Dos ríos contaminados en Viacha y, de fondo, la planta de cemento. Foto: Carlos Quisbert / Visión 360.
Rodolfo Huallpa, Boletín Alerta Común
Autoridades originarias y líderes comunitarios del municipio de Viacha, en el departamento de La Paz, que defienden sus tierras de la contaminación minera, han denunciado estar sufriendo un hostigamiento constante, incluyendo amenazas de muerte y difamaciones, por la defensa que han emprendido de su territorio.
Juan Pablo Yujra, presidente del Organismo de Gestión de Cuenca (OGC) de la Microcuenca Pallina en Viacha, que representa a nueve comunidades, ha sido uno de los principales blancos de estas arremetidas, que se han efectivizado a través de llamadas telefónicas anónimas y actos de intimidación cerca a su domicilio.
En entrevista con el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, Yujra relató un incidente ocurrido el pasado 18 de mayo, cuando dos individuos encapuchados en una motocicleta se acercaron a él y a su esposa, cerca de su domicilio, y gritaron su nombre. Uno de ellos exhibió una pistola y ambos tuvieron que cerrar la puerta de su casa para protegerse.
Días antes, su esposa había recibido una llamada anónima con amenazas explícitas: «Te vamos a violar, te vamos a matar, dile al Juan Pablo que se separe, dile que dé un paso al costado, que ya no sea presidente», relató Yujra, quien precisó que la llamada dejó a su esposa en estado de shock. Al día siguiente, Yujra recibió una amenaza similar por teléfono: «Juan Pablo, si no das paso al costado tienes tu familia, te vamos a matar, te vamos a enterrar bajo tierra», le dijeron.
Según Yujra no sólo él, sino también el vicepresidente de la OGC de la Microcuenca Pallina, Alex Callisaya, ha sufrido este tipo de amenazas.
A ellos dos se suma la autoridad del Consejo de Justicia de la comunidad de Sekejahuira de Viacha, Pastor Carvajal, quien fue al Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, que se realizó entre el 21 de abril y el 2 de mayo en Estados Unidos, para denunciar la contaminación de ríos y reservorios de agua por 23 empresas mineras que operan en medio de irregularidades en Viacha. Luego de su participación, Carvajal fue amenazado verbalmente por el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Lucio Quispe, que se encontraba también en el lugar.
Carvajal fue amedrentado por llevar su traje tradicional y por mostrar la bandera de Bolivia durante su intervención ante la sesión plenaria del Foro Permanente. “No me amenazaron en Viacha, más bien en el mismo foro me vinieron a amenazar para que no hable de mi comunidad, por lo que denunciamos contra el Ministerio de Medio Ambiente, (…) pero yo no tengo miedo, vamos a seguir con las denuncias. Yo le dije al señor Lucio Quispe, que no me puede pedir que me calle lo que pasa en mi comunidad, él no sabe lo que nosotros vivimos por esta contaminación minera”, afirmó Carvajal al medio digital Visión 360.
Además de estas amenazas directas, Yujra y otros defensores de Viacha han sido objeto de una campaña de difamación, principalmente a través de redes sociales y páginas de Facebook que publican contenido destinado a desprestigiar a los líderes, acusándolos de recibir dinero de las empresas mineras o de cometer actos de corrupción, señalamientos que ellos niegan.
Yujra encabeza el OGC de la Microcuenca Pallina, una organización que representa a nueve comunidades de Viacha: Contorno Pallcoso, Contorno Bajo, Ch’alla Jahuira, Granja Convento, Mamani, Pallina Grande, Pallina Centro, Pallina Chico y Seque Jahuira. La organización obtuvo su personalidad jurídica en 2022 y ha estado trabajando activamente para denunciar la grave contaminación que afecta el río Pallina, también conocido como Seke Jahuira.
La principal preocupación de la OGC Pallina es la contaminación por cianuro y otros metales pesados provenientes de las operaciones mineras en Viacha. Yujra explicó que la lucha inicial se centró en la basura, pero estudios posteriores revelaron la magnitud de la contaminación minera, que afecta no sólo el río sino también las fuentes de agua subterránea de las que dependen las comunidades para consumo humano y animal.
En agosto de 2024, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento y la Alcaldía de Viacha confirmaron el derrame de cianuro en uno de los acuíferos en ese municipio, en una zona donde operan 23 empresas mineras que no cuentan con licencia ambiental ni de funcionamiento. Además, se identicó la acumulación de residuos tóxicos que son abandonados cerca de los reservorios de agua y los caminos comunales.
Estudios de la Universidad Mayor de San Andrés y de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Viacha han confirmado la presencia de cianuro, zinc, cadmio, ácido sulfúrico, mercurio y plomo en el agua y la tierra, haciendo insostenible la vida en la zona y causando la muerte y enfermedades en el ganado. Las empresas mineras, muchas de las cuales operan sin licencia ambiental ni de funcionamiento, acumulan residuos tóxicos al aire libre, sobre caminos comunales y cerca de los pozos de agua.
Aunque la Alcaldía clausuró administrativamente 12 empresas entre abril y septiembre de 2024, los comunarios denuncian que estas continúan operando, a puertas cerradas o de noche. Una comisión interinstitucional, con participación de la Defensoría del Pueblo, ministerios y gobiernos subnacionales, ha iniciado inspecciones, pero los comunarios afectados denuncian haber sido marginados de estas reuniones y procesos técnicos.
Análisis del Programa Defensores de UNITAS
Los defensores y defensoras del medio ambiente desempeñan un papel vital en la protección de los territorios y los derechos humanos, especialmente en contextos donde la presión sobre estos territorios aumenta debido a intereses extractivos y políticas poco sostenibles. Su labor contribuye a preservar la biodiversidad y los modos de vida vinculados a la naturaleza, en particular de los pueblos indígenas y comunidades locales. El Estado tiene el deber ineludible de garantizar la protección efectiva de quienes defienden el medio ambiente, reconociendo su rol legítimo y adoptando medidas para prevenir y sancionar cualquier acto que los ponga en riesgo.
El Estado boliviano ha recibido diversas recomendaciones en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) y de mecanismos especiales de Naciones Unidas para adoptar medidas concretas de protección a personas defensoras de derechos humanos, con especial énfasis en quienes defienden el medio ambiente. Estas recomendaciones subrayan la necesidad de crear un mecanismo integral de protección, con enfoque preventivo, territorial, intercultural y de género, que articule acciones coordinadas entre el Estado y la sociedad civil. Implementar dicho mecanismo no solo es un compromiso internacional, sino una condición indispensable para garantizar un entorno seguro y propicio para la defensa del medio ambiente y los derechos colectivos en Bolivia.
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