Federaciones de personas con discapacidad entregan al Estado una propuesta de Política Pública de Educación Inclusiva construida desde 2024

Derechos Humanos

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Sumando Voces

Autoridades del Ejecutivo, el Legislativo, la Alcaldía de La Paz y la Gobernación paceña recibieron de los dirigentes de personas con discapacidad el documento oficial. Estuvieron acompañados por Mila Reynolds (izq.), directora ejecutiva de UNITAS. Fotos: UNITAS.

Federaciones de personas con discapacidad de Bolivia presentaron y entregaron este jueves a representantes de los órganos Ejecutivo y Legislativo la Propuesta de Política Pública de Educación Inclusiva, un documento construido desde 2024 a partir de las demandas, experiencias y aportes de las propias personas con discapacidad, con el propósito de contribuir a la transformación del sistema educativo boliviano.

La presentación se realizó en el marco del Foro Nacional por la Educación Inclusiva y Políticas Públicas, desarrollado en la ciudad de La Paz, un espacio de encuentro, intercambio de experiencias y diálogo con autoridades, que representa un paso importante en el proceso de incidencia para que la educación inclusiva sea asumida como una política pública de Estado.

El documento recoge un proceso de construcción colectiva impulsado por las federaciones de personas con discapacidad, que desde el Congreso Educativo de 2024 vienen trabajando en propuestas para garantizar el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje en igualdad de condiciones, superando las barreras que aún persisten en el sistema educativo.

“Ha sido una jornada bastante productiva, porque se ha podido escuchar las distintas voces de cómo ha sido el proceso de trabajo para la construcción de esta política educativa, pero no solamente el proceso, sino las experiencias desde los propios actores, en este caso son las federaciones y las personas con discapacidad”, señaló Mila Reynolds, directora ejecutiva de la Red UNITAS, organización que, a través de su Programa Urbano, acompaña y fortalece estos procesos de formación, articulación e incidencia.

En el foro participaron delegaciones del Comité Paralímpico Boliviano (COPABOL), la Federación Boliviana de Sordos (FEBOS), la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (FENACIEBO), la Federación Boliviana de Personas con Discapacidad Psicosocial (FEBOLDIPSI), la Federación Boliviana de Personas con Discapacidad Física-Motora (FEBOPDIF) y la Federación Boliviana de Personas con Discapacidad Intelectual (FEBOLDI), que reafirmaron su compromiso con la construcción de una educación que responda a la diversidad y garantice el ejercicio pleno de derechos.

Desde el Ejecutivo, Verónica Silvia Choque, responsable de Educación para Personas con Discapacidad del Ministerio de Educación, destacó el aporte de la propuesta y señaló que será puesta en conocimiento de las autoridades y sometida al análisis técnico correspondiente, en el marco de las acciones vinculadas a la educación inclusiva.

“Si bien se han dado pequeños pasos desde el Ministerio de Educación, nosotros afirmamos con mucha decisión la transformación hacia una educación inclusiva y posteriormente a una convivencia donde los bolivianos y bolivianas podamos trabajar juntos sin ver las limitaciones de las personas”, manifestó.

Por su parte, la senadora Ana Crispín, quien también recibió el documento, destacó la responsabilidad de las instancias legislativas de promover iniciativas y políticas públicas que garanticen los derechos de toda la población, vinculando la inclusión con el ejercicio de una democracia plena. “Cuando se habla de democracia, tenemos que estar todos los que estamos aquí, todos los que están afuera”.

Asimismo, participaron Pamela Martínez, representante del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, y los diputados Hidelberto Márquez Marca y Yhamil Herrera.

Una propuesta para transformar la educación

La Política Pública de Educación Inclusiva plantea que la inclusión debe asumirse como un derecho y una responsabilidad del Estado, promoviendo transformaciones en las condiciones educativas, la formación docente, la accesibilidad, los mecanismos de apoyo, la gestión educativa y la participación social.

Durante el foro, Boris Chalar, representante de la Comisión de Educación y de FENACIEBO, explicó que la propuesta se sustenta en tres ejes fundamentales:

  • Inclusión como política pública y derecho: que el Estado asuma la educación inclusiva como una política pública y un derecho exigible, transformando las condiciones del sistema educativo para eliminar barreras, en lugar de exigir a las personas con discapacidad que se adapten a entornos que las excluyen.
  • Diseño universal y accesibilidad desde el inicio: incorporar la accesibilidad, los recursos, las tecnologías y las condiciones necesarias para responder a la diversidad de estudiantes desde la planificación educativa, evitando soluciones tardías y promoviendo oportunidades de aprendizaje para todas y todos.
  • Gestión compartida y participación comunitaria: avanzar hacia una gestión educativa participativa y descentralizada, con involucramiento de gobernaciones, municipios, juntas escolares, familias, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil.

Un modelo educativo que responda a la diversidad

En el mismo espacio se presentó la propuesta del Modelo Educativo Inclusivo de Calidad, Científico, Tecnológico e Integral (MEICCTI), que busca superar barreras normativas, pedagógicas y de exclusión, colocando la inclusión como un componente transversal de la educación para toda la población.

El modelo plantea el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como uno de sus principales enfoques, articulado con aportes de la neuroeducación, el aprendizaje por competencias y el uso ético de las tecnologías y la inteligencia artificial, con el propósito de generar nuevas condiciones y oportunidades para los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La propuesta se sintetiza en el horizonte de “Por una Educación Inclusiva de Calidad: propuestas y experiencias de transformación que contribuyan a la reforma del sistema educativo boliviano”, buscando que estos planteamientos puedan aportar al debate y a los procesos de transformación de la educación en Bolivia.

La entrega de esta propuesta a autoridades del Ejecutivo y Legislativo constituye un paso en el camino de la incidencia política de las organizaciones de personas con discapacidad, que buscan que sus demandas y planteamientos se traduzcan en decisiones, políticas, acciones y compromisos concretos del Estado.

Porque construir una educación inclusiva implica escuchar, reconocer y garantizar la participación de quienes históricamente han enfrentado barreras y exclusión.

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