Andrea Barrientos (izq) y Cecilia Requena (der) defendieron el proyecto por los bosques, y Centa Rek lideró la oposición al mismo. Foto: Capturas de la transmisión de la sesión
La Asamblea Legislativa cerró sus sesiones el viernes pasado dejando pendiente una deuda con los bosques y el medio ambiente. La “Ley 118, por los Bosques y otros sistemas de vida”, que busca el tránsito de Bolivia hacia un modelo sostenible y que, además, fija multas para los responsables de los incendios forestales, fue aplazada sin fecha y queda como tarea pendiente para la nueva Asamblea Legislativa, que asume sus funciones esta semana.
Durante el debate en la Cámara de Senadores, realizado la noche del miércoles 29 de octubre, se pusieron frente a frente dos modelos de desarrollo: el del agro cruceño y beniano, defendido por Centa Rek (Creemos- Santa Cruz) y otros senadores del oriente; y el de la agricultura sostenible, apuntalado por Cecilia Requena (La Paz) y Andrea Barrientos (Cochabamba), ambas de Comunidad Ciudadana. El debate estuvo cargado de tensión, con gritos y mutuas acusaciones de estar mintiendo a los presentes.
De un lado, defendían la producción, las exportaciones, los alimentos; y del otro, los bosques, el agua, el medio ambiente y también los alimentos, sin desconocer la importancia del sector productivo para el país.
Senadores del oriente, sin importar el partido al que pertenecen, cerraron filas en contra del proyecto e incluso recibieron el apoyo del senador potosino, Hilarión Mamani (MAS), representante de los mineros cooperativistas, quien renegó porque le bloquearon la aprobación de unos 6 mil contratos mineros creyéndose “supermanes del medio ambiente”.
La oposición al proyecto se centró en “las multas excesivas” por las quemas y la “falta de consenso” con los sectores productivos, aspectos que fueron rebatidos por las senadoras Barrientos y Requena.
Ellas consideran urgente la aprobación de esta ley porque se anticipa un 2026 con sequía y eso podría provocar una nueva catástrofe ambiental como la de 2024, cuando fueron quemadas más de 10 millones de hectáreas. “Hay urgencia de aprobar porque es probable que el 2025 tengamos una catástrofe parecida al 2024”, señaló Requena.
Barrientos, por su parte, trajo al debate a los millones de animales muertos por las quemas, a las millones de hectáreas quemadas, a las 150 comunidades desplazadas y sentenció: “Sin bosque no hay agua”.
“Multas excesivas”
Ante la insistencia de que las multas son excesivas, Barrientos y Requena desafiaron a los senadores del oriente a quitar de la ley todos los artículos referidos a las multas (desde el 22 al 28) para demostrarles que la Ley tiene un enfoque integral y que lo que busca es una producción sostenible. “No quieren multas, sáquenlas, eliminen las multas”, desafió Barrientos.
Requena enfatizó que las multas no sobrepasan el 30% del valor de la propiedad. “Para nosotros, las multas no son el centro del proyecto de ley”, dijo. “El proyecto promueve la agricultura sostenible”, explicó.
Los senadores contrarios a la Ley señalan que las multas son tan altas que los productores podrían llegar a perder sus propiedades por ese motivo. Requena asegura que eso es falso porque la norma fija un tope y que, en todo caso, las sanciones que establece el proyecto son inferiores a las que dispuso un decreto de Luis Arce en medio de la emergencia.
El Proyecto de Ley establece una tabla de multas para las quemas en diverso tipo de propiedades y explícitamente señala que éstas no sobrepasarán el 30% del valor de la propiedad, aunque los senadores del oriente creen que sumando tres multas se puede perder el predio.
“La aplicación de sanciones pecuniarias no podrá exceder el 30% del valor catastral de la propiedad y, en ningún caso, tendrá efectos confiscatorios sobre tierras colectivas”, señala el inciso III del artículo 28 del Proyecto de Ley.
El senador Isidro Quispe (MAS- Santa Cruz) rechazó el proyecto indicando que la Ley busca “matar” al sector productivo con multas. “Esta ley nos quiere matar con las multas coartar los derechos de los bolivianos”, señaló.
