El pueblo Tsimane es uno de los que se encuentra en la zona afectada por la minería. Foto: Archivo La Región
ANF
La expansión de la actividad minera en Bolivia está reduciendo los espacios territoriales de varios pueblos indígenas y afectando sus formas tradicionales de vida, según Álex Villca, portavoz de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap).
“El despojo territorial y el hacinamiento de los pueblos indígenas ancestrales constituyen una de las consecuencias más graves e irreversibles del avance de la minería en Bolivia”, afirmó Villca a ANF.
El portavoz sostuvo que el crecimiento de la minería tomó mayor impulso tras la aprobación de la Ley 535 de Minería y Metalurgia, en mayo de 2014, y derivó en una creciente ocupación de territorios indígenas. Según explicó, esta expansión alcanzó municipios del norte de La Paz, como Apolo, Ixiamas y San Buenaventura, y también avanzó hacia Beni.
Uno de los casos señalados es el de la cuenca del río Kaka, territorio ancestral del pueblo Leco en la región de Larecaja. Villca afirmó que la proliferación de cooperativas mineras habría desplazado progresivamente el control territorial indígena.
“Prácticamente toda la cuenca del río Kaka ha quedado bajo el dominio de estos actores mineros y privados”, sostuvo. También denunció que algunas cooperativas funcionarían como “fachadas legales” para encubrir capitales privados extranjeros, entre ellos de origen chino y colombiano.
Otro caso corresponde al pueblo Esse Ejja, particularmente en San Buenaventura. Villca señaló que parte de esta población se encuentra concentrada en un espacio de aproximadamente ocho hectáreas.
“Los Esse Ejja han sido arrinconados en pequeños espacios territoriales”, afirmó. Según explicó, la reducción de sus territorios afectó áreas utilizadas tradicionalmente para la pesca, la cacería y la agricultura, limitando sus medios de subsistencia y su autonomía alimentaria.
El portavoz de Contiocap sostuvo que una situación similar se presenta en otros asentamientos Esse Ejja de La Paz, Beni y Pando, cuyos territorios, según su denuncia, fueron ocupados por cooperativas mineras, empresas madereras, ganaderos y comunidades interculturales que alegan tener “derechos preconstituidos” sobre la tierra.
Villca también advirtió sobre los riesgos para pueblos en aislamiento voluntario, como el Toromona, ante el avance de actividades mineras hacia áreas del Parque Nacional Madidi.
