Valentin Cruz Indígena de Totora Potosí. Foto: SumandoVoces
Valentín Cruz Chambi es del municipio de Cotagaita, del departamento de Potosí, y representa a los ayllus de Totora. Su voz transmite firmeza cuando habla del camino que han emprendido desde hace cinco años para convertirse en una autonomía indígena originaria. “No es un trámite (que se hace) de la noche a la mañana”, advierte. El proceso es largo, burocrático y exige cumplir múltiples requisitos ante el Estado, pero la determinación de su pueblo no ha flaqueado.
Totora está compuesta por cuatro ayllus y 15 comunidades, que reúnen a más de 4.700 personas, según el último censo. Desde el 31 de julio de 2020, iniciaron formalmente el proceso para constituirse en autonomía indígena. Una de las condiciones clave para avanzar fue la elaboración del Plan de Gestión Territorial Indígena (PGTI), un documento de planificación que tiene vigencia de cuatro años y que se logró concretar gracias a los recursos y al apoyo conjunto de la Red UNITAS, la organización no gubernamental ISALP y las propias comunidades.
La Red UNITAS, a través del Fondo de Pequeños Proyectos financiado por Pan Para el Mundo e ISALP, junto con el aporte de las propias comunidades, destinó recursos para apoyar el proceso administrativo que busca convertir a los ayllus de Totora en una autonomía indígena.
Actualmente, se encuentran en la fase de elaboración del Estatuto Autonómico, una etapa crucial en la que se definen la estructura de gobierno, el tiempo de mandato de sus autoridades y las reglas que regirán el autogobierno. “Estamos discutiendo si el periodo será de uno, dos o cinco años. Esa decisión es de las bases”, explica Cruz, quien funge como presidente del Comité Impulsor de la Autonomía de Totora. Una vez concluido, el Estatuto deberá ser revisado por el Tribunal Constitucional y posteriormente aprobado por un cabildo magno, la instancia máxima de decisión comunitaria.
El proceso ha implicado superar etapas previas como la conversión a Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC), obtener el certificado de territorio ancestral y realizar la consulta interna con normas y procedimientos propios. A pesar de la carga burocrática, Cruz señala que han logrado avanzar sin perder el rumbo.
Uno de los objetivos principales de alcanzar la autonomía es poder gestionar directamente proyectos y recursos ante el Estado, sin depender del gobierno municipal. “Queremos hacer convenios directamente con el Estado y con otras instituciones para el desarrollo de nuestros ayllus”, sostiene. Hoy, cualquier trámite o proyecto debe pasar por la alcaldía de Cotagaita, lo que limita su capacidad de acción.
Pero más allá de lo administrativo, la autonomía también tiene un fuerte componente cultural. Para Cruz y su comunidad, representa la oportunidad de revalorizar su identidad, sus usos y costumbres, que sienten amenazados por el tiempo y la centralización del poder. “Hoy por hoy ya estamos revalorizando nuestra cultura, pero con la autonomía vamos a fortalecer aún más nuestros usos y costumbres”, afirma con orgullo.
Los días 25 y 26 de junio, en Sucre, Valentín Cruz participó del Encuentro de Intercambio de Proyectos FPP 2022 – 2025 organizado por la Red UNITAS, donde participaron casi 60 representantes de distintos proyectos financiados por el Fondo de Pequeños Proyectos (FPP) de Pan Para el Mundo.
La experiencia de los ayllus de Totora refleja el esfuerzo de muchas naciones y pueblos indígenas en Bolivia que apuestan por un modelo de gobierno propio, basado en su identidad y visión territorial. Es un proceso complejo, muchas veces invisibilizado, pero que representa una apuesta concreta por la autodeterminación.
Aunque todavía falta culminar varias etapas para que se consolide oficialmente su autonomía, el proceso de Totora ya ha generado un impacto profundo en su gente. La elaboración colectiva del Estatuto, la recuperación de saberes ancestrales y el debate abierto sobre el gobierno propio son pasos que ya transforman su cotidianidad.
“Con autonomía vamos a poder decidir por nosotros mismos”, resume Cruz. Lo que está en juego no es solo la gestión de recursos, sino el derecho a vivir bajo sus propias reglas, con dignidad y sin intermediarios.
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