Conversatorio sobre los contratos de litio entre Bolivia, Rusia y China, organizado por la Fundación Solón. Foto Sumando Voces
En caso de aprobarse los contratos de explotación de litio entre Bolivia, China y Rusia, los proyectos demandarán un consumo anual de agua estimado en un volumen equivalente a 1.165 piscinas olímpicas, según cálculos realizados por el investigador Carlos Solón, de la Fundación Solón.
«En términos ambientales lo que vamos a ver es un elevado consumo de agua (…), estaríamos hablando de 1.165 piscinas olímpicas de agua por año, que se van a necesitar para estos emprendimientos», dijo Solón durante un conversatorio realizado en la Fundación Solón la mañana de este viernes.
En 2024, el Gobierno boliviano firmó acuerdos con las empresas Uranium One Group, de Rusia, y Hong Kong CBC, de China, para desarrollar tres proyectos de extracción de litio. El contrato con los rusos prevé la construcción de una planta de 14 mil toneladas de carbonato de litio, por una inversión de 975 millones de dólares; mientras que el contrato con la empresa china pretende dos plantas: una de 10 mil toneladas de salmuera residual, y otra de 25 mil toneladas, con un costo de 1030 millones de dólares.
Sin embargo, diversas organizaciones sociales, instituciones, defensores del medio ambiente, el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) y sectores de la oposición han rechazado los contratos, denunciando irregularidades y falta de transparencia. Según estos sectores, los acuerdos favorecen a las empresas extranjeras en detrimento de Bolivia.
Solón alertó que el departamento de Potosí será «gravemente afectado» en su capacidad productiva, ya que los contratos se firmaron sin estudios de impacto ambiental ni medidas de mitigación para las comunidades afectadas. Advirtió que la extracción de litio secará bofedales, perjudicará la ganadería de camélidos y la producción de quinua, y alterará profundamente el equilibrio ecológico y social de la región.
A estas preocupaciones se suma el endeudamiento de Bolivia por más de 2.000 millones de dólares con empresas extranjeras, lo que, según Carlos Solón, compromete aún más la soberanía del país sobre sus recursos naturales por al menos 40 años.
«Son dos contratos que nos van a endeudar. Estos no son regalos, son deudas con intereses que garantizan amplias ganancias para las empresas (extranjeras). Creo que los bolivianos no estamos visualizando que este supuesto regalo del litio podría convertirse fácilmente en una pesadilla», advirtió el investigador.
Solón también cuestionó que las regalías establecidas para Bolivia sean mínimas y que los contratos incluyan cláusulas que impiden su incremento. Además, señaló la ausencia de documentos fundamentales, como estudios de impacto ambiental, licencias y datos sobre el uso de recursos hídricos o la cantidad exacta de salmuera disponible. «En el fondo, sabemos muy poco sobre las zonas que serán explotadas. En ese sentido, los bolivianos deben apelar a un principio de precaución absoluto. Lo que más necesitamos es información completa, y para ello no es necesario firmar estos contratos, sino realizar estudios independientes que permitan evaluar con claridad las verdaderas afectaciones», puntualizó.
Finalmente, denunció que «los derechos de los pueblos indígenas han sido pisoteados», ya que se pretende explotar litio dentro de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Nor Lípez, en Uyuni, Potosí, sin que exista evidencia de una consulta previa a las comunidades, como lo establece la normativa vigente.
En entrevista con Urgente.bo, el investigador Alfredo Zaconeta, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), advirtió que los contratos firmados entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa Hong Kong CBC Investment Limited Sucursal Bolivia para la producción de carbonato de litio en el Salar de Uyuni carecen de reglas claras. Por ello, consideran urgente que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) apruebe una ley que transparente estos acuerdos.
“Existe conflictividad debido a la falta de transparencia en los alcances de estos contratos, ya que el Gobierno ha optado por un camino opaco en su manejo», afirmó.
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