Como se puede observar muchos periodistas cubrieron la toma militar, que ocurrió a plena luz del día. Foto. ABI
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechazan “el plan del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, de citar a los periodistas que cubrieron los eventos del 26 de junio pasado en los alrededores de la plaza Murillo para que brinden mayores detalles de su cobertura informativa al respecto”, según un comunicado de esas instituciones.
“Consideramos que la convocatoria del Ministerio de Gobierno a un “desayuno trabajo” y ‘conferencia de prensa’ para este 19/07/2024 en el que expresamente pide ‘asistir a los periodistas que estuvieron el día 26 de junio en plaza Murillo (…) cuando el general Zúñiga se encontraba irrumpiendo en Palacio Quemado’ representa una restricción a la libertad de expresión, de prensa y al derecho de la sociedad a recibir información”, señalan los gremios periodísticos.
El 26 de junio, el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, lideró la toma militar de la plaza Murillo, un acto que el gobierno calificó de «golpe de estado fallido», mientras que la oposición y líderes de opinión etiquetaron como «intento de autogolpe».
Las entidades recuerdan que el trabajo de los periodistas es público, y respecto a este preciso evento, se refleja en cientos de videos, despachos de radio, transmisiones en vivo y publicaciones de medios impresos y portales digitales. “Por ello, el ministro de Gobierno no tiene más que recurrir a los sistemas de monitoreo y de seguimiento que tiene activados, para ver qué informaron los periodistas ese 26 de junio o cualquier otro día. Los periodistas no ocultan información, más bien la dan a conocer”, indican.
Las organizaciones advierten que convocar a los periodistas que estuvieron en la plaza Murillo la fecha señalada “podría convertirlos en testigos obligados para respaldar, directa o indirectamente, la narrativa del Gobierno respecto a la acción militar de ese día. Posteriormente, implicaría la solicitud de revelar información confidencial obtenida en la cobertura periodística respecto al caso”.
Los periodistas recuerdan que la Corte IDH ha establecido que la libertad de expresión es piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática y es indispensable para la formación de la opinión pública y, asimismo, comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.
En consecuencia, dicen las entidades gremiales, los periodistas no deben ser condicionados por ningún poder fáctico o legal con intereses definidos y predeterminados y deben realizar su labor informativa en libertad y en función del interés general.
“Las coberturas predefinidas condicionan al periodista y tienen el objetivo de modelar la opinión pública en favor, en este caso, de la versión del gobierno de Luis Arce sobre la acción militar del 26 de junio del presente”, indican.
Por tanto, las organizaciones exigen que se respete el derecho de los medios de comunicación de elegir a qué periodista envían a cubrir determinados hechos o ruedas de prensa, según su agenda propia y el interés general y no bajo ningún tipo de condicionamiento.
“Rechazamos la convocatoria del Ministerio de Gobierno porque conlleva una clara intención de poner a los periodistas a su servicio y evitar que cumplan con su rol vigilante de la gestión pública y convocamos a las y los colegas periodistas a cumplir estrictamente el Código de Ética y los principios de autorregulación que rigen el trabajo periodístico por mandato constitucional frente a cualquier intento de amedrentamiento y vulneración de la libertad de prensa”, concluyen las organzaciones.
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