Carlos Arze fue uno de los expositores en Tarija. Foto: CEDLA
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El fin del ciclo del gas como pilar financiero del Estado obliga al país a volcar la mirada al agro, la industria y la minería, en los que son necesarias reformas para un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y para reducir la incertidumbre en los proyectos estatales ejecutados en esos sectores. Esta es una de las conclusiones del ciclo de Diálogos “Políticas Públicas y Desigualdades: Un balance necesario”, organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
“Ha llegado a su fin el ciclo del gas como lo hemos conocido en esta década y media, como la base de financiamiento del Estado, como generador de divisas para mantener la estabilidad monetaria, como la gran locomotora que jalaba toda la economía”, afirmó el investigador del CEDLA Carlos Arze en Tarija, departamento donde las transferencias gubernamentales cayeron en 68% entre 2014 y 2021, por la menor producción de hidrocarburos.
Los actores del diálogo en la capital tarijeña coincidieron en que, ante este escenario de disminución continua de los ingresos del gas, se hace necesario fortalecer otras actividades que permitan tanto al nivel central como a los gobiernos subnacionales atender las necesidades de la población. Sin embargo, las políticas públicas orientadas al desarrollo de otros sectores generadores de ingresos mantienen una orientación ceñida al rentismo y no contemplan la planificación, respondiendo en general a objetivos político electorales.
En el agro, las políticas aplicadas por los gobiernos del MAS han causado un crecimiento desigual de la producción agrícola entre regiones y un menor aporte de los campesinos al conjunto de la producción agraria del país. Esta tendencia se podría agudizar por la apuesta del Gobierno a promover la exportación de granos y carne, así como a la producción de biocombustibles, afirmó Enrique Ormachea, investigador experto en temas agrarios.
Otro debate pendiente, agregó, es el incremento de la producción del sector, que sigue apoyándose en la expansión de la frontera agraria y abarcando cada vez más áreas que no son aptas para el cultivo de alimentos, lo que acrecienta también la deforestación.
En la minería, las políticas públicas, carentes de planificación y que responden a intereses sectoriales, han causado el estancamiento de la producción minera estatal; millonarias inversiones no justificadas, que no solucionan el problema del desempleo; y que la riqueza minera boliviana, como el oro, solo deje al país $us 63,2 millones de un total producido de $us 3.073 millones, resumió el investigador Alfredo Zaconeta, experto en temas mineros.
En la explotación aurífera, “es necesario poner en debate los porcentajes de regalías y hacer una caracterización de quiénes están produciendo oro en este momento, porque hay empresas que se están haciendo pasar por cooperativas para evadir impuestos”, alertó Zaconeta.
Otro elemento importante que debe incluir la nueva política pública para desarrollar alternativas reales de ingresos ante la caída del gas es la transparentación de los acuerdos firmados con socios extranjeros para la explotación de otros recursos naturales como el litio, información que en muchos casos se oculta tras cláusulas de confidencialidad.
Estos asuntos fueron parte del diálogo sostenido por el CEDLA con actores sociales de Tarija, evento que fue organizado en coordinación con Mujeres en Acción y el Centro de Estudios Regionales de Tarija (Cerdet), con la participaron representantes de pueblos guaraníes, de universidades y de organizaciones de derechos humanos, entre otros.
“Agradecemos al CEDLA que ha venido a Tarija para hacer conocer sus investigaciones”, información diferente a la de otros eventos en los que hay “más propaganda política que conocimiento”, destacó Guido Cortez, director del Cerdet.
Magaly Vargas, directora de Mujeres en Acción, valoró también la oportunidad de contar con la información necesaria para realizar “un análisis crítico de lo que ocurre en la sociedad boliviana”.
Los Diálogos “Políticas Públicas y Desigualdades” incluyen un balance social de la pobreza, las desigualdades y el empleo; abordan el fin del ciclo del gas; y evalúan los impactos económicos y sociales de la política minera y de la política agraria. Contemplan, igualmente, exposiciones sobre la situación y perspectivas en el país de la política de industrialización con sustitución de importaciones; sobre la seguridad alimentaria; sobre los proyectos de zinc, mutún y litio; y sobre la macroeconomía y las economías ilícitas.
Este primer ciclo de eventos concluirá el próximo sábado 9 de diciembre en Cochabamba.
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