Cerca de 200 áreas protegidas subnacionales subsisten entre la conservación y las amenazas múltiples

Área protegida municipal de Auquisamaña en el Municipio de La Paz. Foto archivo ANA

Cerca de 200 áreas protegidas subnacionales, entre municipales y departamentales, buscan conservar la naturaleza. Hoy, se enfrentan con múltiples desafíos dentro de sus límites, entre avasallamientos, urbanizaciones, loteamientos e inclusive actividad extractiva como la minería ilegal, o la actividad petrolera, entre otros.

Las funciones ambientales que cumplen estas áreas protegidas municipales van desde la generación del aire de calidad, la protección de fuentes de agua, de bosques, humedales y la conservación de fauna y flora local.

Las áreas protegidas municipales mitigan los impactos del cambio climático, que son agravados por las actividades antrópicas, pues capturan el dióxido de carbono y mantienen la humedad.  Proporcionan además beneficios económicos y sociales a través del ecoturismo y el uso sostenible de sus recursos.

Las áreas protegidas ayudan a cumplir la meta 30 x 30

Respecto a la importancia de las áreas protegidas (AP), fue consultado Omar Osco, director general de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA), quien describió al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) creado en 1992 a partir de la Ley 1333 del Medio Ambiente, el cual busca proteger y preservar especies amenazadas, vulnerables o en peligro de extinción, a tiempo de abarcar al conjunto de las AP en sus diferentes categorías de manejo.

Cabe recordar que la meta 30 x 30 del Marco de Biodiversidad en Kunming, Montreal hace referencia a cubrir al menos un treinta por ciento de ese objetivo en el territorio de Bolivia para el año 2030, meta que se halla respaldada por la misma Constitución Política del Estado y otras normativas, evitando la mercantilización de la Madre Tierra.

“Sin embargo, todas están ayudando a conservar los espacios naturales que tenemos y nos ayudan a cumplir la meta 30 x 30 que ha definido la Convención del Marco de Biodiversidad en Kunming, Montreal, donde indican que al menos al año 2030, el treinta por ciento del territorio debe ser protegido con algún tipo de conservación, ya sea por AP u otras maneras de conservar”, observó la autoridad.

Paralelamente señaló que se estaría cerca del cuarenta por ciento del territorio nacional. “Entonces, haciendo ya la suma de territorio de las AP nacionales y subnacionales, incluye las indígenas, municipales y las departamentales, más algunos otros espacios que tenemos, ya superamos con creces esa superficie, estamos cerca del 40 por ciento”.

En referencia a los ecosistemas frágiles, que son sistemas biológicos con características y recursos únicos y una baja capacidad de recuperarse tras perturbaciones, muy vulnerables a cambios negativos. Éstos albergan especies endémicas y amenazadas, brindan funciones ecosistémicas importantes, como selvas, montañas, humedales e islas que requieren una gestión y protección especial para su conservación a largo plazo, Osco aclaró la naturaleza de estos espacios.

“La fragilidad puede ser un área que no sea AP, pero puede ser un ecosistema frágil, a veces pueden estar sobrepuestas, pero normalmente en Bolivia, la mayoría de nuestras AP están sobre ecosistemas que no están en un estado de vulnerabilidad directamente, sino más bien en lugares en donde están mejor conservados o que tienen algún valor de conservación muy importante y que lo están manteniendo”.

La amenaza más grande

A su turno, Carola Vaca, ex guardaparque y especialista en manejo de recursos naturales, áreas protegidas y reservas de biosfera, quien trabajó diez años en la reserva de biosfera Estación Biológica del Beni (EBB), a tiempo de exigir que se respete la normativa vigente respecto a las áreas protegidas, señaló entre las mayores amenazas que se ciernen contra las AP a las políticas públicas que se orientan al extractivismo.

“La amenaza más grande creo yo que son, precisamente las autoridades de gobierno, o sea, yo creo, de repente nunca se ha hablado de esto, pero para mí, cuando me dicen cuáles son las amenazas que tienen las áreas protegidas y los territorios indígenas, yo les digo la amenaza más grande son los gobiernos, las autoridades, el Ministerio (de Medio Ambiente y Aguas), la ABT, esas autoridades son las que realmente amenazan nuestros bosques”, sentenció la ex guardaparque.

