Intento de operativo en el municipio de Curva, en La Paz. Foto: AJAM
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) coordina acciones con autoridades y fuerzas del orden para intervenir en el municipio de Curva, en el norte de La Paz, luego de que un operativo de inspección fuera suspendido debido a amenazas y la presencia de grupos armados que impidieron el ingreso de autoridades, según denunció la misma AJAM.
El intento de verificación se realizó el 13 de marzo, cuando una comisión institucional, acompañada por efectivos de la Policía Boliviana, se trasladó a zonas con denuncias de minería ilegal. Sin embargo, según denunció la institución, el equipo fue interceptado por personas encapuchadas que portaban armas de fuego, dinamita y piedras, quienes bloquearon el acceso e impidieron la continuidad del operativo.
«Varios de ellos encapuchados se encontraban portando armas de fuego, dinamitas y piedras, procediendo además a bloquear el acceso al camino para evitar el ingreso de las autoridades. Ante esta situación y con el objetivo de resguardar la integridad física del personal de la AJAM y de la Policía Boliviana, se determinó suspender la inspección y proceder con el retorno de la comisión, priorizando la seguridad de los servidores públicos desplazados al lugar», publicó la AJAM en un post de Facebook.
Días después, este 18 de marzo, autoridades municipales y representantes de Curva sostuvieron una reunión con la AJAM, en la que denunciaron que la minería ilegal en sectores como Laji Lurizani se desarrolla de forma continua, incluso en horarios nocturnos y con el uso de maquinaria pesada.
Según expusieron, estas operaciones estarían siendo ejecutadas por grupos organizados integrados por pobladores y presuntos ciudadanos extranjeros, quienes explotan recursos minerales sin cumplir obligaciones legales ni pagar regalías, generando pérdidas económicas para el Estado y el municipio.
Las denuncias, refiere la AJAM, también advierten que estos grupos actúan de forma hostil y evitan el ingreso de autoridades, lo que dificulta las labores de control y evidencia un escenario de riesgo para funcionarios públicos.
Frente a este contexto, la AJAM informó que articula una intervención conjunta con entidades competentes para restablecer la presencia estatal en la zona y ejecutar operativos contra la minería ilegal, aunque condicionó estas acciones a la existencia de garantías mínimas de seguridad.
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