De Der. a Izq. Patricia Flores, Franco Albarracín, Jennifer Guachalla, Claudia Terán y Mila Reynolds. Foto: Sumando Voces
Durante la presentación del Informe sobre las libertades fundamentales y la institucionalidad democrática 2024, los panelistas invitados calificaron de “alarmante” el incremento de las vulneraciones y explicaron que obedece a un patrón de comportamiento del Estado.
El informe, que fue elaborado por el Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos de la red UNITAS, fue presentado este miércoles en La Paz, y los comentarios estuvieron a cargo de la directora de Planificación de la Defensoría del Pueblo, Jennifer Guachalla; el abogado especialista en derechos humanos, Franco Albarracín; y la presidenta del Círculo de Mujeres Periodistas, Patricia Flores.
El informe establece que en el 2024 se produjeron 915 casos de vulneraciones a las libertades fundamentales y a la institucionalidad democrática, cifra que representa un incremento del 19% respecto a 2023 y marca un promedio de 76 violaciones mensuales, o 2,5 diarias.
“Los datos que ustedes muestran son alarmantes, tener 915 vulneraciones me parece catastrófico, son datos que deberían preocuparnos”, expresó Albarracín, quien señaló que este comportamiento obedece a “un patrón de vulneración de derechos humanos” que también responde a un modelo de estado extractivista y funcional a la expoliación de la naturaleza.
Lamentó que hayan aumentado los casos de acoso político contra concejalas, los casos de corrupción y el hostigamiento a los periodistas, lo que muestra, en su criterio, una naturalización de las vulneraciones.
En la misma línea, Patricia Flores dijo que “los datos y las cifras son realmente alarmantes, nos están evidenciando que el deterioro de las libertades del estado de derecho responde a un patrón de comportamiento de las autoridades estatales”. En su criterio, el tensionamiento político puede acentuar las vulneraciones y dejar en la indefensión a la sociedad.
Se refirió al hostigamiento que sufren los periodistas en situación de conflicto y particularmente las mujeres periodistas, que no solo sufren violencia física y psicológica, sino también sexual, cuando los insultos hacen referencia a su condición de mujer. “Las que llevan la peor parte son las mujeres”, señaló.
Tomando en cuenta que la categoría que más ha subido es la de las vulneraciones a la institucionalidad, Jennifer Guachalla puso el foco en el Tribunal Constitucional que, luego de haber dejado en suspenso las elecciones judiciales, pone en riesgo también los demás procesos electorales.
En ese marco, abogó por una reforma judicial integral y, en particular, que abarque al Tribunal Constitucional.
El panel de comentaristas estuvo moderado por la directora ejecutiva de UNITAS, Mila Reynolds, y la coordinadora del programa Defensores y Defensoras de la misma institución, Claudia Terán.
Previamente, Reynolds destacó que el informe presenta, por primera vez, un análisis comparativo de los últimos cuatro años, introduce estándares internacionales en el análisis e incluye recomendaciones para el Estado y la sociedad civil.
En el caso del Estado, el informe hace recomendaciones para crear mecanismos, planes y programas destinados a generar un espacio propicio para el ejercicio de derechos y para disminuir la vulneración de las libertades.
Y en el caso de la sociedad civil, las recomendaciones están orientadas a la vigilancia y articulación con la finalidad de crear sinergias para contribuir en la vigencia de los derechos humanos.
“Creemos que el camino hacia un entorno más seguro y democrático debe construirse desde una lógica de corresponsabilidad, diálogo y articulación de actores de la sociedad boliviana”, dijo Reynolds durante la apertura del evento de presentación del informe.
En la ocasión también señaló que la categoría con la mayor cantidad de casos es la institucionalidad democrática, seguida de la libertad de prensa. “Estos datos no deberían entenderse como cifras, sino que reflejan una situación de contexto, en la que ejercer los derechos con libertad continúa siendo un desafío en nuestro país”, comentó.
Los datos del informe fueron presentados por Claudia Terán y la metodología estuvo a cargo de Rodolfo Huallpa, el encargado de hacer el monitoreo de las libertades y alimentar el Observatorio diariamente.
Tribunal Constitucional
Basada en encuestas, Jennyfer Guachalla señaló que existe una preocupación de la ciudadanía por la injerencia del Tribunal Constitucional en otros órganos en la medida en que se acercan las elecciones generales.
Invitó a reflexionar sobre la modalidad del control de constitucionalidad que existe en Bolivia, toda vez que “el diseño del TCP lo ha convertido, no en un organismo de justicia constitucional, sino en un tribunal ordinario de casos políticos”. Tal es así que “ha creado un precedente nefasto que pone en riesgo los futuros procesos electorales en el país” porque en las judiciales terminó por invadir competencias de otros órganos del Estado, mencionó.
“El TCP no es independiente y responde al poder de turno, sus funciones de proteger la Constitución, generan lo contrario, profundización de la crisis institucional y descrédito de la justicia”, alertó.
En concordancia con las recomendaciones del Informe presentado, dijo que se debe apostar por una una elección meritocrática, evitando la politización del proceso de selección de altas autoridades de la justicia.
“Un modelo funcional”
Franco Albarracín señaló que existe un contexto regional de vulneración de derechos y que “Bolivia está en esta tendencia”.
En su criterio, el informe muestra que no son casos aislados, sino que “forman parte de este Estado funcional a un extractivismo que busca principalmente, erosionar la institucionalidad democrática y los derechos humanos”, para beneficiar a capitales privados, cooperativistas y transnacionales.
Explicó que todo este sistema funcional controla el Órgano Judicial, el Ministerio Publico y las instituciones desconcentradas como el Sernap.
Periodistas en la precariedad
Patricia Flores dijo que estamos asistiendo a “un deterioro preocupante de la institucionalidad democrática y que esto ocurre ante la inacción del Órgano Judicial y sus instituciones.
Explicó que a la situación de estigmatización en la que se desempeñan los periodistas, se suma la situación de precariedad laboral en la que trabajan.
Dijo que si bien en años pasados las remuneraciones ya eran austeras, “en esta década han llegado a niveles alarmantes” porque los periodistas ya ni siquiera perciben el salario básico y los medios prefieren contratar trabajadores independientes.
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