Imagen de portada del libro «Minería Aluvial en el Río Madre de Dios: Impactos socioambientales y presión en el Territorio Indígena Multiétnico II», presentado por el CEJIS.
Luego de comenzar a ejercer control sobre las operaciones de minería ilegal y aurífera en la cuenca del río Madre de Dios, organizaciones indígenas del TIM II denuncian que sufren presiones y amenazas por parte de determinados sectores y hacen un llamado a las autoridades a acompañar las acciones de fiscalización y prevenir cualquier hecho de confrontación.
A través de un comunicado público, los corregidores, capitanes y autoridades orgánicas del Territorio Indígena Multiétnico (TIM II) —junto a la Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP)— lanzaron la alerta sobre posibles represalias de grupos de mineros y otros afines que buscan revertir las acciones comunitarias de autodefensa territorial y ambiental, alegando su derecho al trabajo.
“Denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional que, tras el ejercicio de nuestros derechos constitucionales de vigilancia, monitoreo y control territorial pacífico, nuestras autoridades y comunidades vienen siendo objeto de presiones, acoso y amenazas por parte de sectores que buscan imponer la actividad minera a costa de la contaminación de nuestros ríos y la vulneración de nuestros derechos colectivos”, señala el comunicado.
El documento recuerda que las tareas de monitoreo y control se enmarcan en el ejercicio de sus derechos, reconocidos por la Constitución Política del Estado y el Convenio 169 de la OIT, pero además en cumplimiento de una resolución de la Sala Plena del Tribunal Agroambiental (SP-TAA 13/2025, del 22 de octubre de 2025), que ordena la suspensión de todas las actividades mineras que operan fuera de las cuadrículas autorizadas por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
Dicha determinación también establece la paralización y suspensión temporal de las autorizaciones y concesiones mineras emitidas por la AJAM que no cuenten con la consulta previa, libre e informada con el TIM II, y la prohibición de autorización de nuevas áreas de exploración y explotación mineras dentro del Río Madre de Dios, sin un proceso adecuado de consulta y evaluación ambiental.
Las autoridades indígenas sostienen que no buscan perjudicar el derecho al trabajo de ninguna persona, pero sí exigen que toda actividad minera desarrollada dentro o en inmediaciones de su territorio cumpla con la legislación vigente, se sujete al principio de legalidad, cuente con las autorizaciones correspondientes en materia ambiental, respete los límites de las áreas mineras reconocidas y cumpla las obligaciones ambientales. «Fundamentalmente, exigimos que estas actividades respeten nuestros derechos territoriales», se lee.
Llamado a las autoridades
Asimismo, remarcaron la necesidad de una intervención efectiva de los órganos del Estado para proteger la vida y la integridad de las comunidades.
Exigen que las autoridades gubernamentales del nivel central, de los departamentos de Beni y Pando, la AJAM, el Ministerio Público, la Policía y las Fuerzas Armadas «garanticen el respeto de las decisiones jurisdiccionales vigentes, prevengan cualquier escenario de confrontación y acompañen las acciones de fiscalización y control territorial que venimos desarrollando en el marco de la libre determinación”, enfatiza el pronunciamiento.
Inspecciones en el Madre de Dios
La denuncia de acoso y presiones se produce luego de una serie de acciones asumidas por las comunidades indígenas ante los efectos que la minería aurífera aluvial por el uso del mercurio para la separación del oro.
A mediados de septiembre, autoridades del TIM II y la CIPOAP emitieron una resolución dando un ultimátum con plazo al 30 de septiembre para el retiro voluntario de las balsas mineras, las cuales siguen operando pese a que el Tribunal Agroambiental dispuso la suspensión de actividades y la AJAM frenó nuevos trámites de Comibol.
El 29 de septiembre, dirigentes indígenas sostuvieron una audiencia de emergencia con la Cooperativa ASOBAL en la que reafirmaron el ultimátum, fijando como condición el repliegue de las embarcaciones antes de cualquier negociación sobre las propuestas de compensación social presentadas por los mineros.
A comienzos de octubre, autoridades indígenas del territorio llevaron a cabo un monitoreo y recorrido de fiscalización a lo largo de 184 kilómetros del río Madre de Dios, identificando un total de 270 balsas mineras varadas e inactivas en ese tramo. Dicha inspección se realizó sin el resguardo de la Fuerza Naval, la Policía, la Fiscalía ni la AJAM, evidenciando el abandono institucional en la zona.
Estudios científicos realizados entre 2023 y 2025 sustentan las acciones del TIM II, revelando niveles de mercurio en muestras de cabello de hombres, mujeres y niños de las comunidades Tacana, Cavineña y Ese Ejja, que oscilan entre 1,90 y 5,10 partes por millón (ppm), superando holgadamente el límite de 1 ppm establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En este contexto, las autoridades indígenas ratificaron que continuarán firmes en la vigilancia territorial de los ríos amazónicos e hicieron un llamado a la solidaridad de la sociedad civil y los organismos internacionales de derechos humanos.
A continuación, puede leer el pronunciamiento in extenso:
