El problema del cáncer en el país y el drama que viven miles de bolivianos afectados por esta enfermedad del siglo XXI, tiene que ver con la profunda crisis del sistema de salud, en particular de la salud pública, y con la ausencia de una política nacional de salud integral, equitativa y universal que sea asumida como principal política de Estado y no están vinculados a medidas coyunturales y de emergencia.
Tampoco a construir establecimientos y compras de equipos, a eventuales propuestas de ley al respecto, a la mejora de la formación profesional de los médicos u otras acciones similares, porque todas estas son aisladas y paliativas.
Sobre todo, no son parte de un plan nacional contra el cáncer ‒a su vez integrado a una política nacional de salud que los articule a objetivos y metas comunes para combatir este mal‒ sostenible con el financiamiento del Estado y con la participación activa de la población a través de determinadas instancias.
Si bien el Plan Nacional de Prevención y Control del Cáncer fue anunciado a principios de 2017, hasta ahora no se tiene noticia alguna en cuanto a su implementación, financiamiento y resultados, de manera que no pasa de ser un resultado aislado y sólo en el papel.
El cáncer es un problema de salud pública que en los últimos ocho años aproximadamente mostró un preocupante incremento de casos.
Según el Programa de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, en el período 2011–2016 se registraron 93.282 casos de cáncer correspondiendo la mayoría a la población femenina (65,4%), lo que arrojaría un promedio anual de 18.656. Con base en este promedio, 14 personas con cáncer se habrían reportado cada día.
A su vez, un estudio inédito reveló que sólo en el período 1 de julio de 2016 al 31 de junio de 2017, se registraron 21.730 casos en todos los establecimientos de salud del país[1]. Un dato compartido en un foro realizado por Laboratorios Roche (20/07/18), alerta que uno de cada cinco bolivianos son candidatos potenciales para adquirir el cáncer.
En consecuencia, la declaración y la inacción oficiales rayan en la irresponsabilidad, y, sobre todo, en la vulneración flagrante del derecho a la salud de las personas con cáncer.
La crisis de la salud pública revela a un problema estructural cuyas causas tienen relación con el modelo económico vigente y con la forma de organización, gestión y financiamiento de los servicios de salud en el país que inciden en su fuerte deterioro de calidad.
También está vinculada a la concepción asistencialista y mercantilista predominante que traslada la responsabilidad de la prevención y del tratamiento médico al paciente, incluyendo por supuesto, el pago de los servicios de salud, que, en el caso de los enfermos con cáncer, representa elevadas sumas.
Desde la visión y drama de los pacientes con cáncer, la crisis de la salud pública devela asimismo grandes limitaciones materiales, económicas y de recursos humanos que se traducen en un lento e incierto diagnóstico, una precaria atención y un largo proceso de tratamiento que poco incide en el control del avance del cáncer.
Estas limitaciones provocan que las personas con cáncer o aquellas en fase de diagnóstico no cuenten con seguridad y confianza necesarias para iniciar un tratamiento que concluya en un resultado satisfactorio, además de desigualdad económica que diferencia a los enfermos:
Mientras unos pocos pueden acudir a establecimientos de salud privados nacionales y extranjeros ‒como los políticos de turno, empresarios, clase media adinerada y la pequeña burguesía empoderada−, gran parte de la población afectada de escasos recursos está resignada a acudir a los centros públicos y recibir deficiente atención como ocurre en el Hospital de Clínicas afectado, igualmente, por el cierre de la Unidad de Radioterapia, un delito de salud pública que a nadie se le ocurre sancionar.
En el caso del nosocomio mencionado, la crisis golpea más a las mujeres y a sus familias que deben sacrificar gran parte de su patrimonio para el tratamiento y buscar otras alternativas, lo mismo que a personas procedentes de otras ciudades que prácticamente se convierten en errantes, poniendo en serio riesgo no sólo sus recursos económicos, sino también sus predios y familias, y a los pacientes desempleados que por efecto de la enfermedad quedaron en esta situación y sufren discriminación laboral.
Es impactante saber de testimonios de mujeres con tratamiento de cáncer cérvico uterino o de mama (CEDLA 2018) que se vieron obligadas a trabajar y peregrinar en el mercado informal en busca de recursos para solventar los gastos médicos, cuando por prescripción médica deberían estar en reposo.
En el documento del CEDLA, todos los pacientes consultados coincidieron en demandar la urgencia de un seguro de salud gratuito, con carácter integral y financiado por el Estado.
Demanda absolutamente justificada por la crítica situación que viven los enfermos con cáncer, particularmente aquellos en situación de pobreza, y que va en consonancia con la propuesta ya común de avanzar hacia la implementación de un seguro universal de salud.
Pero cuando se habla de un seguro de carácter integral, los pacientes con cáncer del Hospital de Clínicas precisan que uno así no sirve sino incluye el acceso a medicamentos oncológicos y a todos los servicios de exámenes médicos (laboratorio, ecografía, tomografía y otros), elementos que en la situación actual encarecen el tratamiento y provocan que los pacientes abandonen la atención médica.
Así, la búsqueda de soluciones al problema del cáncer no va por proponer e implementar medidas aisladas y temporales, sino por encaminar esfuerzos decididos e integrales hacia la superación de la crisis del sistema de salud, y en este marco, al establecimiento de un seguro de salud para los enfermos con cáncer. Para estos grandes desafíos, se requiere de autoridades que asuman estos retos.
Bruno Rojas Callejas
Investigador del CEDLA
[1] Estos datos y otros que hablan de la dimensión que viene cobrando el cáncer figuran en el documento “Queremos vivir. Cáncer y la ausencia de políticas de salud pública” elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA, 2018).
