Marcha Quilaco – Central Hidroeléctrica Rucalhue (Chile). Foto: Semillas de Lirken
En el marco del 4º Examen Periódico Universal (EPU) sobre derechos humanos ante la ONU, China aceptó 10 recomendaciones de otros países para que sus inversiones en el resto del mundo respeten los derechos humanos y el derecho al medio ambiente sano, lo que implica “un reconocimiento de los problemas sociales y ambientales asociados a sus inversiones en América Latina”, según un boletín de prensa del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), que es una articulación de organizaciones de la sociedad civil de la región.
“En la sesión del EPU de China desarrollada en enero de 2024, 161 Estados elevaron 428 recomendaciones al Estado chino para mejorar su desempeño en derechos humanos. El 31 de mayo del presente año, China dio a conocer sus compromisos voluntarios en este EPU, aceptando 10 de las once recomendaciones que recibió sobre sus actividades empresariales en el extranjero, el medio ambiente y los derechos humanos”, indica la publicación de CICDHA.
Por ejemplo, China acetó las recomendaciones de Costa Rica y Portugal sobre la necesidad de incorporar el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible en su legislación.
Chile y España recomendaron a China que garantice un entorno seguro para las personas defensoras de derechos humanos, mientras que México, Ecuador, Perú Camerún recomendaron que tome medidas para asegurar que sus empresas e instituciones financieras respeten los derechos humanos en el extranjero.
El hecho de que haya aceptado las recomendaciones, “subraya la voluntad de China de abordar estas problemáticas, pero también valida las preocupaciones de las comunidades afectadas y las organizaciones de la sociedad civil de América Latina que desde el 2018, en el 3er EPU de China, han señalado en el seno de la ONU los impactos negativos de las inversiones chinas en la región”, indica la nota de CICDHA, que es una de las organizaciones de la sociedad civil que aportó informes al 4to EPU de China.
Uno de esos informes, de noviembre de 2023, encontró que 10 de 28 proyectos de empresas chinas en la región carecían de evaluaciones ambientales completas y acuciosas.
El boletín de CICDHA reporta que en Perú, por ejemplo, 11 defensores y defensoras de derechos humanos de la provincia de Catabambas que participaron de movilizaciones el año 2015 contra el proyecto Las Bambas enfrentan un proceso judicial y una posible pena de más de ocho años de cárcel.
Otro caso que es reflejado por el reporte de CICDHA es el de la comunidad amazónica Cordillera del Condor Mirador y el pueblo Shuar Arutam en el proyecto Mirador de Ecuador. “Allí no se realizó una consulta previa, libre e informada de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT sino que se limitaron a realizar mecanismos de socialización de información, pero las comunidades nunca entregaron su consentimiento previo al proyecto”, indica el boletín.
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