Los últimos días, los titulares de los medios de comunicación se han colmado de noticias relacionadas al “Caso Consorcio”, que trata de una investigación penal por presunto tráfico de influencias y «consorcio» entre operadores de justicia. El origen del caso es un fallo emitido por un juez de Coroico que buscaba la destitución irregular de la magistrada titular del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira. El objetivo era que su suplente, Iván Campero Villalba, asumiera el cargo.
La vulneración de la independencia judicial es el punto más crítico del caso, que expone una clara injerencia del poder político en las decisiones judiciales. Esto socava uno de los pilares fundamentales de la democracia: la separación de poderes y la independencia del Órgano Judicial para administrar justicia sin presiones externas. ¿Acaso no es pan de todos los días esta situación en Bolivia?, cuando se trata de mezclar los poderes del Estado para beneficiar de una u otra manera a unos cuantos, el gobierno del Movimiento al Socialismo podría tener el record, como ejemplos tenemos: El 21F, donde a pesar de un referéndum constitucional en el año 2016, que rechazó la reelección indefinida, el Tribunal Constitucional Plurinaciona emitió un fallo el 2017 habilitando a Evo Morales para postularse nuevamente, basándose en la aplicación preferente de derechos humanos sobre la Constitución, siendo este fallo una clara injerencia política en el TCP. Otro ejemplo: El caso de Eduardo Rózsa y su supuesto grupo terrorista (2009) que fue ampliamente criticado por la oposición y analistas por su falta de transparencia y las aparentes motivaciones políticas detrás de las acusaciones; varios implicados denunciaron torturas y montajes.
El último escándalo profundiza la ya precaria confianza ciudadana en el sistema judicial y, por extensión, en el gobierno. Cuando un exministro está implicado en una trama de manipulación judicial, la percepción es que la corrupción y el tráfico de influencias permean los más altos niveles del Estado. Esto debilita la legitimidad de las instituciones democráticas.
El término «consorcio» no es casual. Implica la existencia de una red organizada de individuos (jueces, abogados, funcionarios políticos) que colaboran para defraudar el sistema. Esto sugiere que no se trata de casos aislados de corrupción, sino de una estructura o «modus operandi» que permite el tráfico de influencias de manera sistemática; ¿eso no le recuerda a las roscas de instituciones de diferentes áreas que usted conoce estimado lector?, en las que el perteneciente a la rosca no hace algo precisamente malo, pero no denuncia algo irregular o hace de la vista gorda ante algo que perjudique los objetivos institucionales. O cuando aparece alguien no perteneciente a la rosca y los rosqueros son más papistas que el papa con requisitos y otras exigencias, pero cuando el que aparece es de esa rosca se buscan todas las formas de incluirlo en algún lugar de poder. Pasa en hospitales, colegios de profesionales, universidades, y cuanto quiera alguien imaginar como institución. Obviamente nunca es buena la generalización, porque en todas partes hay buenos y malos, y seguramente, hay también buenos abogados y jueces.
¿Cómo cambiar esta situación? Seguramente esta pregunta se hace en todas partes y la respuesta tiene que ver con aspectos éticos y morales de las personas. Hoy, con los avances de la tecnología, existen herramientas digitales útiles para eliminar estas turbias prácticas, lo que llevaría a tener puntualizados, en términos de hechos y de personas, actos corruptos.
Por los antecedentes históricos de los últimos 20 años, además de las múltiples crisis que estamos viviendo los bolivianos, ¿no será esta otra cortina de humo para distraer nuestra atención?. Todos estamos cansados de escuchar lo importante que es cambiar el sistema judicial, en tiempos electorales eso seguramente se expondrá con mayor énfasis en los debates, lo que queda claro es que quien asuma las riendas del país debe cambiar radicalmente la situación. Las formas seguramente las explicarán los expertos, pero es indispensable que exista la voluntad política para que los cambios sucedan. Hay esperanza de que esto sea así, y que los consorcios se vayan desvaneciendo como lo que sucede con el Movimiento al Socialismo.
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Cecilia Vargas es cirujana y docente universitaria
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