Editorial Sumando Voces
La autoprórroga del mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que se extiende al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al Tribunal Agroambiental (TA) y al Consejo de la Magistratura, ha generado una ola de rechazo en el país. Y no es para menos, la declaración que amplía por tiempo indefinido la permanencia de los magistrados en sus cargos, vulnera la Constitución Política del Estado, los convenios internaciones y las leyes nacionales.
Los magistrados de las citadas cortes terminan sus mandatos este 31 de diciembre y la Constitución no prevé ampliación ni reelección alguna, por lo que cualquier decisión en sentido contrario, lesiona el orden democrático.
No se trata únicamente de un puñado de funcionarios que se aferran a sus cargos, sino de un poder del Estado que decide subvertir el orden constitucional para prorrogarse. Haciendo un paralelismo, ¿Qué diríamos de un presidente que decreta mantenerse en el cargo más allá de la fecha de conclusión de su mandato? Probablemente diríamos que ha perpetrado un autogolpe de Estado, que ha roto el orden democrático o que ha instaurado una dictadura.
Pues bien, ¿cuál es la diferencia entre los magistrados y el presidente? Ninguna, porque ambos representan a un poder del Estado y, vaya casualidad, ambos fueron elegidos por voto popular con un mandato que tiene fecha de inicio y de conclusión.
Lo grave del asunto es que esta declaración, al parecer, cuenta con la anuencia del Gobierno, que no solo ha permitido sino que ha promovido la extralimitación del TCP. Recordemos que fue el presidente de la Cámara de Diputados, el arcista Jerges Mercado, quien envió el proyecto de ley de convocatoria a elecciones judiciales en consulta a varias entidades, entre ellas, al TCP, confiriéndole un poder que no tenía.
De haber cumplido con sus deberes, el Presidente de Diputados hubiera sometido a consideración del pleno el proyecto y, tal como manda la Carta Magna, la Asamblea hubiera seleccionado a los candidatos y los bolivianos hubiéramos ido a las urnas a votar por nuevos magistrados. No es la mejor salida a la crisis estructural de la justicia, pero al menos preserva el orden constitucional.
Los magistrados prorroguistas tendrían que ser sometidos a un juicio de responsabilidades, tal como anunciaron las bancadas opositoras, sin embargo, el MAS no ha adoptado una posición al respecto, aumentando las sospechas de que está de acuerdo con esta prórroga, sospecha que ha sido confirmada por el Procurador y el Ministro de Justicia, que han justificado la decisión.
La ampliación de mandato no solo viola normativa nacional, sino que va en contra de convenios y estándares internacionales, que establecen que los cargos electivos no pueden ser prorrogables.
Finamente, hay que decir que todas las decisiones de los magistrados prorroguistas serán nulas a partir del 2 de enero, fecha en que deberían asumir nuevas autoridades.