De la misma manera, Vaca mencionó las actividades mineras en áreas protegidas como otra de las peores amenazas a estos espacios de conservación al referirse a los peligros específicos. Entre estos citó además a la deforestación, a los desmontes e incendios intencionalmente provocados y al hecho de que de esa manera los acuíferos, ya se trate de ríos, vertientes, lagos, lagunas, humedales u otros quedan desprotegidos al ser vaciados de la cobertura vegetal, árboles, pastos, matorrales y arbustos, entre otros.

En referencia a los insectos, la especialista citó la afectación a la polinización entre los males acarreados por las acciones de origen antrópico, es decir aquello que produce o modifica la actividad humana.

“Es que el tema de la fauna va emparejada con la deforestación, la desfragmentación de los bosques que le llamamos  técnicamente y que significa que un bosque se destruye un pedazo, luego otro pedazo, ya no tiene esa conectividad de las regiones que conectan un ecosistema con otro ecosistema, ese vacío que deja para la biodiversidad en general, para el tema no solamente de los animales, las aves, los mamíferos; sino que también las mariposas, las abejas, todo, ya, todas las polinizadoras se van. O sea, es impresionante cómo estamos destruyendo la vida, y no es solamente el gobierno, también la gente no toma conciencia, es impresionante cómo hemos ido perdiendo el sentido del equilibrio, el sentido de que antes vivíamos en armonía el hombre y la naturaleza, y ahora hemos perdido esa armonía, ese equilibrio”.

Carola Vaca también consideró como un retroceso el hecho de que la propiedad comunitaria sobre los territorios indígenas pueda ser eliminada en una próxima gestión gubernamental, en cuanto a que ello se encuentra legislado a nivel nacional e internacional tras años de lucha de los pueblos indígenas. «creo que  quien ha propuesto esa eliminación de propiedad comunitaria sobre la tierra, le está afectando la cabeza, no se va permitir, eso quítenselo de la cabeza, que se lo quite la gente de la cabeza, por más que sea propuesta de un candidato no va a suceder”.

Restituir la institucionalidad

Una cualidad fundamental de las áreas protegidas es su institucionalidad, la cual les permite un funcionamiento adecuado, pues la misma se basa en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) para las unidades nacionales, la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de Áreas Protegidas, que reconocen la coexistencia de áreas bajo administración nacional, departamental, municipal y de Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC), subrayó Marcos Uzquiano, jefe de Protección de la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni (EBB) y presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac).

“Es imperante restituir la autoridad de los guardaparques, autoridades de las AP dentro de su jurisdicción de la mano del cumplimiento firme de la ley que es uno de los aspectos que más preocupa, que más nos llama la atención y donde les están tratando de dirigir los esfuerzos para poder recuperar esta institucionalidad tan depreciada que lamentablemente se ha perdido en las AP para que sean verdaderamente protegidas”.

En relación a los apremios que inquietan la integridad de las áreas protegidas, el presidente de la Abolac enumeró a varios factores, entre los que destacó como las principales amenazas a la minería y a la deforestación, sin descartar otros aspectos que, de acuerdo al análisis del guardaparque, están estrechamente relacionados, ya sean los mismos de carácter legal o ilegal.

“Entonces tenemos la minería, tenemos los incendios forestales, la deforestación particularmente causada por intereses de sectores que tienen intereses contrapuestos con las AP, hablamos de los monocultivos, hablamos de la ganadería intensiva que tristemente se está propagando por todo el territorio nacional, los avasallamientos, el narcotráfico, el tráfico ilegal de especies de fauna silvestre, en realidad es un cúmulo de amenazas que se ciernen sobre nuestras AP”, reflexionó Uzquiano.

El jefe de Protección de la EBB recordó a las autoridades estatales, las obligaciones laborales pendientes que tiene con los guardaparques, como refrigerios pendientes, subsidios de lactancia y en especial el traspaso de los guardaparques eventuales al Tesoro General de la Nación (TGN).

De igual manera, Uzquiano censuró la intención referida a suprimir la propiedad comunitaria sobre los territorios indígenas considerando que ello es otro factor que contribuye a marginar la cuestión ambiental hacia algo suplementario, pues todo ello debilita y vulnera aún más la institucionalidad de las áreas protegidas, de la biodiversidad y de los pueblos indígenas.“Entonces para mí viene a ser una amenaza latente sin duda, muy fuerte que ojalá no se llegue a concretar, ojalá que quien haya planteado esa posibilidad pueda reflexionar y rencaminar este enfoque puesto que los pueblos indígenas sí necesitan estos espacios para desarrollarse, para complementarse con la naturaleza, con la biodiversidad y no solamente pensar en un aspecto netamente productivo y económico que lastimosamente es lo que está primando en las propuestas de gobierno”, reparó al respecto.

