Territorio de los pueblos indígenas en la mira de intermediarios de de los bonos de carbono. Foto: CEJIS
CEJIS
Las autoridades del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) rechazan y desconocen el convenio suscrito con la Fundación Federico Hecker, similar a los documentos promovidos por el grupo Kailasa, porque “otorga control total a la Fundación sobre los bonos de carbono, auditorías, comercialización y fiscalización”; y “compromete el 88,43% del territorio titulado del TIM II por 30 años, sin posibilidad de revisión ni decisión soberana”, según un pronunciamiento.
En esa manifestación, firmada este 21 de marzo, el directorio del Territorio Indígena Multiétnico II, titulado a favor de los pueblos Tacana, Kavineño y Ese Ejja, “rechaza y desconoce” un convenio firmado por autoridades Ese Ejja con la mencionada Fundación sin precisar la fecha de ese documento.
Lea el Pronunciamiento del TIM II
El TIM II se extiende entre los departamentos del Beni y Pando en una superficie de más de 407.585 hectáreas. En el territorio viven unos 3.574 habitantes en 36 comunidades: 29 comunidades Tacana, cuatro comunidades Ese Ejja y tres comunidades Kavineñas. Según la Constitución Política del Estado, la propiedad colectiva del territorio indígena es “indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria”.
El contrato con la Fundación Federico Hecker, dice el pronunciamiento del TIM II, “fue suscrito sin el consentimiento de las comunidades, con información incompleta, y en condiciones de desventaja y desprotección jurídica para las mujeres y hombres que habitan nuestro territorio”, dice el pronunciamiento.
A continuación, describen algunas de las características de su convenio:
- “Otorga control total a la Fundación sobre los bonos de carbono, auditorías, comercialización y fiscalización.
- Compromete el 88,43% del territorio titulado del TIM II por 30 años, sin posibilidad de revisión ni decisión soberana.
- Impone cargas económicas y fiscales a las comunidades (certificación, ejecución de proyectos, impuestos).
- Contiene cláusulas que criminalizan a la dirigencia indígena por ‘incumplimientos’ mientras que la empresa queda impune.
- Simula procesos de consulta al delegar a las dirigencias una función que corresponde exclusivamente al Estado”.
Además, el documento somete a las comunidades indígenas a tribunales de conciliación y arbitraje que se encuentran fuera de su jurisdicción. En el caso del convenio, se señala que, de existir controversias, estas se resolverán en un tribunal de conciliación y arbitraje en la ciudad de Cochabamba.
La denuncia aparece en el marco del escándalo del grupo Kailasa en el país, cuyos miembros firmaron contratos con organizaciones indígenas de tierras bajas para obtener en arrendamiento de miles de hectáreas de territorios indígenas en cada caso.
El director ejecutivo del CEJIS, Miguel Vargas, explica que el trasfondo de estos hechos es la apertura de la normativa boliviana, desde octubre de 2024, al mercado de bonos de carbono sin regulación para las empresas, entidades o personas que actúen en el país con ese fin.
En octubre de 2024 se emitió la Sentencia Constitucional 040 que califica como inconstitucional la no mercantilización de los servicios ecosistémicos de la naturaleza, y en ese mismo mes se emitió el Decreto Supremo 5264 que abre el país al financiamiento climático.
Esta normativa “abre la ventana a que empresas privadas, conocidas como desarrolladores o desarrolladoras, y piratas del carbono, ingresen al país sin ningún tipo de fiscalización o regularización y empiecen a realizar negociaciones directas con las comunidades indígenas”, dice Vargas.
Fundación Hecker
En su página web, la Fundación Federico Hecker, dirigida por Aimé Hecker Urresti, expone su “proyecto COP TIOC II” como una iniciativa que “se centra en el desarrollo sostenible en la región de Pando, abordando los desafíos urgentes del cambio climático y la deforestación”.
Como impacto de ese proyecto, muestran las siguientes cifras: 10.000 miembros de la comunidad apoyados; 50.000 hectáreas de selva tropical protegida; 100.000 créditos de carbono generados; 2.000 niños que reciben educación de calidad.
La Fundación Federico Hecker está vinculada a la empresa Hylea 1884 SRL y al Grupo Hylea SA, propiedad de la familia Hecker, dedicada al extracción y exportación de la castaña hace más de cien años en los departamentos de Beni y Pando. Peter Hecker fue senador titular del Beni en las elecciones de 1997 por la coalición ADN-NFR-PDC.
El deseado territorio indígena
La actuación de la Fundación Federico Hecker y la actuación el grupo Kailasa son parecidas respecto de la persuasión hacia las organizaciones indígenas, que tienen territorios titulados en la Amazonía del país, para firmar convenios de cesión de miles de hectáreas.
Otro rasgo similar es que han establecido acuerdos con pueblos en alta vulnerabilidad, como sucedió con el pueblo Ese Ejja que, al igual que otros 17 pueblos de tierras bajas, tiene una población reducida, no cuenta con servicios básicos, tiene sus derechos restringidos en educación y la salud, no recibe atención del Estado y sus instituciones, además de no acceder a territorio en la superficie que permitiría a sus comunidades garantizar su desarrollo social, económico y cultural.
Lea el pronunciamiento de la Capitanía Ese Ejja
Al respecto, la Capitanía Indígena de la Nación Ese Ejja (CINEEAB) se pronunció, este fin de semana, sobre lo que consideran un engaño de los miembros del “Estado ficticio de Kailasa”. “…Nuestra Nación fue sorprendida, presionada y manipulada por este grupo, que actuó de mala fe, presentándose con un discurso engañoso y confuso, aprovechándose de nuestra hospitalidad y buena fe como pueblo”, dice el pronunciamiento.
Los territorios indígenas contienen los bosques mejor conservados del país, y tienen un estatus de propiedad colectiva. Los territorios indígenas están reconocidos por la Constitución Política del Estado a partir de 1994, como resultado de décadas de lucha de las comunidades indígenas, aunque el hito más conocido es la Marcha por Territorio y Dignidad de 1990.
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