Foto de portada: Pueblo Esse Ejja a orillas del río Beni. Autor: Reacción Climática
La Nube
El 31 de octubre de 2023, en Ginebra, Suiza, se llevó a cabo un momento histórico durante la 5ta Conferencia de las Partes (COP5) de la Convención de Minamata, pues los delegados tomaron un paso significativo al abordar el impacto perjudicial de la contaminación por mercurio en los pueblos indígenas. En ese sentido, emitieron una resolución para involucrar a varios actores y hacer frente a esta problemática social.
Este documento insta a las partes a colaborar estrechamente con los pueblos indígenas en los esfuerzos para eliminar el mercurio y subraya la necesidad de futuras negociaciones que se centren en sus necesidades y prioridades, así como de las comunidades locales, en lo que respecta a los efectos del mercurio en su salud, medios de vida, cultura y conocimiento.
La defensora de derechos humanos y el medio ambiente, Carmen Capriles, enfatizó en la importancia de esta resolución y señaló que existen muchos intereses poderosos que buscan obtener beneficios del oro en áreas protegidas y territorios indígenas, donde la minería debería estar prohibida o ser inaccesible.
«Los mineros de oro empobrecidos se convierten involuntariamente en los soldados rasos de las grandes instituciones y corredores de oro que los utilizan para extender su influencia en tierras indígenas, afectando hábitats biodiversos, reservas naturales y áreas protegidas, como el Parque Madidi o el Parque Pilon Lajas. Debemos poner fin a estos abusos ambientales y de derechos humanos ahora, no sólo trabajando en la implementación de la Convención de Minamata, sino también reconociendo el Acuerdo de Escazú como una herramienta para luchar para que estos lugares no se conviertan en zonas de sacrificio», dijo.
Las mujeres de comunidades indígenas de los pueblos Esse Ejjas y T-simanes que no tienen ninguna relación con actividades mineras han presentado niveles de mercurio en promedio siete veces más altos que el máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que permite 1 parte por millón.
«Los estudios realizados revelan que el problema del mercurio ya no es exclusivamente un problema de minería frente al medio ambiente, sino que se está convirtiendo cada vez más en un problema de salud pública y violación de derechos humanos fundamentales», aseguró Capriles.
La resolución de Minamata señala: «los pueblos indígenas, así como las comunidades locales, son particularmente vulnerables a la exposición al mercurio y son de los primeros en enfrentar los efectos graves en su salud y en el medio ambiente debido a su estrecha relación con el entorno y sus recursos».
Un informe de las Naciones Unidas de 2022 denominado «Mercurio, minería de oro a pequeña escala y derechos humanos» refiere:
«Los derechos humanos de los pueblos indígenas, incluidos aquellos que viven en aislamiento, están siendo pisoteados en la prisa por extraer oro (…) Los pueblos indígenas se ven fuertemente afectados por la contaminación y la violencia asociada a la actividad minera de oro a pequeña escala (…) Una queja notable de muchos de estos pueblos es la pérdida de fuentes de alimentos debido a la deforestación y la contaminación del pescado en los ríos».
Estos hallazgos, agregó Capriles, resaltan la necesidad urgente de una acción global concreta para proteger los derechos, la salud y el entorno de estos grupos vulnerables, poniendo fin al uso de mercurio en la minería y al comercio de esta sustancia tóxica.
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