Mujeres autoridades electas para los gobiernos subnacionales.

POR MIRIAM TELMA JEMIO

Antes de ser posesionada, Isidora Alcón Flores, alcaldesa electa con el 40% de los votos en Huachacalla, Oruro, fue conminada a renunciar por pobladores de su municipio. El 1 de abril, diversas organizaciones emitieron pronunciamientos denunciando acoso y violencia política y dando su apoyo a la víctima.

Así comenzaba la nueva gestión de autoridades subnacionales: alcaldes, gobernadores, concejales y asambleístas. Esta denuncia se sumaba a las más de 900 registradas en el Ministerio Público desde la promulgación de la Ley 243, de las cuales solo ocho obtuvieron sentencia hasta 2025.

La violencia y el acoso político no han sido frenados por la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres en Bolivia. Las víctimas cuestionan los vacíos que persisten en su aplicación y dificultan el acceso a la justicia y plantean la necesidad de reformarla para evitar el despojo del mandato que ganaron en las urnas.

Una de las formas más usadas para apartarlas de sus cargos son los “acuerdos forzosos de gestión compartida” que firman una vez electas. De esa manera, obligan a concejalas y asambleístas departamentales a renunciar a mitad de gestión dejando la titularidad al suplente varón.

Las autoridades electas recibieron sus acreditaciones a fines de abril, pero las denuncias de acoso y violencia comenzaron a llegar tres semanas antes. El 6 de abril, la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) emitió un pronunciamiento en el que alertaba que esos acuerdos son ilegales y que los responsables pueden recibir penas de dos a ocho años.

Los datos oficiales y testimonios de primera mano muestran una brecha entre los avances legales y la realidad que enfrentan muchas mujeres electas, que continúan expuestas a situaciones de acoso y violencia política. Incluso la Defensoría del Pueblo expresa que la Ley 243 “ha fracasado” en cuanto a las sentencias, ya que en 14 años de vigencia menos del 1% de los casos denunciados terminó con dictamen.

Ante una justicia que revictimiza y archiva la mayoría de los casos, la articulación entre mujeres y el conocimiento del marco legal se convierten en herramientas de defensa contra el acoso y la violencia que sufren cuando enfrentan acciones destinadas a alejarlas de sus cargos.

60% de los casos de acoso y violencia política, reportados del 2021 al 2023 al Órgano Electoral Plurinacional (OEP), derivaron en renuncias forzadas de mujeres electas, según la Defensoría del Pueblo.
En ese marco, para ellas, conocer la ley y las vías de solución disponibles es una prioridad para resistir en el cargo y hacer frente a un sistema que intenta invisibilizarlas.

La realidad de las autoridades electas

A primera vista, los datos muestran un avance importante en la representación política de las mujeres. Tras las Elecciones Generales de 2025, las mujeres alcanzaron una representación inédita del 52,4% de los escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Por otra parte, a decir de la Coordinadora de la Mujer, las Elecciones Subnacionales 2026 marcaron un hito para la representación política de las mujeres con la elección, por primera vez, de dos gobernadoras –Gabriela de Paiva Padilla, Pando y María René Soruco Campero, Tarija– y de la primera vicegobernadora del departamento de Santa Cruz, Jessica Paola Aguirre Melgar.

A pesar de ello, las brechas persisten en los espacios de mayor poder ejecutivo local: solo 31 de los 335 municipios del país eligieron a una mujer como alcaldesa, equivalente al 9%.

En el caso de asambleístas departamentales y concejalas, deberían ser titulares en el 50%. De los 2044 concejales del país, 1022 deberían ser mujeres; lo mismo en el caso de las asambleístas. Según la asambleísta beniana Belza Rivera, en ese departamento las mujeres ocupan el 45% de los escaños.

A simple vista, parece que el sistema funciona y que las mujeres están llegando a los espacios donde se toman decisiones. Pero la cantidad de denuncias muestra otra realidad. La mayoría de las concejalas, principalmente, trabaja bajo asedio constante. Y, según la ACOBOL y la Defensoría del Pueblo, una gran parte ni siquiera llega a denunciar.

