Manifestación en contra del proyecto hidrocarburífero ejecutado por Petrobras. Foto: RRSS.
El fallo del Tribunal Agroambiental que ratificó que el pozo Domo Oso-X3 está fuera de los límites de la Reserva de Tariquía y dio paso a la continuidad del proyecto petrolero no cierra las acciones legales de quienes se oponen a su ejecución. El diputado Gabriel Corvera, presidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija, anunció que, junto a su equipo jurídico, analiza nuevas medidas por la vía constitucional para rebatir la resolución en defensa de los recursos hídricos de Tarija.
En entrevista con Sumando Voces, el legislador cuestionó que el Tribunal Agroambiental haya sustentado su decisión principalmente en que el punto de perforación se encuentra fuera del área protegida, sin considerar el alcance de su zona de influencia ambiental e hídrica.
«Es un despropósito que el Tribunal Agroambiental mencione que (el pozo) no está dentro de la reserva y, por lo tanto, no afecta», manifestó. Corvera argumentó que, en proyectos de exploración y explotación, existe un radio de afectación de al menos cinco kilómetros y que el pozo se encuentra a 1,8 kilómetros del límite de la reserva.
El diputado también observó que la resolución declara infundados los recursos presentados, pero, en su criterio, no se fundamentan de manera suficiente. Por ello, informó que un equipo legal revisa los argumentos y los antecedentes de la notificación para definir las acciones que presentarán dentro de los plazos establecidos.
«Nos reservamos acciones constitucionales. Hemos ido agotando las acciones de subsidiariedad y otras, y ahora vamos a remitirnos a lo que la ley nos faculta, la Constitución nos faculta», sostuvo.
Una acción por la vía constitucional
Corvera explicó que, si bien no existe una instancia superior a la cual impugnar fallo del Tribunal Agroambiental, todavía existen mecanismos constitucionales a los que pueden recurrir, entre ellos la acción de amparo constitucional, la acción popular y la acción de cumplimiento, además de otros recursos que están siendo evaluados.
«En la vía ordinaria, mediante el Tribunal Agroambiental, no hay una instancia ulterior. Pero ahora tenemos la Constitución, que es el último de los espacios donde podemos remitirnos», explicó.
La preocupación, según el diputado, no se limita a la protección de los límites de la reserva, sino que comprende la preservación de las fuentes de agua que abastecen a distintas poblaciones del departamento. En ese sentido, recordó que las observaciones planteadas desde la Brigada Parlamentaria de Tarija apuntan a los posibles efectos del proyecto sobre los recursos hídricos.

Corvera preside la Brigada Parlamentaria de Tarija.
Corvera aclaró que no se opone a la búsqueda de alternativas para enfrentar la crisis energética. Sin embargo, considera que la actividad debe ofrecer garantías de protección ambiental y sanitaria.
«Siempre hemos dicho que el tema del gas natural de Tariquía en general son temas de importancia y que no estamos en contra del desarrollo. Siempre hemos manifestado que nos den la seguridad de que no va a existir una afectación medioambiental a los recursos hídricos y, por ende, una contaminación generalizada», afirmó.
El asambleísta puso en duda que las reservas estimadas de 4,8 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas justifiquen los riesgos ambientales que podría dejar el proyecto. «La cantidad de posibles TCF, 4,8, no garantiza o no justifica la invasión y la destrucción de toda la parte hídrica y medioambiental sin una mitigación correcta del impacto», indicó.
El agua, la principal preocupación
El diputado sostuvo que cualquier actividad de exploración y explotación hidrocarburífera genera algún grado de impacto ambiental. La discusión, dijo, debe centrarse en determinar si es posible reducir esos efectos sin comprometer los ecosistemas y, especialmente, las fuentes de agua.
«Lo que más nos preocupa es la contaminación de afluentes de agua, que es lo que en realidad terminaría siendo el daño ambiental más fuerte, porque no solamente sería un daño ambiental, sino un daño a la salubridad de nuestros pobladores», advirtió.
Corvera cuestionó el procedimiento desarrollado hasta ahora y señaló que existen observaciones sobre la socialización del proyecto y posibles irregularidades que, en su criterio, podrían constituir vicios de nulidad.
Mientras las comunidades de Tariquía preparan una reunión para definir sus acciones y no descartan acudir a instancias internacionales, desde la representación parlamentaria se abre una ruta de defensa por la vía de la Constitución.





