El caso de Uzquiano fue admitido por el Comité del Acuerdo de Escazú. Foto: Marcos Uzquiano
En un hecho sin precedentes para el país, el Comité de Seguimiento y Aplicación del Acuerdo Regional de Escazú declaró admisible una comunicación presentada por el defensor de derechos humanos y ambientales en Bolivia, Marcos Uzquiano.
“En semanas pasadas, el Comité de Seguimiento y Aplicación del Acuerdo Regional de Escazú ha declarado admisible mi caso, con ello se marca un precedente histórico para Bolivia, que busca garantizar la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales frente a amenazas e intimidaciones”, publicó Uzquiano en su cuenta de Facebook.
Uzquiano recibió la notificación de admisión mediante correo electrónico el 22 de octubre de este año. Y, explicó a Sumando Voces que el caso admitido bajo el código A-BOL-20250111-NZ33JA55H2C0 se refiere a las acciones emprendidas tras su destitución: “Envié una nota de comunicación al Comité de Seguimiento y Aplicación del Acuerdo Regional de Escazú”, precisó y sostuvo que este es un paso que abre la puerta para un análisis profundo de la situación de los defensores ambientales y fortalece los derechos de quienes trabajan por un mundo más justo y seguro.
El Acuerdo de Escazú, del cual Bolivia es parte, es el primer tratado en América Latina y el Caribe que busca asegurar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en temas ambientales, además de velar por la protección de los defensores ambientales.
Con la admisibilidad del caso, el Comité realizará un análisis profundo sobre la situación de los defensores en Bolivia y sobre las medidas que el Estado adopta para salvaguardar su integridad y su trabajo. Esta revisión responde a la necesidad de fortalecer la aplicación efectiva de los compromisos asumidos por los países firmantes del tratado.
El denunciante expresó su agradecimiento al Comité de Seguimiento, destacando que, aunque su caso fue resuelto en el ámbito nacional, la decisión del órgano internacional de darle seguimiento marca un hito sin precedentes para Bolivia y abre un nuevo capítulo en la justicia ambiental y en la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza.
“Agradezco de manera infinita y sincera al Comité de Seguimiento qué, a pesar de que mi caso ha sido eventualmente resuelto en Bolivia, se disponga el seguimiento respectivo desde la Conferencia de Partes a través del Comité de Seguimiento y Aplicación del Acuerdo Regional de Escazú”, puntualizó Uzquiano.
El proceso representa una oportunidad para fortalecer las garantías institucionales que protegen a los activistas ambientales en Bolivia, en un contexto en el que la defensa del medioambiente sigue enfrentando múltiples desafíos.
Caso de Uzquiano
La destitución de Marcos Uzquiano como jefe de Protección de la Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni, ocurrida el último día de 2024, desató en su momento una ola de preocupación en Bolivia. Su caso simboliza la vulnerabilidad que enfrentan los defensores ambientales en el país, donde proteger la naturaleza puede convertirse en un acto sancionado.
Con más de dos décadas de trayectoria como guardaparque, Uzquiano fue reconocido internacionalmente por su compromiso con la conservación —premiado por la Federación Internacional de Guardaparques (FIG) y la UICN— y galardonado por la Defensoría del Pueblo como “embajador de derechos humanos”. Pese a ello, fue apartado de su cargo y sometido a un proceso administrativo por un supuesto conflicto de intereses, argumentando que su rol como presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques (Abolac) no era compatible con su función pública.
Entre las acusaciones figuraron publicaciones en redes sociales denunciando la muerte de un jaguar en instalaciones de una empresa china, advertencias sobre incendios forestales y gestiones para mejorar las condiciones laborales de los guardaparques. Todo esto ocurrió días después de que Uzquiano denunciara ante la Fiscalía una red de cacería ilegal de jaguares que operaba en áreas protegidas, lo que alimentó la percepción de que su destitución fue una represalia por sus denuncias.
El caso de Uzquiano no fue aislado. En el mismo periodo, otros responsables de áreas protegidas también fueron removidos sin explicación. Estos hechos evidenciaron una crisis institucional en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), entidad clave que sufrió recortes presupuestarios, precarización laboral y un creciente control político.
La destitución de Uzquiano contradijo los compromisos internacionales asumidos por Bolivia en el marco del Acuerdo de Escazú, cuyo artículo 9 obliga al Estado a garantizar un entorno seguro para quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. Para muchos, su despido constituyó un acto de intimidación y un mensaje disuasorio hacia otros defensores ambientales que denuncian irregularidades.
Como señaló Uzquiano en su momento: “No es Marcos, sino el mensaje contra los defensores medioambientales”. Su caso se solucionó gracias a un amparo constitucional presentado por el afectado y apoyado por la Defensoría del Pueblo. Así, la Sala Constitucional del Tribunal de Garantías de La Paz emitió un fallo en el que ordenó la restitución en su caro como guardaparque.
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