Foto referencial de la ganadería. Crédito: CIPCA
Un análisis publicado por el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) establece que la producción de carne de Bolivia no cubre la totalidad de la demanda interna y las exportaciones, por lo que el 2023 se tuvo que importar el producto para abastecer el mercado interno, lo que puede estar encareciendo su precio.
La producción de carne, además, está generando una acelerada deforestación, al punto que tres de cada cuatro hectáreas de la Amazonía se destinan a la ganadería, señala el análisis citando como fuente al RAISG.
El análisis, que está firmado por Cecilia Peñaranda del Carpio, de la oficina nacional del CIPCA, señala que en la última década, Bolivia se ha convertido en un actor emergente del mercado global de carne, con exportaciones que crecen a un ritmo de 46,9% anual, entre 2017 y 2024, lo que elevó los ingresos por ventas externas a $us 220 millones en 2024.
“Sin embargo, este aparente éxito es engañoso”, dice Peñaranda y explica que el consumo interno es de 260 mil toneladas (21 y 23 kilos per cápita) y la exportación del 2024 fue de 41.745 toneladas, haciendo un total de 301.745 toneladas requeridas para cubrir ambas demandas, sin embargo, la producción nacional está en 274.900 toneladas.
“Esta diferencia en la producción y demanda interna, posiblemente redujo la disponibilidad de carne para el mercado local, encareciéndola hasta obligar al país a importar 273 toneladas en 2023, año en el que el 35% de la producción total se exportó”, señala el artículo publicado en el sitio web de CIPCA.
La especialista agrega que “la paradoja es evidente: un sector que genera divisas estrangula el acceso a un alimento básico para los más vulnerables”.
“Lo que antes alcanzaba para comprar un kilo de carne, ahora solo alcanza para medio. Este fenómeno, repetido en mercados y mesas bolivianas, refleja una crisis que va más allá de la inflación general”, comenta Peñaranda.
Exportación de carne en toneladas
La Confederación de Ganaderos de Bolivia (CONGABOL) atribuyó el alza de precios a dos factores clave: el incremento en el costo de los suplementos alimenticios, que se duplicó en los últimos meses, y el impacto del contrabando. No obstante, el Gobierno respondió con un veto temporal a las exportaciones, una medida polémica que reavivó el debate sobre los volúmenes de producción, el abastecimiento interno y las posibilidades de exportación.
Peñaranda agrega que las ganancias del negocio se concentran en pocas manos. “En Santa Cruz y Beni, la frontera agropecuaria avanza a ritmo acelerado, desplazando a comunidades indígenas y destruyendo medios de vida ancestrales. Las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), tituladas tras décadas de lucha, ahora son cercadas por ganaderos y soyeros que buscan expandir sus operaciones”, explica.
La deforestación
La autora del artículo señala que detrás del “éxito exportador se esconde una de las tasas de deforestación más altas de Sudamérica. Entre los años 1986 y 2019, 6,9 millones de hectáreas de bosque, un área equivalente a Irlanda, fueron convertidas en pastizales y monocultivos de soja (Méndez, 2021). De acuerdo a la RAISG (Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada) 3 de 4 hectáreas de la amazonia se destinan a la ganadería”.
A este panorama se suma el desastre ambiental del 2024, cuando los incendios arrasaron 14 millones de hectáreas, un récord histórico.
La autora recuerda que la Agenda Patriótica 2025, impulsada por el gobierno, pretende triplicar el hato ganadero hasta alcanzar 22 millones de vacas, cuyos instrumentos son la Ley 741 (2015) y el Decreto 3973 (2019), que permiten realizar desmontes en áreas forestales y amnistías para las deforestaciones ilegales.
Y, en ese contexto, la oposición puso en consideración de la Cámara de Senadores un Proyecto de Ley para paralizar la verificación de la Función Económica y Social y la Función Social, así como anular multas y sanciones por quemas ilegales, “medidas que podrían favorecer la destrucción de territorios indígenas, la degradación de ecosistemas y la expansión de la frontera agrícola”, señala la especialista.
Consecuente con esa línea de acción, “el Estado subsidia el diésel, lo que reduce artificialmente los costos de transporte y maquinaria para los grandes ganaderos” añade.
“Bolivia no exporta carne: exporta suelo fértil, agua y futuro. La solución no es ajustar precios, sino desmantelar un esquema que convierte alimentos en lujo y bosques en ceniza. Urge una ganadería que priorice mercados locales sobre demandas extranjeras, reemplace desmontes con manejo sostenible del medioambiente y beneficie a pequeños productores”, concluye señalando Peñaranda.
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