La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) exigió, mediante un pronunciamiento, el respeto irrestricto al Estado de derecho y denunció la creciente criminalización de defensores de derechos humanos en el país. El documento, firmado por sus principales representantes, advierte sobre los riesgos para la democracia en un contexto de crisis económica y autoritarismo gubernamental.
La APDHB reiteró que el respeto a la democracia y al Estado constitucional de derecho son pilares fundamentales para garantizar los derechos humanos. Cualquier intento por debilitar el sistema democrático, incluyendo acciones paraestatales o el uso arbitrario del poder, fue categóricamente condenado.
“Condenamos categóricamente cualquier acción paraestatal que atente contra el orden democrático y las libertades civiles, incluyendo el uso arbitrario del poder por parte de los organismos estatales, la criminalización de la crítica social al gobierno y la negación de los Derechos políticos y civiles para buscar alternativas de cambio político y social”, se lee en el pronunciamiento de la Asamblea.
El pronunciamiento señala que organismos estatales están criminalizando la crítica social y negando derechos políticos y civiles, lo que deslegitima al gobierno y cierra espacios para cambios políticos pacíficos. Además, destaca cómo la crisis económica agrava la vulneración de derechos básicos como el acceso a medios de subsistencia.
APDHB enfatizó el papel crucial de los defensores de derechos humanos en denunciar violaciones al debido proceso y actos de corrupción. Sin embargo, estos “enfrentan amenazas, represalias y abusos de poder, en un clima de creciente autoritarismo”.
Exige al gobierno cumplir con los tratados internacionales ratificados, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También menciona alertas de la CIDH y la ONU sobre la criminalización de defensores.
La APDHB instó a las autoridades a cesar los actos de intimidación y persecución contra defensores, y pidió a la comunidad internacional y a la sociedad civil alzar la voz en su protección.
“Defender los derechos humanos no es un delito, es un compromiso con la humanidad”, subrayó la APDHB.
El documento fue suscrito por los principales representantes de la APDHB como Yolanda Herrera Hoyos, vicepresidenta; Wilfredo Pomar Miranda, Relaciones Internacionales; y, representantes de las asambleas departamentales de Beni, La Paz, Chuquisaca, Oruro y Santa Cruz.
El pronunciamiento se enmarca en un escenario de aguda crisis económica y descontento social, donde las libertades democráticas y el acceso a la justicia están en riesgo. La APDHB alertó que estas condiciones favorecen la represión gubernamental.
Organismos como la CIDH y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU han expresado preocupación por la situación en Bolivia, destacando la necesidad de proteger a quienes defienden los derechos fundamentales.
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