En el primer Congreso Nacional de Derechos Humanos, que se desarrolla en Santa Cruz, el representante de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, planteó, como una de las propuestas, aumentar de 3 a por lo menos 5 años de cárcel las penas contra los responsables de agredir o impedir la labor de los periodistas.
“Con el rótulo de Delitos contra la Libertad de Prensa, el artículo 296 del Código Penal establece penas de seis meses como mínimo y 3 años como máximo a quien impidiere o estorbare la libre emisión de pensamiento por cualquier medio de difusión, así como la libre circulación de un libro o un impreso; sin embargo vemos que por tener una pena tan baja, los representantes del Ministerio Público no piden la detención preventiva de los presuntos responsables”, justificó el panelista.
Puso como ejemplo de uno de los escasos casos que han prosperado como es el del teniente de policía Víctor Hugo Santelices -acusado de agredir a los periodistas Joel Orellana y Miguel Angel Rivero de la Red Unitel, el pasado 1 de enero del 2023-, para quien la fiscal Ilsen Nava pide medidas sustitutivas a la detención preventiva, justamente porque cuando la pena es baja, la detención preventiva no tiene sustento legal.
Además que en ese caso, a pesar de la imputación, la primera audiencia se suspendió porque los agentes policiales no pudieron notificar al uniformado, según argumentaron.
El artículo 232 del Código de Procedimiento Penal inciso 5 establece que no procede la detención preventiva cuando la pena sea igual o inferior a cuatro años.
Méndez indicó que en todos los casos de agresión física de periodistas, el examen forense es determinante para encausar a alguien por lesiones graves, gravísimas o leves, de acuerdo al grado de impedimento físico de la pericia médica, sin embargo esta no ha pasado de los 8 días, en varios casos, de modo que no califica para el delito de lesiones graves o gravísimas y al ser la pena también baja, tampoco se puede pedir detención de los agresores.
El representante de los periodistas dijo que de manera específica se debe tratar el tema de agresiones a los periodistas, por ser estos, personas como parte de una población en alto riesgo por el trabajo que desempeñan como intermediarios entre los hechos y el público que tiene el derecho de ser informado, pues ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han documentado 52 casos de agresiones a periodistas desde el 28 de octubre del 2021 hasta inicios del 2023.
En su ponencia, Méndez pidió una vez más al Estado boliviano garantías para que hombres y mujeres puedan ejercer su labor de prensa, amparados en los artículos 15, 21, 106 y 107 de la Constitución Política del Estado, 19 de la Declaración de Derechos Humanos, que además de proteger la integridad física y personal de estantes y habitantes, concede a los bolivianos, la libertad de expresión y de prensa.
También dijo que no se deben promover discursos de odio contra los periodistas y, por el contrario, como ocurre en países como Colombia, México y Honduras, se debe trabajar en la creación de programas especiales de protección a la labor de los periodistas, como ha recomendado la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establecimiento también directrices para que los organismos de seguridad no asuman que tienen licencia para matar, pues se ha visto que un gran porcentaje de las agresiones tienen como responsables a policías encapuchados.
También recordó que este 28 de octubre se cumplirán dos años del Caso Las Londras, donde un seis periodistas, cuatro policías y comunarios fueron secuestrados y torturados por encapuchados armados responsables de varios avasallamientos violentos de tierras en la zona Este de Santa Cruz, donde cuatro de los cinco imputados y detenidos gozan de detención domiciliaria sin escoltas y se desconoce si se presentarán al juicio oral.
A nivel internacional hay avances. En Colombia, en el año 2000.se creó un “Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales”, en México funciona desde el 2012, un mecanismo de protección a periodistas en riesgo y en Honduras en el 2015 se promulgó una “Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia”.
Sin embargo en Bolivia se aprobó una Ley del Seguro de Vida Privado para los periodistas que nunca fue puesta en vigencia porque está sustentada en aportes de la publicidad de los medios privados y el Estado no pone ningún aporte y tampoco los hace participar en la torta publicitaria estatal.
Méndez participó en los paneles de la primera jornada del Congreso junto a Maggy Talavera, presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz; Percy Suárez, el periodista del caso Las Londras; Alex Sotez, periodista agredido y otros panelistas representantes de varias plataformas de defensores de Derechos Humanos.
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