los ríos y el bosque.
La acción fue presentada el 1 de julio ante el Juzgado Agroambiental del Sena, en Pando, con el objetivo de frenar el avance de la minería aurífera que —según las comunidades— está afectando la salud de la población y los ecosistemas fluviales del territorio. Sin embargo, el caso fue derivado a la ciudad de Sucre, después de que el juzgado local se declarara sin competencia.
La Acción Ambiental Preventiva directa estuvo acompañada de una solicitud de medidas cautelares.
De acuerdo con los informes comunitarios, mientras el nivel aceptable de mercurio en el cuerpo humano es de una parte por millón, en algunas personas se detectaron hasta siete partes por millón, producto del consumo frecuente de pescado contaminado en los ríos afectados por la actividad minera.
Además de los daños a la salud, las comunidades reportaron impactos ambientales y económicos en sus territorios: desbarrancamientos de riberas, pérdida de cultivos de plátano, maíz y cacao, así como sequías e incendios recientes. “Estamos siendo golpeados por la contaminación y por el cambio climático, pero no se nos escucha”, denunció.
El Presidente del TIM II también cuestionó que el Plan Nacional de Acción sobre la contaminación por mercurio se haya elaborado sin consulta previa ni informada a los pueblos indígenas, pese a que el Estado reconoce este derecho en la Constitución. “Nos preocupa que nuestras demandas no sean tomadas en cuenta durante el gobierno del presidente Luis Arce”, expresó.
El Cedib alertó que el Plan de Acción Nacional para la reducción del mercurio, impulsado por el Gobierno boliviano, pospone hasta 2031 la eliminación de actividades que el Convenio de Minamata prohíbe expresamente.
La denuncia fue realizada por Óscar Campanini, director del centro, en el programa Deliberar, durante el debate titulado “Uso del mercurio, una amenaza sin control, en septiembre de este año”.Campanini advirtió que el plan estatal responde más a intereses mineros que a una política ambiental, y calificó las medidas adoptadas como tardías y complacientes. “Estamos frente a un plan hecho a la medida del sector minero”, sostuvo.
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