Hay algo profundamente inquietante en mirar el Cerro Rico desde Potosí y verlo todavía allí, enorme, un poco k’asa, pero aún reconocible, como si fuera eterno. Desde la ciudad, la montaña continúa siendo parte del paisaje, de la memoria y de esa identidad potosina que aprendimos a nombrar desde niños. Pero basta acercarse un poco más para descubrir que, debajo de esa imagen, permanece una historia distinta: una montaña atravesada por socavones antiguos y nuevos, galerías, callapos, vacíos, desmontes, fracturas y cicatrices, que durante siglos ha entregado plata, estaño, zinc y otros minerales, pero que ahora parece estar entregando también otra cosa: hundimientos.
Para determinar la causa de la muerte de un individuo se realiza una autopsia, un procedimiento médico que consiste en el examen minucioso de un cadáver para determinar la causa, la forma y los mecanismos de la muerte, así como para analizar los efectos de las enfermedades o lesiones que sufrió en vida. En el presente caso, el Cerro Rico necesita una autopsia en vida: una anatomía que nos permita comprender cómo llegó hasta este punto, qué le hemos hecho durante siglos y qué estamos haciendo todavía.
La historia del Cerro Rico es un archivo vivo de memoria, quizá uno de los más significativos del mundo sobre lo que ha significado la extracción minera y sus efectos. Desde la Colonia, la Waca o Montaña fue perforada para extraer su riqueza. Después vino la República, la minería estatal, COMIBOL y, desde 1985, la creciente presencia del sector cooperativista. Cada época dejó sus propias galerías, desmontes, accesos y formas de explotación. El daño se acumuló durante siglos y, con él, también se volvió histórica la responsabilidad. La propia COMIBOL reconoce que más de quinientos años de explotación minera han incrementado la inestabilidad física del macizo. Los estudios técnicos, además, identifican hundimientos vinculados a antiguas explotaciones, incluyendo zonas intervenidas desde la época colonial.
Quizás el mayor error sea mirar únicamente el agujero que aparece en la superficie. Durante estos últimos años hemos visto cómo algunos de esos hundimientos han sido “parchaditos” con cemento, como una curita que intenta tapar una herida. Pero el hundimiento es apenas la parte visible de un problema que puede comenzar muchos metros más abajo. Durante décadas, la explotación minera generó galerías y vacíos dentro del macizo. Allí donde antes existía roca, hoy existen espacios excavados; allí donde existían estructuras naturales de soporte, hay sectores debilitados por la extracción. Un estudio sobre los riesgos de estabilidad física del Cerro Rico identifica precisamente diferentes zonas de hundimiento y advierte sobre la relación entre antiguas labores mineras y la modificación de la estructura del macizo.
Por eso, cuando vemos una grieta, una depresión o una nube de polvo sobre la cúspide, quizás estamos viendo solamente la última escena de una historia que comenzó mucho antes. El agujero que vemos arriba puede ser la consecuencia de un vacío que no vemos abajo. Y esa diferencia es fundamental, porque mientras discutimos cómo rellenar el hundimiento, deberíamos preguntarnos también qué está ocurriendo con aquello que continúa vacío dentro de la montaña.
Las cifras también cuentan una historia. En 2021, COMIBOL ya advertía sobre varios hundimientos en la montaña. Entre finales de 2021 e inicios de 2022 se identificaron 113 incidencias geológicas. Posteriormente, las cifras fueron aumentando. En 2025, COMIBOL reportó 144 y posteriormente 145 hundimientos. En octubre de ese mismo año se llegó a reportar 148. La Universidad Autónoma Tomás Frías, por su parte, había identificado más de 150 hundimientos mediante estudios propios. No debemos cometer el error de sumar mecánicamente todas esas cifras, porque las instituciones utilizan categorías y momentos de medición diferentes. Pero existe algo que sí podemos afirmar: el problema no es pequeño, aislado ni reciente.
Y mientras discutimos si son 144, 148 o más de 150, la montaña continúa cambiando. El 30 de septiembre de 2026, un hundimiento en la bocamina de la Cooperativa 9 de Abril, provocó la muerte de tres trabajadores y dejó dos personas heridas. Días después, el 3 de octubre, una nueva polvareda en la parte alta volvió a encender las alarmas. El Cerro Rico no solamente se está hundiendo. También está cobrando vidas.