En 2022, Oxfam, junto a la Coordinadora de la Mujer y la Universidad Mayor de San Simón, develó que ocho de cada 10 autoridades electas sufrieron acoso o violencia política: el 80%. Para ponerlo en contexto, la ACOBOL registró 1049 denuncias por estos motivos en la última década. En tanto, entre 2018 y noviembre de 2025, el Tribunal Supremo Electoral recibió 372 denuncias que implican a 726 denunciados.

Los datos recopilados por la Defensoría del Pueblo muestran las dificultades para que las denuncias lleguen a una sentencia. Entre 2012 y 2025, el Ministerio Público procesó 928 denuncias y solo ocho llegaron a sentencia —cinco por acoso y tres por violencia—, 28 estaban en etapa preliminar, 23 en etapa preparatoria, 23 en juicio, dos en apelación y, lo más preocupante, 844 casos fueron cerrados o desestimados, es decir, el 91 %.

El siguiente gráfico. elaborado por el TSE. muestra que, entre 2016 y noviembre de 2025, el Tribunal Supremo Electoral registró 403 casos sobre acoso y violencia política (AVP) y se recibieron 568 renuncias.

Nelson Churqui, jefe de la unidad de derechos generacionales y género de la Defensoría del Pueblo, señala que en las investigaciones realizadas sobre el tema establecieron que los compromisos forzosos de gestión compartida son los que más generan hechos de violencia.

En la última elección identificaron algunos casos en que a las concejalas titulares les han pedido las renuncias. “¡A la semana de ser electas!, ya no es a los dos años y medio de gestión”, enfatiza. Algunas dimiten argumentando conflictos familiares. Esto desequilibra a un concejo municipal donde, habiendo paridad, y en relación con la alternancia, termina con mayoría de hombres. “Ahí ya no existe una representación propiamente de las mujeres. Esto debe ser analizado por el Órgano Electoral Plurinacional”, reflexiona Churqui.

El siguiente gráfico muestra las causales de las renuncias, la mayoría atribuye su decisión a causas familiares o personales. La Defensoría del Pueblo recomienda al OEP analizar las dimisiones por esas causales, porque pueden esconder acoso o violencia política.

Acuerdos de gestión compartida, la vía para despojarlas del poder

Si ya están ocupando el cargo, ¿cómo logran sacarlas de ahí? La asambleísta beniana Mariana Espinosa Arias dice que los políticos incluyen a las mujeres en las listas para cumplir con la cuota que exige la ley. Una vez conseguido el escaño, empieza el acoso para que se vayan.

“Para poder inscribir una candidatura (…) nos ponen a las mujeres. Una vez adentro, hacen que dejemos el curul (…). Sin voz ni voto, ni dónde reclamar ni quién nos respalde, no podemos continuar”, remarca Espinoza.

Los compromisos forzosos de “gestión compartida” se han convertido en una de las vías más recurrentes para obligar a las mujeres electas en municipios y departamentos a renunciar a su titularidad a mitad de gestión para que el suplente asuma el cargo por el periodo restante.

El informe defensorial “Obligadas a renunciar. Compromisos Forzosos de Gestión Compartida: Vulneración a los Derechos Políticos de las Mujeres”, de 2023, establece que solo en 2021 se registraron 151 casos ligados exclusivamente a la gestión compartida. De las 268 concejalas encuestadas para ese informe, 72 aseguraron tener un acuerdo de este tipo. Además, de 52 de 151 denuncias registradas por ACOBOL eran por el mismo motivo.

La investigación de la Defensoría del Pueblo, desarrollada en 2021, contempló 326 encuestas a mujeres: 58 asambleístas y 268 concejalas. Abarcó a las nueve asambleas legislativas departamentales y a 96 concejos municipales. Estos últimos representaban el 28% de los gobiernos municipales.

Estos acuerdos, firmados entre la titular y el suplente, no están contemplados en el ordenamiento jurídico. El artículo 288 de la Constitución Política del Estado establece que el periodo de mandato de las autoridades democráticamente electas es de cinco años, explica Yovanka Rodríguez, abogada de ACOBOL.

