Sociedad civil propone comité de expertos para evaluar a candidatos a Fiscal General y Comisión de Justicia Plural del Senado abre participación

Democracia

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Yenny Escalante

Captura de pantalla del programa Sumando Voces en Directo

Durante el programa Sumando Voces en Directo, organizaciones de la sociedad civil propusieron la conformación de un comité independiente de expertos para evaluar la idoneidad y las capacidades de los postulantes al cargo de Fiscal General del Estado. La iniciativa encontró apertura en el presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, el senador Freddy Castillo, quien aseguró que las instituciones y organizaciones ciudadanas podrán participar en el proceso de selección.

La propuesta fue planteada por Rubén Darío Cuéllar, integrante del grupo de Juristas Independientes, durante el programa Sumando Voces en Directo, donde sostuvo que la evaluación de los candidatos no debería quedar exclusivamente en manos de los órganos del Estado, debido a la falta de credibilidad institucional. «Por eso nosotros proponemos en el proyecto que le hemos hecho llegar al senador Gustavo Ávila una comisión nacional independiente que se encargue de eso», explicó Cuéllar.

El jurista señaló que esta instancia debería encargarse de evaluar la formación, idoneidad profesional y capacidades de quienes aspiren a dirigir el Ministerio Público. Además, planteó que la evaluación no se limite a los títulos académicos o al conocimiento teórico del derecho, sino que contemple pruebas prácticas para medir la capacidad de gestión y respuesta de los postulantes.

Ante esta propuesta, Castillo manifestó su predisposición a incorporar a organizaciones de la sociedad civil, universidades, colegios de abogados y otras instituciones en el proceso de preselección y evaluación. «Mire, nosotros de acuerdo, Rubén, usted conforme a un equipo jurídico que ustedes van a ser parte, va a ser abierto a esta elección de de de una del futuro fiscal general de Estado. Lo que más necesitamos es gente, instituciones, organizaciones que sean los veedores de que esta preselección, selección del futuro fiscal general estado sea transparente», respondió el senador.

El legislador aseguró que la comisión que preside buscará garantizar un proceso público, transparente y basado en los méritos profesionales, con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana en la administración de justicia.

Proponen participación activa de la sociedad civil

Cuéllar insistió en que las organizaciones ciudadanas no deben limitarse a participar como veedoras, sino que deben tener un papel activo en la evaluación de los postulantes. «La Veeduría Ciudadana que está organizada por otras organizaciones como UNITAS, Construir y otras tienen que participar, pero, senador, no como invitados, tienen que ser parte activa de ese proceso», sostuvo.

Asimismo, consideró que un comité independiente podría generar mayor confianza entre los profesionales con trayectoria y prestigio que podrían postular al cargo, pero que, ante la falta de garantías, podrían desistir de participar en un proceso controlado políticamente.

El representante de Juristas Independientes destacó la apertura del senador Castillo y planteó que la justicia debe asumirse como una política de Estado y no como una atribución de los gobiernos de turno.

Por su parte, la coordinadora del Programa de Defensa de Derechos de la Red UNITAS, Tania Nava, respaldó la participación de la sociedad civil, pero advirtió que la crisis judicial requiere cambios estructurales que no pueden limitarse a la elección de una nueva autoridad.

Señaló que uno de los principales problemas es que los criterios de idoneidad han sido manipulados de acuerdo con los intereses de cada gestión gubernamental, lo que ha debilitado la independencia judicial y la confianza ciudadana. En ese sentido, planteó que las universidades deben asumir un papel más importante en la formación de futuros profesionales interesados en ejercer funciones dentro del órgano judicial, promoviendo valores y principios que contribuyan a una administración de justicia independiente.

«Yo creo que son las universidades las que deberían fortalecer la formación de quienes tengan interés en convertirse, más adelante, en autoridades del órgano judicial, mediante procesos de enseñanza y aprendizaje», manifestó.

La coordinadora consideró que la evaluación de los postulantes no debe concentrarse únicamente en sus conocimientos jurídicos, sino también en los valores y capacidades que deben caracterizar a una autoridad judicial. Asimismo, sostuvo que la ciudadanía debe involucrarse activamente en los diferentes momentos del proceso de selección y en las futuras reformas normativas destinadas a fortalecer la justicia.

Nava advirtió que Bolivia enfrenta tres posibles escenarios: avanzar hacia una reforma gradual que fortalezca la institucionalidad democrática, mantener la continuidad de la crisis judicial o profundizar los conflictos sociales, políticos y económicos derivados de la falta de justicia. A su criterio, la renovación del sistema requiere la participación de abogados, universidades, organizaciones sociales y de los distintos órganos del Estado, además de una mayor independencia respecto a las influencias políticas.

Comisión revisará propuestas para la elección del Fiscal General

Castillo informó que la Comisión de Justicia Plural revisará un proyecto de ley presentado en la anterior legislatura para regular la preselección, selección y designación del Fiscal General del Estado. También anunció que coordinará con los integrantes de la Comisión Mixta de Justicia Plural para avanzar en el proceso.

El senador planteó que la evaluación contemple un proceso público, un calendario definido, exámenes orales transparentes y la publicación de las calificaciones. Además, mencionó la necesidad de revisar los antecedentes penales, el patrimonio y los posibles conflictos de interés de los postulantes. «Lo que sí tenemos claro es los tiempos», afirmó Castillo, al recordar que el interinato en la Fiscalía General del Estado concluye el 4 de enero, por lo que consideró necesario avanzar con celeridad en la normativa y la convocatoria.

Asimismo, aseguró que la participación de instituciones como la Fundación Jubileo, la Red Unitas y el grupo de Juristas Independientes, entre otras, está abierta para contribuir a la elaboración de propuestas y al control ciudadano.

La discusión sobre la elección de la nueva autoridad del Ministerio Público se desarrolla en un contexto de crisis de confianza en la justicia boliviana, marcado por denuncias de corrupción y presuntos vínculos de exautoridades judiciales con estructuras criminales. En ese escenario, los representantes de la sociedad civil coincidieron en la necesidad de impulsar cambios que vayan más allá de la renovación de autoridades y permitan fortalecer la independencia institucional y la transparencia del sistema judicial.

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