Luis Arce participó esta semana en un desfile de la Naval. Foto: Twitter de Luis Arce
El presidente Luis Arce cumple hoy tres años en el poder e ingresa en su cuarto año de mandato en medio de una crisis judicial que, lejos de resolverse, se ha agudizado en los últimos meses. Y, como consecuencia de esa crisis, en Bolivia existen, según opositores y analistas, unos 200 presos políticos que fueron despojados de sus derechos.
El jurista Juan Del Granado identificó tres motivos del agravamiento de la crisis judicial durante el gobierno de Arce. El primero de ellos es “el abandono de la reforma judicial” por parte del Gobierno luego de tres intentos fallidos.
El segundo motivo, según el también exalcalde de La Paz, es el boicot ejecutado por parte del Gobierno en contra de la iniciativa ciudadana que buscaba reformar la justicia y que estaba liderada justamente por Del Granado.
Y, finalmente, el tercero tiene que ver con las acciones gubernamentales que han aumentado “la subordinación política de la justicia al poder político” y el congelamiento del presupuesto judicial en un “miserable” monto que está por debajo del 0,5% del Presupuesto General del Estado.
“Uno de los componentes es político, la subordinación política de la justicia, que en el Tribunal Constitucional ha tenido su mejor expresión. Se ha agravado el sometimiento, la dependencia política absoluta de parte del Tribunal Constitucional a los dictámenes o a los lineamientos gubernamentales”, dijo Del Granado, quien considera que esta situación ha sido alentada por la disputa interna del MAS.
El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Raúl Peñaranda, concluye que en los tres años de gobierno de Arce “se pueden identificar las mismas características que en los 14 años del gobierno de Evo Morales”, como son “autoritarismo, uso de la justicia para perseguir a los adversarios, amenazas de los fiscales”.
Peñaranda repara en que hay alrededor de 200 presos políticos en Bolivia, lo que indica que “la situación ha empeorado respecto a Evo Morales”.
En coincidencia, la diputada de CC, María Elena Reque, dijo que en el tercer aniversario, el principal reclamo a Arce será la existencia de 200 presos políticos, que “están siendo amedrentados, acosados, los absuelven de un proceso y les siguen el otro y otro”.
Citó entre los casos más dramáticos el del dirigente de los cocaleros de Los Yungas, César Apaza, y el del exdirector de Migración del gobierno de Jeanine Añez, Marcel Rivas. Ambos están enfermos y pese al curso que han tomado sus casos (en el caso de Apaza, admisión gubernamental de que el mercado de la coca de Villa El Carmen es ilegal, y en el caso de Rivas cumplimiento de condena), no han sido liberados.
Peñaranda agregó a la lista a la expresidenta Jeanine Añez, al gobernador Luis Fernando Camacho y el exdirigente cívico, Marco Pumari.
Peñaranda hace notar que Añez debería ser procesada en un juicio de responsabilidades, que Camacho está siendo juzgado por un golpe que no existió y que Pumari es inocente de las acusaciones que se le imputan.
La diputada Reque coincidió con Del Granado y Peñaranda en el sentido de que “el sometimiento del sistema judicial hacia el Gobierno es muy fuerte” e incluso habló de que existe “tortura judicial” en contra de algunos presos políticos que emana de alguna dependencia estatal.
En criterio de Peñaranda, esta agudización de la persecución y el autoritarismo se debe a que el gobierno de Arce es más débil que el de Morales y goza de menor popularidad, mientras que expresidente gozaba del control de casi total del poder.
De hecho, uno de los temas que ha copado la atención del gobierno de Arce, al menos en el último año, ha sido la disputa interna del MAS, lo que ha debilitado su posición en el Legislativo, en las calles y en las organizaciones sociales. El oficialismo ahora divide sus preferencias entre Evo y Arce, poniendo en aprietos de gobernabilidad al Ejecutivo.
Abandono de reforma judicial
En medio de este panorama, la que ha quedado fuera de agenda es la reforma judicial. Pese a que los actuales magistrados terminan sus mandatos este 31 de diciembre, la Asamblea no se puso de acuerdo para convocar a elecciones judiciales y el Tribunal Constitucional aprovechó para poner más trabas con la paralización de los proyectos de ley.
Del Granado recuerda que el gobierno de Arce intentó tres veces hacer una reforma. La primera ocasión con ciudadanos notables, la segunda con cambios administrativos y la tercera con ajustes normativos, pero que ha derivado en “un abandono de la reforma judicial luego de tres intentos fallidos que ha desplegado en estos tres años”.
Y, el segundo elemento negativo de su análisis es la acción gubernamental destinada a “la descalificación y las acciones contrarias que el gobierno desplegó en contra de la iniciativa ciudadana de los juristas independientes”.
“Fracasó en sus reformas y como buen perro del hortelano impidió, saboteó, denigró la propuesta nuestra, quitándole elementos que permitiesen una mayor adhesión ciudadana”, dijo Del Granado, recordando que circularon instructivas para que las instituciones estatales no firmen los libros.
Y finalmente, Del Granado cita la cooptación política de la justicia y “las condiciones miserables” en las que mantiene el Gobierno el servicio judicial por negarse a aumentar el presupuesto para este Órgano del estado. “Se han mantenido el número de jueces, 1100 jueces, 500 fiscales, no se ha mejorado en absoluto la infraestructura judicial, se han mantenido la situación de Justicia miserable en la que nos debatimos hace muchísimo tiempo los bolivianos”, expresó.
En ese marco, concluye que estos tres elementos “nos permiten evaluar negativamente el desempeño de este gobierno respecto a una tarea fundamental que es la tarea de forma judicial, que no solamente sigue siendo una tarea pendiente, sino una tarea cada vez más urgente dado el agravamiento de la crisis judicial, de la tragedia judicial en estos últimos años”.