Las causales para la renuncia o pérdida de mandato establecidas por las normas vigentes son cinco: sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, renuncia expresa, revocatoria de mandato, fallecimiento e incapacidad permanente.

Una sesión del Concejo Municipal del municipio de Irupana. Foto: CM

Los acuerdos son impuestos por autoridades locales, organizaciones políticas, organizaciones sociales o las propias comunidades a las que pertenecen las víctimas. La asociación de concejalas ha establecido que, para hacer cumplir los acuerdos, las víctimas son sometidas a diversas violencias –física, psicológica, económica y patrimonial–, reciben amenazas, agresiones, amedrentamientos e incluso acoso laboral.

Gabriela Murillo, responsable de proyectos de la Coordinadora de la Mujer, remarca que los acuerdos han mutado con el tiempo. Inicialmente obligaban a las candidatas a firmar renuncias, con fecha previa, antes o al asumir el cargo; incluso lo hacían en presencia de un notario público para dar validez legal al acto.

Tras la socialización realizada con los notarios públicos sobre la ilegalidad de ese tipo de documentos y la aplicación de sanciones si se prestan a avalarlos, los mecanismos de coacción evolucionaron hacia la firma de “pagarés” o “préstamos” para lo cual las víctimas ponen como respaldos sus viviendas o terrenos por montos equivalentes al salario recibido por dos años y medio, los cuales se cobran o ejecutan si la autoridad se niega a renunciar.

Uno de esos casos se registró en Cochabamba. La concejala firmó un contrato privado, pero se mantuvo en el cargo, denunciando acoso político. A pesar de la persistente presión que recibió, durante 2025, por no cumplir el acuerdo, sus detractores no lograron apartarla del Concejo y terminaron instaurándole un proceso ejecutivo.

“Y en este momento, existe la posibilidad de que se rematen sus bienes”, manifestó, Jimena Fajardo, profesional de la Defensoría del Pueblo, durante la capacitación impartida a asambleístas departamentales, los primeros días de septiembre.

No hay tregua para evitar la paridad, se usan tácticas que van desde la violencia física hasta el uso instrumental de figuras legales como el transfugio político y está también la presión social, comunitaria y económica.

Murillo detalla que cuando una concejala se niega a renunciar o denuncia el hecho, enfrenta campañas de desacreditación comunitaria (la acusan de “traidora” al partido), congelan sus sueldos (hasta por seis meses), hostigan a su familia y viven situaciones extremas que en varios casos las obligan a abandonar sus municipios o migrar de sus comunidades.

La promesa de la Ley 243 incumplida

¿No hay ninguna ley que las proteja de estos atropellos? La respuesta es sí: la Ley 243, promulgada hace 14 años.

Como bien recuerda la asambleísta tarijeña Miriam Torres, esta ley garantiza “las herramientas jurídicas para que las mujeres puedan defenderse”. En teoría, Bolivia cuenta con una legislación pionera contra la violencia política. Sin embargo, el informe defensorial “Obligadas a renunciar” muestra las dificultades para que estas herramientas se traduzcan en sanciones efectivas.

“Tomando en cuenta las cifras de denuncias y sentencias registradas en el informe defensorial (de 2023) se menciona que la Ley 243 ha fracasado en el marco de la persecución y sanción, porque no se tienen sanciones ejecutoriadas en razón a la cantidad de denuncias registradas durante la vigencia de la ley”, establece Churqui.

• La Ley 243, promulgada el 28 de mayo de 2012, establece mecanismos de prevención, atención y sanción contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres.
• Su objetivo es garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres candidatas, electas, designadas o en funciones político-públicas.
• Su fin es eliminar cualquier acto, conducta o manifestación individual o colectiva que busque acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de las funciones políticas de las mujeres.

 https://www.lapublica.org.bo/images/Ley_243.pdf

El informe defensorial de 2023 todavía está abierto porque de las 16 recomendaciones realizadas a diferentes instancias solo se cumplieron 13. Dos parcialmente, como el que correspondía al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, ahora Ministerio de la Presidencia, sobre la consolidación del mecanismo de prevención y atención inmediata de defensa de derechos de las mujeres. Se avanzó en el protocolo, pero falta el reglamento para consolidarlo.

