Draga aurífera en Bolivia. Foto: ANA
ERBOL
Un análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) estima que hasta el 80% de la riqueza generada por la explotación aurífera beneficia a inversiones extranjeros, que además son ilegales, en lugar que al Estado boliviano.
El CEDLA mencionó que las exportaciones en oro metálico han superado al valor de las ventas de gas, pero la diferencia es que la producción gasífera dejó 30 veces más impuestos que la explotación aurífera.
“En el gas, se ven impuestos, transferencias y regalías; en el oro, casi nada (…). La mayor parte va a parar a los bolsillos de inversionistas extranjeros, chinos, colombianos, peruanos y chilenos. No hay en este momento una norma que cambie eso”, afirmó el investigador Alfredo Zaconeta.
Según el Centro de Estudios, esta gran diferencia está avalada por la normativa sectorial, que determinó las condiciones para que un mineral tan estratégico como el oro sea entregado a manos privadas.
Señaló que en 2022, la explotación de oro marcó un nuevo récord en cuanto a volumen (53,4 toneladas) y valor ($us 3.073millones). El 99,5% de esa producción fue declarada como procedente del cooperativismo minero, que no paga impuestos, se asocia ilegalmente con capitales privados nacionales y extranjeros, y deja impactos ambientales significativos en el medio ambiente.
“Se piensa que esos $us 3.073 millones benefician a los cooperativistas, pero, en áreas en las que las cooperativas se asocian con capitales privados, los socios extranjeros se llevan entre el 70% y el 80% de los ingresos generados por la operación aurífera”, apuntó Zaconeta.
Estas asociaciones ilegales ocurren a la vista del Gobierno, que renuncia a un control que en este subsector puede evitar también otros ilícitos, como la contratación de asalariados, el trabajo en condiciones precarias, el alquiler de concesiones y el desvío de combustible subvencionado, advierte el análisis.
El CEDLA planteó que una fiscalización efectiva impediría igualmente que muchas empresas privadas y empresas unipersonales se hagan pasar por cooperativas, para que el oro que producen se beneficie de exenciones tributarias.
Zaconeta detalló que el crecimiento desmedido del sector cooperativista comenzó con la Constitución de 2009. La Carta Magna reconoce al actor comunitario en su capítulo de organización económica del Estado, pero ya no lo toma en cuenta en su capítulo minero. Esto obligó a los mineros de comunidades que explotaban oro de forma artesanal a convertirse en cooperativistas para operar de forma legal.
Otro impulso para este subsector fue la Ley 535 de Minería y Metalurgia, promulgada por Evo Morales en 2014, que redujo de 5% a 2,5% la alícuota para las regalías del oro proveniente de yacimientos marginales –como lo declaran casi todas las cooperativas– y determina que este porcentaje baje incluso a 1,5%, si el mineral se comercializa en el mercado interno.
“Las políticas públicas mineras del gobierno del MAS no solo fracasaron en el fortalecimiento de la minería estatal, sino que derivaron en la consolidación del subsector cooperativo, cediéndole el dominio de minerales estratégicos como el oro”, subrayó Zaconeta.
Debido a este favoritismo, el número de socios cooperativistas entre 2006 y 2022 se incrementó de 54.200 a 129.410 (+138,7%), mientras los trabajadores de la minería estatal aumentaron de 4.726 a 5.789 (+22,5%) y los de la minería mediana de 3.850 a 4.780 (+24,1%). La cifra de mineros chicos, por el contrario, se recortó de 2.550 a 2.086 (-18,1%).
Los reportes del empleo en el cooperativismo minero no incluyen a los “segundas manos”, maquipuras (eventuales) y asalariados (prohibidos por ley), que trabajan en condiciones altamente precarias y que no se benefician del grueso de la riqueza aurífera. Con todos ellos, la cifra total sería mucho mayor.
El CEDLA alertó que esta actividad está agravando los impactos sobre sus áreas de influencia, ya que al agotar la riqueza de los ríos están llevando sus operaciones tierra adentro, deforestando, cavando fosas, removiendo grandes extensiones de tierra y causando un daño considerable a los ecosistemas.
Alertó que el producto de esta depredación se exporta a India y Emiratos Árabes, donde no les interesa cómo se obtiene ese mineral ni la manera en que llega al comercio. Otros países como Estados Unidos exigen la aplicación de criterios de sostenibilidad para que el oro ingrese a sus mercados, entre ellos que en la producción de ese oro no se haya usado mercurio, que no se haya deforestado y que no contenga trabajo infantil, entre otros.
El Centro de Estudios advirtió que no hay visos de que este escenario cambie o de que el Gobierno modifique su política minera respecto a las cooperativas. Aunque es un recurso estratégico y representa el 45,4% del valor de producción de minerales del país, el oro no se encuentra en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025.
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