Los bolivianos fuimos testigos en las últimas décadas de cómo la corrupción se sistematizó y enraizó en la sociedad. Recuerdo de adolescente escuchar charlas recurrentes de familiares comentando cosas negativas de la honestidad de un tío que alcanzo en aquel entonces el grado de general de división de las Fuerzas Armadas, él vivía humildemente en un departamento muy próximo al mercado Yungas de la ciudad de La Paz, mientras sus camaradas contaban con distintas propiedades. Lo calificaban de tonto por no haber aprovechado su cargo o posición en el ejército. La gente en redes sociales puede exigir integridad de nuestras autoridades, pero ¿cuántas de esas personas consideran ingenuo, en su entorno familiar, a quien no aprovecha su cargo para enriquecerse? ¿Cuántas, si tuvieran la oportunidad, también tratarían de sacar alguna ventaja? La corrupción está en distintas esferas, comenzando en los juzgados, terminando en las calles. Dada la coyuntura surgen preguntas: ¿De dónde proviene la tendencia de la sociedad a cometer actos de corrupción? ¿Tiene solución? Porque recientemente con el caso del fiscal general Roger Mariaca se está haciendo creer que la corrupción generada por el narcotráfico es el principal enemigo del boliviano de a pie.
En la historia de la humanidad existen varios casos en los que la corrupción contribuyó a provocar puntos de inflexión en distintos imperios y sistemas políticos. El historiador y político romano Gayo Salustio Crispo (86 a. C.-35 a. C.) sostuvo que la codicia y la ambición desmedida de poder de gobernadores y senadores ponían en riesgo la República. Asimismo, Marco Tulio Cicerón (106 a. C.-43 a. C.) a lo largo de sus tratados políticos (De Re Publica y De Legibus) sostuvo que la República colapsó por el abandono de la ética pública y el tráfico de influencias. Marco Porcio Catón (234 a. C.-149 a. C.) denunció el enriquecimiento ilícito de la clase senatorial con la frase: “Los que roban a un particular pasan la vida entre cadenas; los que roban al Estado, entre oro y púrpura”, una frase cuyas palabras encajan con la realidad de la justicia boliviana.
Trágicamente, los países con ingresos por habitante muy bajos también suelen registrar elevados niveles de corrupción. Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional para 2026, entre los países con menor PIB per cápita nominal se encuentran Somalia, con aproximadamente 813 dólares; Sudán del Sur, con 488 dólares; y Yemen, con 384 dólares. Estos tres países también figuran entre los peor evaluados en materia de corrupción en el sector público. Según el índice de percepción de la corrupción difundido por Transparencia Internacional en 2026, Somalia y Sudán del Sur comparten el puesto 181, mientras que Yemen ocupa el puesto 177, en una clasificación de 182 países en la que el último lugar corresponde a la peor puntuación. Puede parecer una simple coincidencia, pero la relación entre pobreza y corrupción difícilmente puede ignorarse. La precariedad económica, la falta de oportunidades y la impunidad pueden favorecer la normalización de prácticas corruptas, mientras que la corrupción de las autoridades puede profundizar la pobreza. En un país donde las alternativas de la población de salir del umbral de la pobreza son escasas y las posibilidades de crecimiento económico resultan limitadas, solo queda como alternativa abrazar la corrupción como medio para mejorar sus vidas. Las autoridades de estos países altamente corruptos no tienen intención de penalizar de manera agresiva estos actos dentro de las instituciones del Estado, debido a que también salen beneficiados de la corrupción imperante.
Retomando la lista de Transparencia Internacional, Dinamarca figura entre los países con menor percepción de corrupción; parte de ello se debió a las políticas públicas dirigidas a la protección social y a una condena no solo penal ante hechos de corrupción, sino moral de la sociedad. Asimismo, existe un ambiente donde el danés siente que tiene distintas alternativas para desarrollarse personal y económicamente.
En redes sociales, cuando una autoridad o administrador de justicia es hallado cometiendo un acto de corrupción, abundan expresiones de desaprobación. Pero esta condena pública no es reflejo del actuar de la sociedad, donde normalizamos los hechos de corrupción. El psicólogo Robert Hare y Paul Babiak, en el libro Snakes in Suits del año 2006, abordaron estudios sobre la patología en entornos corporativos e institucionales, analizando cómo en entornos desregulados o impunes, los comportamientos de manipulación, falta de empatía y desprecio por las normas éticas dejan de ser castigados y se convierten en mecanismos adaptativos de supervivencia y ascenso social.
Es una de las razones por las que socialmente es aceptado que alguien aproveche su posición política o cargo para enriquecerse de manera irregular. Son estos mecanismos de supervivencia en un país en crisis. Existen casos de avasallamientos de tierras por personas que tienen cuantiosos antecedentes que cuentan con la protección de fiscales, tierras que son parceladas y vendidas a gente de escasos recursos. También están los avasalladores de áreas protegidas que, aprovechando la fragilidad institucional del Estado, con la disponibilidad de millones de dólares, manipulan la justicia con el fin de ejecutar proyectos inmobiliarios. Se ha normalizado la retardación de justicia, que perjudica a quienes no disponen de dinero para sostener un proceso. También existen policías que no realizan las investigaciones que la normativa les exige porque la parte litigante no cuenta con el dinero que solicitan para llevarlas adelante.
Estos días, los medios de comunicación están dando cobertura desmedida al caso del exfiscal general Roger Mariaca y la palabra narcoterrorismo es utilizada en titulares de manera frecuente. Se investigan los nexos entre la Fiscalía General y el narcotráfico. Sin embargo, surge una pregunta: ¿qué sucederá cuando aprehendan y procesen a todos los involucrados? Posiblemente otro grupo delictivo narcotraficante ocupará el lugar y extenderá su influencia en las instituciones del Estado nuevamente. Como país altamente corrupto, se corre el riesgo de que, si se facilita la entrada de inversiones, lleguen empresarios dispuestos a aprovechar la debilidad institucional en beneficio propio, sobreponiéndose al bienestar de los bolivianos. Nuestros gobiernos son expertos apagando incendios y no buscando y solucionando la causa. La pobreza y la corrupción se retroalimentan: con más del 80 % de la población ocupada trabajando en la informalidad, las posibilidades de prosperar para quienes respeten la normativa y los conductos regulares pueden resultar utópicas.
Cuando se dicten normativas donde se castiguen de manera más agresiva los actos de corrupción y se priorice el bienestar de la población generando confianza en el boliviano con las posibilidades de un mejor futuro, dejaremos de normalizar la corrupción, dejando de verla como una alternativa para salir de la pobreza o escalar social y económicamente.
Mientras tanto, la corrupción estará ahí, cambiando de actores como cambia de piel la serpiente.
Entretanto, las consecuencias las seguirán sufriendo Bolivia y su población desprotegida: en la naturaleza, con la contaminación de sus ríos, la destrucción de bosques, el tráfico de vida silvestre y el avasallamiento de áreas protegidas; y en la sociedad, con madres que buscan justicia para sus hijos asesinados, mujeres sin asistencia familiar para sus niñas y niños, y familias desalojadas de sus hogares mediante documentación fraguada.
Rubén Ticona Quisbert es economista y defensor ambiental.
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