Bolivia cuenta actualmente con ocho Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos (GAIOC) constituidos, tanto en tierras bajas como en tierras altas. Algunos se conformaron a partir de sus territorios ancestralmente habitados, como Raqaypampa, Jatun Ayllu Yura y el Territorio Indígena Multiétnico (TIM); mientras que otros surgieron como resultado de la conversión de municipios a autonomías indígenas, como Charagua Iyambae, Keremba Iyaambae, Salinas, Uru Chipaya y Huacaya.
A esta lista debe sumarse el proceso de autonomía de base territorial de Challa, en Cochabamba, que el pasado 23 de octubre logró la aprobación en la Cámara de Senadores de la Ley de Creación de la Unidad Territorial. Dicha norma fue remitida el 29 de octubre a la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación final. Actualmente, existen alrededor de veinte procesos de demanda y acceso a la autonomía en el país, entre ellos se encuentran Lomerío, Cavineño, Tarabuco y Jatun Ayllu Kirkiawi, a los que podría añadirse el del pueblo Chiman o Tsimane’, que busca iniciar su propio proceso de demanda y acceso.
Conviene mencionar que los pasos para acceder a la autonomía indígena —ya sea por conversión municipal o por la vía territorial (TIOC)— son extensos y complejos. La primera modalidad comprende ocho etapas y la segunda nueve, ambas deben atravesar los cuatro órganos del Estado (incluido el Electoral). Esta situación ralentiza los procesos, convirtiéndolos en una maraña burocrática y procedimental. Un ejemplo emblemático es el caso de Lomerío, cuyo proceso de demanda y acceso a la autonomía lleva más de quince años en curso.
Con la asunción del nuevo gobierno, se vislumbra un escenario poco favorable para las autonomías indígenas, considerando el perfil político y el discurso sobre todo del presidente y en parte del vicepresidente: Rodrigo Paz y Edmand Lara. El primero no se muestra cómodo con la simbología de lo plurinacional —por ejemplo, con emblemas como la Wiphala— y, en su discurso de posesión, planteó una propuesta más orientada hacia las regiones dentro del marco de la descentralización política. Además, para satisfacer a determinados actores de Santa Cruz, propuso la posibilidad de avanzar hacia un modelo federal. En este punto, no resulta claro cuál sería el papel de las GAIOC dentro de un eventual Estado federal, lo que podría abrir la puerta no solo a una reforma parcial de la Constitución, sino incluso a una Asamblea Constituyente para redefinir la estructura estatal, con el riesgo de restar competencias esenciales y el carácter político a las autonomías indígenas.
Por su parte, Edmand Lara, aunque se identifica con lo popular y de una mejor manera con lo plurinacional —como lo reflejaron su discurso y el medallón que utilizó durante su posesión como vicepresidente—, demuestra un conocimiento limitado del mundo indígena. Esto se evidenció durante el debate vicepresidencial, cuando preguntó a Juan Pablo Velasco cuántos pueblos indígenas existen en Bolivia según la Constitución. Velasco respondió que serían treinta y seis pueblos y naciones, y Lara asintió ante la respuesta como si fuera correcta, pese a que en realidad en Bolivia existen más de 55 pueblos indígenas, tanto de tierras altas como de tierras bajas.
Del mismo modo, al analizar la composición y el perfil del actual gabinete del Ejecutivo, se observa que la mayoría de sus integrantes desconocen la realidad indígena y los procesos autonómicos, respondiendo más bien a los intereses del sector agropecuario y ganadero. Por ejemplo, el ministro de Desarrollo Productivo, Economía Plural y Medio Ambiente y Agua, Óscar Mario Justiniano, fue presidente de la CAO; mientras que el ministro de Planificación, Fernando Romero, también mantiene vínculos con dicho sector. La mayoría de los ministros gozan de la plena confianza del presidente, con excepción del ministro de Justicia, Freddy Alejandro Vidovich, quien estaría más cercano al vicepresidente, y del ministro de Trabajo, Edgar Morales, que mantiene cierta relación con sectores y organizaciones sociales.
Asimismo, el Viceministerio de Autonomías, que anteriormente dependía del Ministerio de la Presidencia, está actualmente a cargo de José Luis Lupo, ex candidato a la vicepresidencia por Unidad. Cabe preguntarse si cuenta con la experiencia o el conocimiento necesario sobre las autonomías indígenas.
Según declaraciones del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, los quince ministerios actuales podrían reducirse a trece como parte de un proceso de racionalización del aparato estatal. En ese contexto, el Viceministerio de Autonomías podría degradarse a una dirección, lo que dificultaría la atención de los procesos autonómicos indígenas, entre otros temas. En todo caso, habrá que esperar la promulgación de la nueva Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), que definirá la estructura y funciones de los ministerios de Estado.
Por otro lado, el panorama legislativo tampoco resulta alentador. La correlación de fuerzas en el Parlamento —tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados— muestra que las principales agrupaciones políticas (PDC, Libres, Unidad y APB-Súmate) no incluyeron en sus programas de gobierno un posicionamiento favorable hacia los territorios indígenas, el fortalecimiento del carácter plurinacional del Estado ni el avance de las autonomías indígenas. En este sentido, el Órgano Legislativo podría obstaculizar la aprobación de la Ley de Creación de la Unidad Territorial (CUT) correspondiente al proceso autonómico del pueblo Cavineño.
Asimismo, los procesos de demanda y acceso a las autonomías indígenas dependen —y seguirán dependiendo— del funcionamiento del Órgano Judicial, encargado de verificar la constitucionalidad de los estatutos autonómicos. Cabe recordar que, en las elecciones judiciales de diciembre de 2024, solo se logró designar a 19 de los 26 magistrados (entre titulares y suplentes), mientras que varias magistraturas quedaron vacantes debido a que sus procesos fueron declarados desiertos o suspendidos por decisiones judiciales.
De igual manera, el avance de los procesos autonómicos dependerá de la conformación del próximo Tribunal Supremo Electoral (TSE), que deberá renovarse próximamente y es la instancia encargada de administrar y acompañar los procesos de consulta y aprobación de los estatutos autonómicos. Por ejemplo, para destrabar el punto muerto del proceso de autonomía de Lomerío, será clave el papel de los nuevos técnicos del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE).
Finalmente, el avance y la consolidación de las autonomías indígenas también dependerá del apoyo o de los obstáculos que generen los gobiernos subnacionales, especialmente los gobiernos municipales donde se desarrollan los procesos de demanda autonómica. Un ejemplo claro es el de Lomerío, donde el gobierno municipal de San Antonio de Lomerío se constituye en el principal actor político que pone trabas al proceso de acceso impulsado por la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL). En este contexto, los nuevos actores políticos que resulten electos en las elecciones subnacionales de 2026 redefinirán la correlación de fuerzas locales para los próximos cinco años. Dichos actores podrían convertirse en contrapesos frente al gobierno central o, por el contrario, en parte de la consolidación de su poder.
En última instancia, el futuro del acceso a las autonomías indígenas en el país dependerá de la fortaleza, cohesión y convicción de los liderazgos orgánicos que impulsan las demandas y procesos autonómicos en los distintos territorios del país, así como del rol de las instancias de representación de los pueblos indígenas, como la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) o la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena Originario Campesinas (CONAIOC).
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Juan Pablo Marca es politólogo e investigador social del CEJIS.
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