También falta el reforzamiento del mecanismo de detección de hechos de acoso y violencia política al momento de recibir las renuncias de concejalas y asambleístas ante el OEP. Se espera que el reglamento sea fortalecido y sea conocido por todos los tribunales departamentales electorales para evitar más renuncias forzadas.

Impunidad y justicia denegada

Hay un abismo estadístico que documentó la Defensoría del Pueblo hasta octubre de 2023. Menos del 1% de las denuncias terminaron con sentencias. El informe también revela que solo el 25% de esas denuncias se presentaron de manera correcta. Esto evidencia problemas en la implementación de la norma.

Pasar por el embudo del sistema judicial es prácticamente imposible. La asambleísta cruceña Gloria Vidal Honor dice que es necesario vigilar que el sistema judicial no revictimice a la víctima, dándole un premio al victimador. “En vez de protegerte, el proceso judicial te castiga por denunciar”, lamenta.

Una muestra es lo sucedido con la exconcejala de Cuatro Cañadas, Santa Cruz, Miriam Cahuasiri Sánchez, quien tuvo su propia pesadilla legal contra un alcalde. Explica que por fiscalizar al alcalde sufrió violencia y acoso en las redes sociales por lo cual denunció a la autoridad edil. A pesar de las pruebas presentadas, su caso fue desestimado, tras un largo proceso burocrático sostenido por autoridades de alto nivel.

Resiliencia y capacitación

Ante esta maquinaria para forzarlas a dimitir, la asambleísta beniana Belza Rivero Leigue pone sobre la mesa una solución: apropiarse del espacio. Insiste en que hay que hacerse respetar y, sobre todo, dar batalla.

Las autoridades electas consultadas por La Pública destacan que, sin información legal, sin capacitación y sin el respaldo de otras mujeres, es imposible resistir a un proceso judicial y exigir que se cumpla la ley.

Retomando el caso de Miriam Cahuasiri, actual asambleísta de Santa Cruz y presidenta de la Asamblea de Santa Cruz, ella resalta que, aunque el sistema ponga trabas y no se logre una sentencia, el hecho de enfrentarse y denunciar ya tiene un impacto. Con su denuncia marcó un precedente y logró que sus detractores cambiaran de actitud.

Un caso emblemático de resiliencia frente al acoso político es el de la concejala Daniela Cabrera (Cochabamba). Al fiscalizar al alcalde Manfred Reyes Villa, como presidenta del Concejo, sufrió más de un año de hostigamiento, agresiones y amedrentamiento. Pese a presentar las pruebas, su denuncia se estancó mientras un proceso en su contra por transfugio avanzaba.

Murillo advierte la gravedad del tema, ya que de haber prosperado la destitución de Cabrera por transfugio, “se habría sentado un antecedente nefasto para despojar del cargo a cualquier mujer electa” que no fuera del agrado de la dirigencia de su partido.

Apoyada por colectivos de mujeres, la exconcejala resistió más de un año hasta asumir como diputada. Desde esa instancia impulsa, junto a varias organizaciones, el proyecto de ley de violencia digital. Tras vivir un año de violencia política, identificó que el ataque físico en el Concejo Municipal sumó una campaña virtual impune por un vacío legal.

 

La diputada Daniela Cabrera Guillén presentó el proyecto de ley contra la prevención de la violencia digital, junto a la Coordinadora de la Mujer, Oxfam Bolivia y la Fundación Internet Bolivia, en abril. Foto: Miriam Jemio

Mientras se aplique efectivamente la Ley 243, las concejalas y asambleístas han visto en la capacitación una herramienta para defenderse. En este campo, el OEP, la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora de la Mujer, en alianza con diversas ONG, durante años han impartido capacitaciones para fortalecer las competencias de las mujeres.

“Es importante que se capaciten en estos cursos, que se informen, para también hacer seguimiento a la parte judicial. Ver si se cumple la normativa o se está violando los derechos de las personas que realizan las denuncias (…). Se las revictimiza dando un premio al victimador y dejando a la víctima sin una sentencia favorable”, remarca la asambleísta Vidal.

