Un estudio elaborado por Educo y ChildFund, evidencia una realidad preocupante en Bolivia; más de dos millones de niñas, niños y adolescentes están creciendo en un entorno donde el acceso a la salud, la alimentación, el agua y la educación se ve deteriorado por los efectos del cambio climático.
Asimismo, identifica que las tierras bajas son una región devastada por sequías prolongadas, incendios forestales e inundaciones recurrentes que afectan la vida cotidiana de las familias, reflejado en 77 municipios altamente vulnerables en salud materno-infantil, 124 con carencias severas en agua y saneamiento, y 20 con inseguridad alimentaria.
A este panorama crítico, se suma la fusión y redistribución del Ministerio de Medio Ambiente y Agua con otras carteras del Órgano Ejecutivo mediante el Decreto Supremo 5488, por lo que las competencias ambientales pasaron al nuevo Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, mientras que las del agua se integraron al Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, reestructuración que generó interrogantes sobre la capacidad estatal para responder a las crisis que afectan directamente a la niñez y toda población vulnerable, por lo cual, esta redistribución exigirá claridad sobre cómo se garantizará la protección ambiental.
Al respecto, la reciente Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos refiere que el mundo vive una emergencia climática causada por la actividad humana, que viola derechos al ambiente sano y al recientemente reconocido derecho autónomo a un clima sano, entendido como un sistema climático libre de interferencias antropogénicas peligrosas.
Asimismo, se advierte que permitir un calentamiento global de 1,5 °C ya provoca afectaciones a las personas, por lo que conformarse con dicho límite puede resultar discriminatorio. En Bolivia, cuyo altiplano experimentó aumentos térmicos de hasta 2,5 °C, enfrenta un escenario donde la educación de miles de estudiantes se vuelve intermitente, precaria y condicionada al clima.
En ese sentido, la Corte IDH refiere que los Estados deben mitigar y prevenir el daño climático en función no solo de su contribución actual, sino también de su contribución histórica, su capacidad tecnológica, económica, y sus circunstancias particulares. Si bien Bolivia no es un gran emisor global, su vulnerabilidad lo obliga a actuar con mayor atención en adaptación, prevención y protección diferenciada de su población.
Lo cual es concordante con el estándar de debida diligencia reforzada, que exige a los Estados evaluar, regular y supervisar todas las actividades generadoras de gases de efecto invernadero, para determinar si una actividad tiene sentido frente a los compromisos climáticos y al deber de proteger a las poblaciones más afectadas, como los niños que habitan en regiones amazónicas y chaqueñas expuestas a incendios y destrucción de bosques.
Aunado a ello, al tratarse de niños y niñas, el Estado tiene la obligación de aplicar un enfoque de equidad intra e intergeneracional, que distribuye de manera justa las cargas de la emergencia climática; más aún en Bolivia, donde muchos niños, niñas y adolescentes viven situaciones que generan ecoansiedad. Por lo cual, corresponde al Estado adoptar políticas que sean capaces de construir ecoesperanza, garantizando a las generaciones presentes y futuras un entorno seguro y sostenible.
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Ana Valentina Rendón Vidales, es directora académica del Instituto Andino de Estudios Internacionales en Derecho.
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Ahora bien, la Corte IDH en el caso La Oroya vs Perú refirió que los Estados incurren en responsabilidad internacional cuando, pese a conocer la existencia de un riesgo grave, omiten adoptar medidas regulatorias, técnicas o de supervisión que resultan indispensables para resguardar los derechos de la población, por ejemplo, la ausencia de información accesible, la limitada participación pública y la demora prolongada en implementar regulaciones adecuadas profundizan la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas.
En definitiva, los estándares, recomendaciones internacionales y la evidencia científica, delinean obligaciones a los Estados, pero su aplicación también dependerá de su capacidad para articular políticas, pues mientras la protección ambiental no sea un eje estructural dentro del Gobierno, la crisis continuará avanzando, situando nuevamente a la niñez en el centro de las consecuencias de un deterioro climático que el Estado aún no logra enfrentar integralmente.
Ana Valentina Rendón Vidales,
Directora académica del Instituto Andino de Estudios Internacionales en Derecho.
