Cumbre Sur Global en Colombia. Foto Walter Limache
Líderes políticos, indígenas, científicos y jóvenes se dieron cita esta semana en Bogotá para participar en la V Cumbre Amazónica, un encuentro decisivo que busca consolidar una postura común frente a la crisis climática antes de la COP30, que se celebrará en noviembre en Belém, Brasil. A pesar de que se aprobaron una veintena de resoluciones para la protección de la biodiversidad, aún existen voces críticas al respecto.
La cumbre, encabezada por los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Luis Arce (Bolivia), evidenció una señal de debilidad política: de los ocho países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), solo tres mandatarios asistieron. Para movimientos sociales y organizaciones amazónicas, esta baja participación confirma la falta de voluntad política para encarar de manera seria la protección del bioma más grande del planeta.
En la reunión ministerial previa, los ocho países que integran la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) aprobaron 20 resoluciones para reforzar la cooperación regional. Entre ellas destacan la protección de la biodiversidad, la gestión integrada de cuencas hídricas, la participación de pueblos indígenas en la toma de decisiones y la creación de un mecanismo financiero propio. Además, se dio luz verde al lanzamiento del Mecanismo Amazónico de Pueblos Indígenas (MAPI), que formalizará la participación de estas comunidades en la OTCA.
Sin embargo, voces críticas advierten que la Declaración de Bogotá representa un retroceso respecto a la cumbre anterior, pues varios compromisos previos, como frenar la deforestación, reducir la dependencia de combustibles fósiles e incorporar un mecanismo de participación social, no se han cumplido ni incorporado
“La declaración tendrá un retroceso con respecto a la Declaración de la cumbre de Belem do Para de 2023 porque no se han cumplido o realizado varios compromisos como los vinculados a tener cero deforestación como un horizonte, no se establecen medidas a los combustibles fósiles, no se reconoce la incorporación de un mecanismo de participación social y otros”, expresó Walter Limache, representante de la Articulación FOSPA Bolivia, en contacto con Sumando Voces.
Asimismo, manifestó su preocupación porque no se tomó en cuenta ni se aceptó la incorporación de un mecanismo de participación social en la OTCA, que implique la incorporación social en las definiciones de las políticas públicas y el cuidado y preservación de la Amazonía. “Este punto era esencial de los Diálogos Amazónicos realizados previamente a la cumbre, por lo que existe desazón y enojo de los movimientos sociales y líderes de Brasil, Colombia, Bolivia, Venezuela, Perú, Ecuador, reunidos en Colombia”, añadió Limache.
Aun así, Limache valoró como un avance la inclusión del Mecanismo Amazónico de Pueblos Indígenas (MAPI), que formalizará la participación indígena dentro de la OTCA.
Por su parte, Brasil anunció que presentará en la COP30 el Fondo Bosques Tropicales Para Siempre (TFFF), un mecanismo de financiamiento público-privado que busca remunerar la conservación forestal y movilizar hasta 125.000 millones de dólares.
Las ministras Marina Silva (Brasil) e Irene Vélez (Colombia) insistieron en que las potencias cumplan sus compromisos financieros para la región. Vélez adelantó que Colombia llegará a Belém con tres pilares: justicia climática, social y ambiental. “Queremos que la Amazonía sea el primer bioma fuera de la frontera extractiva”, dijo.
Sin embargo, el encuentro no disipó las tensiones: organizaciones indígenas exigieron declarar la Amazonía como zona libre de combustibles fósiles y denunciaron la expansión petrolera en territorios de pueblos en aislamiento voluntario.
Mientras tanto, el informe Amazonía en disputa, que fue presentado esta semana por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, advierte que al menos 17 grupos armados ilegales operan en el 70 % de los municipios amazónicos, lo que agrava el riesgo de que la selva llegue al temido “punto de no retorno”.
La Declaración de Bogotá, que se consolidará al cierre de la cumbre, será la base para la postura regional en la COP30, en un contexto en el que movimientos sociales reclaman que la Amazonía no puede seguir siendo negociada a espaldas de quienes la habitan.
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