«Deciden hacerme justicia comunitaria, dicen que me van a matar… y me van a quemar», fueron las palabras de la concejala Juana Quispe en un evento de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol), días antes de su asesinato. Ella denunció públicamente el acoso y violencia que sufría de parte del alcalde de Ancoraimes, los concajales oficialistas y sus seguidores. La «sentencia» de muerte fue cumplida el 12 de marzo de 2012 y un día después su cuerpo fue encontrado en el río Orkojahuira de La Paz.
Juana luchó durante dos años con sus agresores, quienes la hostigaban constantemente, al punto de echarle cemento en los ojos, sembrar cizaña hasta lograr que se separe de su esposo y pierda la custodia de su hijo de 10 años. El objetivo político fue cumplido porque ella no pudo ejercer el cargo de concejala, salvo por unos pocos días.
«Ha sido una persecución con amenazas y violencia cotidiana. Ha sido realmente muy dura la situación que ha vivido doña Juana. Ella decía, lloraba y contaba a todos que la iban a matar, vivir con esa amenaza constante ha debido ser muy duro», refirió la activista Eulogia Tapia, quien siguió el caso para que se haga justicia. «Lo primero que han hecho es destruir su hogar, le han hecho separarse de su pareja, la han alejado de su hijo y finalmente la han matado», acotó.
Tras su asesinato tuvieron que pasar casi 12 años para que se haga justicia, aunque ésta aún está incompleta, pues los agresores aún están en libertad.
La mañana de este 11 de enero se leyó íntegramente la sentencia que condena a 30 años de cárcel al exalcalde de Ancoraimes, Félix Huanca; 30 años para el expresidente del Concejo de Ancoraimes, Pastor Cutile; 15 años para la exconcejala Bacilia Ramos, y dos años para la supuesta amiga de Juana, Exalta Arismendi. Sin embargo, aún pasará un tiempo hasta que se logre ejecutoriar el fallo.
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