Candidatos a legisladores participaron del foro sobre justicia organizado por el movimiento de mujeres. Foto: Coordinadora de la Mujer
Durante un foro político organizado por diversas organizaciones de mujeres de la sociedad civil en la ciudad de Sucre, los y las candidatas asistentes polemizaron y discreparon sobre los cambios que deben realizarse a la 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
El foro, titulado “Transformando Bolivia: Justicia para una sociedad sin violencia”, se desarrolló el 17 de julio en el salón La Mansión, en presencia de una amplia representación de sociedad civil, entre ellas mujeres de base, juventudes, defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas y afrobolivianos, redes comunitarias y activistas de toda Bolivia, sobre todo del sur del país.
El candidato a senador Jaime Hurtado, de la alianza Unidad, propuso que la Ley 348 sea modificada “no para que el hombre no vaya a la cárcel, sino para que sea preventiva. Toda ley que combate algo tiene que tener un mecanismo preventivo. La Ley 348 penaliza, fácil es penalizar, porque es barato. ¿Saben qué se hace cuando se combate la violencia? Educación, y para combatir la pobreza, educación”.
Walter Pablo Arízaga Ruiz, candidato a senador por APB Súmate, apuntó hacia la necesidad de distinguir entre el sistema de justicia y la judicatura de Bolivia. “Ustedes saben que hay un problema con la especialidad de quienes aplican la Ley 348, tenemos fiscales y juzgados que no tienen especialidad en el área; lo segundo, tenemos que hablar de presupuestos, pero debemos saber de dónde van a salir, y esto nos lleva a hablar de pacto fiscal; y, tercero, la Ley 348, que es un instrumento valorable, hay que corregirla para su aplicación”, señaló.
La candidata a senadora por Libre, Tomasa Yarhui, enfatizó en la urgencia de efectivizar y profundizar la implementación de la Ley 348. Asimismo, anunció la creación de una “comisión, de una defensoría, que haga seguimiento a todos los casos de violencia contra las mujeres, asegurando que cada denuncia avance hasta llegar a sentencia y sanción”.
Raúl Huayta, candidato a diputado uninominal por Libertad y Progreso ADN, fue crítico a la Ley 348, al
señalar que “muchas mujeres, aprovechándose de esta ley, promueven denuncias falsas” por lo cual “requiere ser modificada”. Sus declaraciones fueron abucheadas por el público.
Para Corayma Tórrez, candidata a diputada plurinominal por el MAS IPSP, es fundamental hacer “una reestructuración o reforma (de la justicia) desde el origen, desde abajo, porque actualmente el sistema de justicia funciona como un sistema de protección de poder y de pactos que genera desconfianza (…) Proponemos que las unidades de transparencia judiciales dependan de un ente ajeno al sistema judicial”.
Jimena Villalta, candidata a senadora por Alianza Popular, afirmó que la transformación de la justicia en Bolivia requiere una mirada integral. “Debe ser impulsada desde una perspectiva plurinacional y comunitaria. Además, “las grandes transformaciones en la justicia se han dado de la mano de las mujeres y del movimiento de mujeres”, por lo que esta reforma debe tener “perspectiva de género y perspectiva feminista”.
“Más discursos menos propuestas”
Aunque coincidieron en que el sistema judicial boliviano necesita una transformación urgente, las seis candidaturas que participaron del foro político organizado por el Movimiento Juntas Hacemos Historia, en la ciudad de Sucre, evitaron presentar propuestas concretas para impulsar dicha transformación y para enfrentar la violencia estructural que viven las mujeres en el país, según una nota de prensa de la Coordinadora de la Mujer, en la que se afirma que “hubo más discursos que propuestas”.
Durante más de dos horas de exposición, las y los candidatos enfatizaron en la necesidad de que la justicia boliviana está en crisis y que se requiere una reforma integral que garantice la transparencia y la independencia judicial. También se refirieron al acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia. Sin embargo, sus intervenciones carecieron de mecanismos legislativos o acciones políticas claras para garantizar dicho acceso, señala el reporte.
Esta situación generó preocupación entre las organizaciones asistentes, quienes cuestionaron la repetición de diagnósticos ya conocidos y la ausencia de voluntad política real para transformar un sistema judicial que aún reproduce impunidad, revictimización y discriminación. Durante varios momentos del foro se escuchó corear “Más propuestas y menos discursos” en medio del público.
“Han hablado de las falencias que tiene la justicia, de la estructura del Poder Judicial, de la debida diligencia, de la perspectiva de género… Han hablado de transformación judicial, pero no mencionaron cómo lo van a hacer. ¿Lo harán desde lo económico? Nosotras, como sociedad civil, vamos a hacer un seguimiento el cumplimiento de lo que se han comprometido aquí, en caso de que sean gobierno”, afirmó Rosa Ribera, directora de Casa de la Mujer, a tiempo de hacer un balance del foro y dirigirse a las y los candidatos presentes.
Participaron tres mujeres y tres hombres postulantes a senadurías y diputaciones de distintas fuerzas políticas, aunque las nueve organizaciones políticas en carrera electoral fueron invitadas. La alianza La fuerza del Pueblo, Morena y Partido Demócrata Cristiano estuvieron ausentes.
Este foro es parte del ciclo nacional de encuentros organizados por el Movimiento Juntas Hacemos Historia, con el fin de promover un voto informado y exigir respuestas claras a las demandas de más de 1.500 mujeres que, en todo el país, construyeron de forma participativa la Agenda País “Por una Bolivia con Igualdad” desde la mirada de las mujeres. Esta agenda plantea propuestas estratégicas para combatir la desigualdad y erradicar la violencia contra las mujeres desde los territorios y los saberes de las propias mujeres bolivianas.
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