Patricio Sarabia, integrante de la Unidad de Afectados por Texaco. Foto: Captura de pantalla
Con información obtenida de la entrevista realizada por Inés Gonzáles/Erbol.
Durante la COP30 y la Cumbre de los Pueblos en Belém do Pará, Ecuador expuso uno de los casos más emblemáticos de contaminación petrolera en la Amazonía. Patricio Sarabia, integrante de la Unidad de Afectados por Texaco, llegó a Brasil para denunciar los impactos que dejó la petrolera —hoy Chevron— en el norte amazónico ecuatoriano y para fortalecer alianzas con organizaciones internacionales.
Sarabia explicó que la petrolera operó en Ecuador entre 1968 y 1992, período en el que, según la propia empresa reconoció en juicio, utilizó tecnología obsoleta que no cumplía los estándares aplicados en Estados Unidos. Las aguas de formación, altamente tóxicas, fueron vertidas en ríos y bosques, junto con millones de barriles de desechos y crudo. «Las aguas putrefactas, venenosas, no eran reintroducidas a los pozos, sino que fueron desviadas a la floresta amazónica», afirmó.
El caso Texaco —también conocido como Chevron–Ecuador— es una disputa histórica por contaminación petrolera en la Amazonía norte de Ecuador. Entre 1968 y 1992, Texaco operó en las provincias de Sucumbíos y Orellana y dejó miles de fosas abiertas con residuos tóxicos, vertió aguas de formación y crudo en ríos y suelos, y usó tecnología que la propia empresa reconoció como obsoleta.
Comunidades indígenas y campesinas denunciaron afectaciones graves a la salud, al agua y al ambiente, lo que derivó en un juicio que ordenó a la empresa pagar una reparación. Sin embargo, Chevron (que adquirió Texaco) se negó a cumplir y recurrió a arbitrajes internacionales que finalmente fallaron a su favor, obligando al Estado ecuatoriano a pagar una millonaria compensación. El caso es considerado uno de los mayores ejemplos de impunidad corporativa en temas ambientales.
A pesar de un fallo de la Corte Constitucional de Ecuador que ordena a la empresa pagar una reparación integral por daños ambientales y sociales, Chevron no ha cumplido con la indemnización. En lugar de ello, impulsó un proceso de arbitraje internacional que terminó fallando a su favor, obligando al Estado ecuatoriano a pagar más de 2.000 millones de dólares.
Sarabia señaló que la arquitectura jurídica internacional protege a las transnacionales en perjuicio de los países del sur. Según su denuncia, esta impunidad se replica en África y Asia, donde industrias extractivas afectan territorios indígenas y derechos humanos con escasa o nula sanción.
Entre mercados de carbono y expansión petrolera
El representante de la Unidad de Afectados cuestionó además el contexto de las negociaciones climáticas. Frente a la propuesta brasileña de crear un fondo para la conservación de la Amazonía, recordó que el propio gobierno de Brasil impulsa nuevas exploraciones petroleras en la selva. “¿De qué sirve lo uno cuando hace lo otro?”, señaló. Lo mismo ocurre en Ecuador, donde las metas climáticas dependen del financiamiento internacional mientras se promueve nueva explotación petrolera y minera.
Sarabia enfatizó que los países del norte global son los principales emisores y, por tanto, quienes deberían liderar acciones contundentes para no superar el aumento de 1,5 °C. Sin embargo, afirmó que “casi ningún país cumple” con esos compromisos.
En más de 50 años de extracción, las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana —de donde sale la mayor parte del petróleo ecuatoriano— siguen siendo algunas de las más pobres del país. Sarabia expuso cifras alarmantes: en estas zonas las personas tienen el doble de casos de cáncer que la media nacional, pero no existe un centro oncológico. Los enfermos viajan a las principales ciudades para recibir atención, y aun así el Estado no cumple la ley ni las sentencias judiciales que ordenan su atención.
Para Sarabia, los avances no vendrán de los gobiernos, sino de la capacidad de articulación de las organizaciones sociales. Espera que la Cumbre de los Pueblos fortalezca la presión internacional y la resistencia pacífica frente al avance de industrias extractivas en la Amazonía.
«Se calienta el planeta y ¿cómo vamos a vivir después, cómo van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos? No no podemos seguir así. Tenemos que decirle alto a esta cuestión de las transnacionales y de que operen tan libremente y que ganen tan impunemente», puntualizó.
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