La Coordinadora de la Mujer impulsa el fortalecimiento de capacidades de concejalas y asambleístas departamentales mediante el dominio de instrumentos de gestión legislativa. Este acompañamiento responde a la necesidad de prevenir la violencia política, ofreciendo herramientas para identificar vulneraciones a sus derechos en el ejercicio de sus funciones.

A través de talleres virtuales y presenciales realizados en coordinación con ACOBOL y la AMADBOL capacitan a las autoridades, incluso desde que son candidatas, en competencias municipales, departamentales y marco legal.

Buscan optimizar sus labores legislativas, “esto para que puedan identificar si en su trabajo de fiscalización, de legislación y proposición están siendo violentadas o si ellas estuvieran implementando algo que no corresponde”, explica Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer.

Las organizaciones están alertas en cada proceso electoral para dotar de instrumentos, aunque hay indignación por tener que preparar preventivamente a las autoridades contra la violencia y evitar que las obliguen a renunciar. “Lamentamos mucho tener que desarrollar procesos para prepararlas para enfrentar situaciones que sabemos que van a vivir, cuando no debería ser así”, expresa Sánchez.

Modificar la norma para una efectiva defensa

Bolivia tiene una legislación pionera. La Ley 243 fue la primera de la región, pero la impunidad es alta: 91% de los casos de acoso y violencia política acaba desestimado. Existen vacíos y se demanda una reforma a esa ley de manera que la paridad sea una realidad segura para las mujeres.

Por ejemplo, para terminar con los acuerdos forzosos de gestión compartida, se propone que en los concejos municipales y asambleas departamentales los suplentes sesionen una semana al mes y perciban un salario, igual que en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

De esa manera se eliminaría el sesgo de género, se respetaría el mandato de cinco años y habría una verdadera gestión compartida; sin embargo, esta modalidad implica contar con mayor presupuesto.

Se han establecido vacíos en la Ley 243 debido a los cuales los procedimientos y mecanismos de sanción no están funcionando. La Directora de la Coordinadora de la Mujer dice que no funcionan porque los operadores públicos necesitan fortalecer sus capacidades y también se necesita fortalecer la ruta de la denuncia.

La ley establece, por ejemplo, que los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) son los que tienen que responder en primera instancia. “Son juez y parte. ¿Cómo una concejala va acudir al SLIM cuando el alcalde es el jefe de quien la va atender? Hay este tipo de inconsistencias que se deben mejorar”, cuestiona Sánchez.

La asambleísta Cahuasiri lamenta que los actores principales como la Policía, la Fiscalía y el Tribunal del OEP no cumplan con todo lo establecido en la Ley 243. Lo que permite que las víctimas enfrenten “un camino burocrático, cansador y agotador económicamente” cuando acuden a la justicia. En ese marco, coincide con sus pares en la necesidad de una revisión.

Mientras tanto, alcaldesas, concejalas y asambleístas departamentales siguen resistiendo el acoso y la violencia política, sin el respaldo que debería darles la aplicación de la Ley 243. Es el caso de Isidora Alcón Flores, que no dimitió y actualmente funge como alcaldesa de Huachacalla, a pesar de que los pobladores la “conminaron” a renunciar bajo el argumento de que, de acuerdo al manejo orgánico de la comunidad, no le correspondía asumir ningún cargo.

“Si nosotras estamos aquí hoy es porque hemos sido mujeres resilientes, que no nos hemos rendido y que tenemos toda la responsabilidad, y créanme el peso que tenemos encima, para demostrar ante la sociedad que somos mujeres capaces de cumplir una gestión política pública y hacer gestión, porque tenemos esa responsabilidad de abrir esas brechas patriarcales para otras mujeres que vienen en camino”

Miriam Cahuasiri, asambleísta de Santa Cruz.

“Esta investigación fue realizada con el apoyo del Fondo Concursable de la Fundación para el Periodismos (FPP) en el marco del proyecto Comunidad Informada, una iniciativa impulsada por CFI y la Embajada de Francia”.