Imagen ilustrativa. Foto: RRSS
ERBOL
Cuando una mujer es víctima de feminicidio, las consecuencias alcanzan también a sus hijas e hijos, que quedan en situación de orfandad y requieren protección y acompañamiento. Desde 2020 hasta julio de 2026, la Fiscalía General del Estado registra 536 huérfanos por feminicidio, aunque esta cifra no representa todavía el universo total de víctimas.
De acuerdo con los datos oficiales a los que accedió ERBOL, en 2020 se registraron 69 hijas e hijos huérfanos por feminicidio; en 2021, 79; en 2022, 93, el año con mayor cantidad del periodo; en 2023 y 2024, 87 en cada gestión; en 2025, 77, y hasta julio de 2026, 44. Del total, 308 son hombres, 219 mujeres y en nueve casos no se cuenta con el dato.
El Gobierno aprobó el reglamento de la Ley 1680 de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio y otros delitos contra la vida, que permitirá poner en marcha un registro nacional y establece un bono mensual equivalente al 20% del salario mínimo nacional, que actualmente representa Bs 660.
“Una vez que realmente se realiza este registro (…) se podrá tener con precisión estos datos de a cuántas personas se va a llegar (en total) y el presupuesto específico que se va a destinar”, explicó Mónica Bayá, representante de la Comunidad de Derechos Humanos, a ERBOL.
El bono está dirigido a menores de 18 años y podrá extenderse hasta los 25 si continúan sus estudios. También contempla a personas con discapacidad que estén impedidas de trabajar.
La norma establece además acceso gratuito a servicios de salud, inscripción inmediata al sistema educativo, prioridad para becas universitarias e institutos y, para menores de cinco años, un paquete alimentario mensual equivalente al 20% del subsidio de lactancia.
El registro será desarrollado por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, en coordinación con los gobiernos departamentales, según la explicación de Bayá.
Las familias que acogieron a niñas, niños y adolescentes y los centros donde se encuentren tendrán un rol activo en la inscripción, mientras que las defensorías de la niñez y las unidades educativas también participarán en la identificación de beneficiarios.
Además del apoyo económico, las gobernaciones deberán conformar equipos multidisciplinarios y móviles a nivel departamental para realizar seguimiento, acompañamiento y apoyo psicológico a las y los beneficiarios. La intención es conocer dónde están y en qué condiciones viven, ya que actualmente no existe un registro nacional completo desde la vigencia de la ley, en 2013.
La construcción de la norma fue impulsada por la Alianza de Huérfanos por Feminicidio en Bolivia, de la que formaron parte ERBOL, Fundación Voces Libres y el Observatorio de Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, junto a otras organizaciones, instituciones y familiares de víctimas. El proceso busca reconocer a niñas, niños y adolescentes afectados por estos delitos como víctimas con derechos propios y garantizarles protección y acompañamiento.