No bajar la guardia

Es crucial conservar el agua, no desperdiciarla ni contaminarla por las construcciones, la minería y otras amenazas porque provoca serias afectaciones en la biodiversidad, en la naturaleza y en salud la humana. En ese sentido, La Paz, El Alto, Viacha, Palca y Achocalla sufren una serie de amenazas.

En ese sentido fue posible obtener un criterio de Santos Mamani, guardaparque del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata, (PN-ANMI Cotapata), área protegida nacional situada aproximadamente a algo más de treinta kilómetros de la Sede de Gobierno. Una de sus dos estaciones se encuentra en el área de La Cumbre, camino a Los Yungas; la otra está en el sector de Yolosa, formando parte de la ecorregión de los bosques amazónicos preandinos.

“Llamo la atención a la población boliviana, a la sociedad civil, a todos los activistas de no bajar la guardia, seguir combatiendo contra algunos ilícitos y no bajar más que todo la guardia, porque muchas ciudades dependen de las áreas protegidas, en qué sentido, en el recurso hídrico, en el agua para la ciudad, de las diferentes ciudades, por ejemplo para La Paz que genera agua es del Parque Nacional Cotapata y de ahí es de donde lo que se distribuye  con el bombeo va a Incachaca, y de Incachaca a Hampaturi por la planta de tratamiento de Chuquiaguillo y así se distribuye el agua potable a gran parte de la ciudad de La Paz”, describió Mamani

El guardián de la naturaleza, quien pidió un minuto de silencio en homenaje de su colega Alex Nay Vargas y lo recordó como un verdadero luchador por el medio ambiente natural, resaltó el enorme beneficio que brindan las AP, no solamente al proveer del líquido vital, sino también de otras funciones ambientales como la conservación de la biodiversidad, la regulación del clima mediante la captura de dióxido de carbono (CO2) y la fertilidad del suelo.

“Por ejemplo, el Parque Nacional Amboró mantiene el agua potable para la ciudad de Santa Cruz, lo que es Reserva de Cordillera de Sama es para la ciudad de Tarija que mantiene el agua potable, de lo que es Reserva de Pilón Lajas de la misma manera de lo que mantiene a la población de Rurrenabaque. Exclusivamente, que, de las áreas protegidas, cumple las funciones ambientales, por eso es importante conservar nuestro recurso”, sintetizó.

El guardaparque del PN-ANMI Cotapata, quien informó que esta área protegida recibe al menos mil quinientos visitantes por mes, tanto por biking o por trekking, y alberga alrededor de 37 comunidades, invitó a los turistas y a la ciudadanía a visitar el lugar que contiene sitios como las ruinas de Socosani, al norte de ese parque nacional o pinturas rupestres, ambas prácticamente inexploradas, además de bosques y queñuales en la misma condición, aunque enfatizó que es muy importante que marquen registro en los libros correspondientes.

“Entonces sabemos muy bien que hay algunos ilícitos en algunas áreas protegidas, ya sea la minería ilegal o clandestina, como se llame, o algunos depredadores, taladores en diferentes áreas, también tenemos incendios en las áreas protegidas que hemos atravesado a nivel nacional”, puntualizó Santos Mamani, también ex titular de Abolac.

Minería entre áreas protegidas municipales

Además de los avasallamientos, la deforestación, los incendios forestales intencionalmente provocados, la ampliación de la frontera agrícola con marcas del agronegocio, es precisamente la minería un aspecto enormemente peligroso allí y un caso patético y ejemplificador de ello es lo que sucede en un sector del municipio de La Paz que se encuentra muy próximo a un AP nacional (Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata) y entre dos AP municipales (Espacio Municipal Eco-pedagógico La Cumbre y Espacio Natural de Conservación del Agua Hampaturi).

Allí, esta agencia periodística pudo verificar hace pocas semanas, la existencia de instalaciones mineras y bocaminas a metros de embalses como ocurre junto a la represa de Incachaca en la ciudad de La Paz, con las consecuencias que ello supone para la salud de personas, animales y el ambiente en general. Lamentablemente todo ello sucede ante la inacción e indiferencia de las autoridades.

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Este reportaje fue realizado en el marco del proyecto “Procesos de incidencia para el fortalecimiento de políticas ambientales y de conservación en áreas protegidas y ecosistemas estratégicos de Bolivia” implementado por Lidema y las plataformas departamentales por las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, con el apoyo de WWF, WCS y Fundesnap.

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