Existe una tendencia peligrosa a hablar de la minería solamente en términos de toneladas, cotizaciones y regalías. Pero debajo de cada tonelada extraída hay una persona. Un trabajador que baja a una montaña que conocemos desde afuera como patrimonio, pero que para él constituye también su fuente de trabajo. Esta es una de las contradicciones más difíciles del Cerro Rico: preservar la montaña no puede significar desconocer a quienes dependen económicamente de ella, pero proteger una fuente de trabajo tampoco puede significar aceptar indefinidamente condiciones que ponen en riesgo la vida.
El propio Decreto Supremo N.º 27787 establece obligaciones relacionadas con la seguridad, la preservación y la estabilidad del Cerro Rico. También establece restricciones específicas para las actividades mineras en determinadas cotas. Y esto nos hace preguntarnos: ¿qué significa proteger la vida de los trabajadores cuando el lugar donde trabajan presenta señales de inestabilidad? No basta, pues, con exigir que se coloque un casco, restringir horarios o monitorear una grieta. La seguridad debe comenzar mucho antes del accidente.
Para las y los potosinos, el Cerro Rico no es solamente un yacimiento mineral. Es patrimonio e identidad. Y no solamente porque UNESCO lo haya reconocido. Es patrimonio porque contiene parte de la memoria histórica de Potosí y porque su existencia está inseparablemente vinculada con la ciudad, con su arquitectura, con sus antiguos sistemas hidráulicos, con los ingenios y con la historia de las personas que durante generaciones vivieron alrededor de la actividad minera.
En 2014, UNESCO inscribió la Ciudad de Potosí en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, señalando entre las amenazas la actividad minera incontrolada, la inestabilidad y el riesgo de derrumbes del Cerro Rico, las deficiencias de conservación, la aplicación insuficiente de la legislación protectora y los impactos ambientales. Pero esta advertencia no comenzó en 2014. Ya en 2011, UNESCO había pedido finalizar los estudios geotécnicos, implementar medidas para garantizar la estabilidad estructural de la cima, establecer sistemas de monitoreo y detener determinadas actividades entre las cotas 4.400 y 4.700 metros. En 2014 volvió a señalar que la moratoria no había sido efectivamente aplicada y, en 2025, volvió a pedir al Estado boliviano priorizar el cierre definitivo de las labores mineras por encima de los 4.400 metros.
Quince años de advertencias deberían ser suficientes para entender que ya no estamos frente a una emergencia inesperada. Estamos frente a un riesgo conocido.
Desde 2022, COMIBOL implementó el relleno seco como medida de emergencia para mitigar los hundimientos. En 2025, la estatal informó que había trasladado aproximadamente 424.720 toneladas de desechos metalúrgicos hacia 55 incidencias geológicas. En uno de los mayores hundimientos, el denominado H-3, se habían depositado alrededor de 95.000 toneladas. El problema radica en que un relleno superficial no necesariamente puede resolver un problema cuya raíz está también en el interior de la montaña, una montaña que continúa siendo explotada a pesar de las advertencias. En 2026, las autoridades anunciaron la necesidad de estudiar nuevos métodos de preservación, después de los cuestionamientos sobre la eficacia de la estrategia aplicada.
Entonces debemos tener cuidado con una tentación muy humana: confundir la actividad de intervenir con la solución del problema. El hecho de que cientos de miles de toneladas sean trasladadas hasta la montaña demuestra que se está haciendo algo. Sí. Pero hacer algo no necesariamente significa resolverlo.
Hay algo particularmente preocupante en la historia reciente del Cerro Rico: la emergencia parece haberse convertido en una forma permanente de administración. Las autoridades se limitan a destinar recursos para monitorear, dar la orden de rellenar, medir, volver a rellenar, anunciar estudios, elaborar informes y, después, volver a reaccionar cuando aparece otro hundimiento. De esta manera, la respuesta estatal corre el riesgo de reducirse a reaccionar superficialmente cada vez que una parte de la montaña cede.