Barrientos replicó que las multas “son proporcionales y justas”, y que en la actualidad las sanciones son tan bajas que “sale más barato quemar que respetar la ley”.
Enfatizó que el proyecto no “no se le quita la propiedad a nadie” y que “la multa tiene tope, no es verdad que se acumula tres multas y se le van a quitar la propiedad”, como señaló la senadora del MAS por Beni, Roxana Nacif, quien dijo que pretenden “quitarle los medios de trabajo” a los productores al prever que la multa suba el 100% en caso de reincidencia. Incluso expresó que se prevé “cárcel de seis a 12 años para los propietarios”, refiriéndose a aquellos que quemen en sitios Ramsar. Aunque, al mismo tiempo, aseguró que no son los productores los que causan las quemas.
En la misma línea habló la senadora Claudia Eguez (Creemos-Beni), quien dijo que no está bien satanizar a los productores porque no son ellos los que meten fuego y que las multas son excesivas.
Andrea Barrientos replicó que “la ley no persigue al productor, persigue al incendiario”.
“Falta de consenso”
Y sobre el argumento de que no existe consenso, Requena recordó que el proyecto ya fue aplazado en octubre de 2024 y que durante todo el año fue sometido a concertación con diversos actores. Incluso, dijo que un total de 62 organizaciones lo respaldan explícitamente con cartas. Citó entre esas organizaciones a pueblos indígenas, colectivos, organizaciones sociales, colegios de biólogos, entre otros.
La senadora Rek insistió que el documento “no fue debidamente consensuado”, pero luego sacó a relucir el tema de las multas por las quemas: “Hay un exceso de sanciones”, señaló.
Luego se produjo un cruce con la senadora Requena, quien aseguró que Rek estuvo presente en una reunión de concertación con el sector agropecuario, algo que Rek negó.
“Es un buen proyecto, pero tiene que haber consenso”, señaló, por su parte, el senador beniano Jesús Justiniano (cc). Pidió el aplazamiento porque, según dijo, 200 mil personas de su departamento viven de las actividades productivas relacionadas con la tierra.
Barrientos rechazó la falta de consensos porque, según dijo, “desde el año pasado, el proyecto está en manos de cada senador y no han planteado ningún cambio de artículo, solo se han opuesto”.
Los alegatos de Centa Rek impedían que Barrientos continuara con su discurso por lo que Andrónico Rodríguez, que dirigía la sesión, tuvo que llamar al orden.
Barrientos dijo que se ha pedido reuniones con la Federación de Ganaderos de Beni en tres ocasiones, pero que la respuesta que recibieron es que los senadores que promueven la ley son “andinocentristas”.
Requena enfatizó que no ha sido por falta de voluntad que no se ha socializado con las asociaciones empresariales puesto que se envió cartas a las federaciones de ganaderos, aunque reconoció que la que aceptó la reunión fue la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).
Barrientos dijo que apoya al sector agropecuario, pero que tiene un compromiso de pelear contra el paquete incendiario para que “paren las quemas”.
Otros actores y argumentos
El senador Jesús Justiniano expuso aspectos de procedimiento para oponerse al proyecto. Por ejemplo, dijo que el informe no es de la Comisión de Medio Ambiente sino de la de Constitución, a lo que Requena explicó que si es así es porque el proyecto ya fue aplazado un año antes y que por tanto no podía entrar por la misma comisión.
El senador Henry Montero, que también votó por el aplazamiento, dijo que el eje del problema son los avasallamientos y se ofreció para mediar con el sector productivo.
La indígena del TIPNIS, Cecilia Moyoviri, que llegó a la Cámara de Senadores por CC, igual que Requena y Barrientos, dijo que los pueblos indígenas no fueron consultados, a lo que Requena respondió con la lista de organizaciones indígenas que apoyan el proyecto.
Finalmente, Rodríguez pidió levantar la mano a los senadores que estuvieran de acuerdo con el aplazamiento de la ley. “Mayoría presidente”, replicó el senador secretario. Y, a otro tema.
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