El exdirigente cocalero de Adepcoca César Apaza anunció que en los próximos días presentará nuevas pruebas ante instancias judiciales en Sucre con el fin de exigir la revisión completa de su caso. Apaza indicó que coordina con su abogado Jorge Valda dicha acción, para demostrar las irregularidades que marcaron todo el proceso penal en su contra.
Apaza adelantó que entre las pruebas figuran grabaciones en audio que —sostiene— evidencian que fue obligado a acogerse al procedimiento abreviado y admitir culpabilidad por hechos que asegura no haber cometido.
“Fue una situación dura”, afirmó a ANF, al explicar que logró grabar a su carcelero y al coronel a cargo del penal, quienes, según contó, lo hostigaban diariamente para que aceptara declararse culpable. Espera que estas evidencias permitan revelar cómo se lo presionó desde el inicio del proceso.
El exdirigente lamentó que, pese a haber ganado algunas audiencias durante su detención, “las autoridades no hicieron caso” debido a que la intención del gobierno de Luis Arce Catacora era mantenerlo encarcelado y “sacarnos en caja” del penal. Con estas nuevas pruebas, Apaza confía en que la justicia no vuelva a negarle la revisión judicial y que, por primera vez, se atienda su petición “sin manejo político”.
Sobre las condiciones en que salió del penal, Apaza denunció que la detención domiciliaria le fue impuesta “en la frontera”, en Villazón (Potosí), pese a que él radicaba en La Paz. Considera que esta medida fue irregular y forzada. Aún más extraño, añadió, es que desde su liberación —el 15 de enero de 2024— no volvió a ser convocado ni a firmar en ningún despacho fiscal, lo que describe como un ejemplo de cómo “la justicia actuó a su antojo” en su caso.
Apaza también se refirió a su estado de salud, señalando que hoy se encuentra “mucho mejor”. Tras haber sufrido una embolia cuando estaba preso, continúa batallando contra la diabetes, pero afirma que ha recuperado movilidad y fuerza. Agradeció el apoyo de su familia y de las personas que lo acompañaron en su proceso de recuperación, al tiempo que subrayó que continúa luchando por estabilizar su salud.
Su situación médica fue uno de los puntos más cuestionados durante su encarcelamiento. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia denunció vulneraciones a sus derechos, mientras que la Defensoría del Pueblo reportó “trato cruel y posible tortura” en el operativo de su aprehensión. El caso incluso llegó al ámbito internacional: la CIDH pidió información al Estado boliviano y Human Rights Watch exigió evaluaciones médicas independientes.
El proceso judicial contra Apaza se remonta a septiembre de 2022, cuando fue acusado por la quema del “mercado paralelo” de coca en Villa El Carmen. La Fiscalía le imputó delitos como incendio, lesiones y allanamiento, aunque —según él y sus defensores— nunca presentó pruebas sólidas. Diversos actores políticos calificaron su situación como un “linchamiento judicial” y una vulneración sistemática de derechos humanos.
Tras estar más de un año detenido, Apaza aceptó un procedimiento abreviado y fue condenado a tres años de prisión, lo que permitió su salida del penal. Hoy, sin embargo, asegura que aquella decisión fue producto de la coerción y que demostrará que nunca debió ser declarado culpable.
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