Esto no es una exigencia nueva. Debe existir una política integral de preservación. UNESCO pidió hace años estudios geotécnicos, monitoreo, estabilidad estructural, planes de emergencia y medidas para impedir actividades mineras incompatibles con la preservación. En 2025, UNESCO volvió a expresar preocupación por el retraso en la implementación de las medidas de conservación y pidió recursos adecuados y la aplicación efectiva del plan actualizado. Entonces nos preguntamos: ¿cuánto tiempo puede transcurrir entre conocer un riesgo y adoptar una solución definitiva?
Ahora bien, quizás esta sea la parte más difícil de esta anatomía: ¿quién es responsable del hundimiento del Cerro Rico? La respuesta fácil sería señalar a los actuales operadores mineros. Pero sería una respuesta incompleta. También existe una responsabilidad histórica del Estado, de las instituciones mineras, de los operadores que explotaron la montaña durante diferentes períodos y de las autoridades que conocieron las advertencias y tuvieron la obligación de hacerlas cumplir.
El Decreto Supremo N.º 27787 no nació ayer. Fue aprobado en 2004, precisamente para regular las actividades mineras preexistentes y conciliar la explotación económica con la preservación del Cerro Rico. La norma establece restricciones de acuerdo con las cotas y obligaciones de preservación y estabilidad. UNESCO, por su parte, ha recordado repetidamente la necesidad de hacer cumplir esas restricciones. Y aquí aparece una palabra que en derecho ambiental resulta fundamental:
Prevención
El Estado no debería esperar a que el daño se materialice para actuar cuando existen estudios, informes y señales que permiten anticiparlo. La prevención existe, precisamente, para evitar que la tragedia tenga que convertirse en prueba.
Por último, hay una última capa que no podemos dejar fuera. Mientras el Cerro Rico se hunde, también produce riqueza. Durante el primer semestre de 2026, Potosí registró más de Bs 1.057 millones en regalías mineras. La Ley N.º 535 establece que el 85% de la Regalía Minera corresponde al Gobierno Autónomo Departamental productor y el 15% a los municipios productores. Parte de esos millones son producto de la explotación de los recursos naturales del Cerro Rico y otros provienen de las demás operaciones mineras distribuidas en todo el departamento de Potosí.
Entonces, si Potosí genera tanta riqueza para el país producto de la explotación minera, pero también carga con el sacrificio ambiental y el despojo de territorios de pueblos indígenas, debemos preguntarnos: ¿cuánta de esa riqueza generada por la explotación minera retorna realmente al territorio para prevenir, mitigar y reparar los daños producidos por esa misma actividad?
Ahora podamos entender que el hundimiento del Cerro Rico tiene muchas capas. Primero está la historia extractiva; después, el vaciamiento interno; luego aparecen las fracturas y los hundimientos; debajo de ellos está el riesgo laboral; alrededor de todo esto existe un patrimonio mundial en peligro; como respuesta, aparece el relleno seco; después, los estudios, los monitoreos, las restricciones y las decisiones institucionales: la respuesta estatal; y finalmente aparece la pregunta inevitable por las responsabilidades.
La Waca – el Cerro Rico, no puede seguir siendo solamente una montaña de la que se extrae riqueza y a la que, cuando comienza a hundirse, se le arroja material para intentar devolverle estabilidad.
El verdadero hundimiento del Cerro Rico no es solamente geológico. Es también de identidad, memoria, historia, seguridad ambiental, social, económico, político y jurídico.
Porque la montaña nos está mostrando algo que durante mucho tiempo preferimos no mirar: el costo de extraer no desaparece cuando el mineral sale de la montaña.
Se ha quedado en los vacíos de sus socavones, en los pasivos ambientales, en el agua, en los pulmones de un trabajador y, recientemente, en la forma de una nube de polvo sobre la cúspide.
Quizás esa sea la verdadera anatomía del hundimiento, no solamente la de una montaña que se está cayendo, sino la de una sociedad que durante siglos aprendió a extraer de ella, pero que todavía no ha aprendido a hacerse cargo de lo que queda después de extraer.
Angela Jhoset Uzuna Bobarín es abogada potosina independiente, de origen quechua. Desertora de las becas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y escritora aficionada. Abogada por profesión, antiacadémica por vocación.
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