Estación policial de San Buenaventura, donde se determinó suspender la audiencia de inspección ocular. Foto: F.C.
Luego de siete meses de la muerte del indígena leco Francisco Marupa, este martes la Fiscalía llegó hasta la población de San Buenaventura, al norte del departamento de La Paz, para realizar la audiencia de inspección ocular, la cual no pudo realizarse, debido a que no se trasladó hasta ese municipio al único detenido del caso, el joven tsimane Julio Lero.
El abogado de Lero, Gabriel Quiroga, lamentó que se haya convocado a esta audiencia, pero no se haya previsto trasladar a su defendido, quien mantiene una detención preventiva en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz. “Julio nunca se enteró que tenía que venir a esta inspección fiscal”, denunció el jurista.
El fiscal Sergio Usnayo, al constatar que Lero no estaba presente, determinó suspender la audiencia de inspección ocular. No obstante, continuó con su labor junto a la parte demandante sin el consentimiento de la contraparte, protestó Quiroga.
“Me llama la atención que luego de la suspensión; el fiscal, los policías y la parte de las víctimas y sus abogados, se subieron a un vehículo y se fueron a departir. Esto demuestra una parcialización del fiscal con la parte víctima”, denunció el abogado.
La inspección ocular debía realizarse en la comunidad de Torewa, ingresando al parque Madidi, donde el 11 de febrero de 2025, Francisco Marupa, un exdirigente del pueblo Leco, falleció por un golpe contuso en la cabeza. El hecho indignó a diferentes organizaciones indígenas. Tres días después del suceso, civiles entregaron a Julio Lero como el supuesto autor del crimen, incluso el entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en sus redes sociales lo inculpó sin una previa investigación del caso.
A siete meses del hecho, la defensa del joven tsimane denuncia que no hay una sola evidencia que demuestre que Lero es el culpable del crimen. En el cuaderno de investigaciones, al que accedió UNITAS, REPAM, CEJIS, la Pastoral – Reyes y la Pastoral Penitenciaria, se han evidenciado una serie de irregularidades en el proceso investigativo, como ser errores en la identidad y edad de Lero o la dilación en las pesquisas por el repetido cambio de fiscales.
