En la conciencia de los bolivianos se encuentra intacta la situación económica que dejó al país la conclusión de la hegemonía política del Movimiento Al Socialismo, debido a que Bolivia está enfrentando distintas crisis como consecuencia de las políticas que ejecutaron tanto Evo Morales Ayma como Luis Arce Catacora.
En las campañas electorales presidenciales de 2025, sobre todo en primera vuelta, era común escuchar a los candidatos hablar de la situación lamentable en la que nos estaban dejando los gobiernos del MAS, pero, al mismo tiempo, de manera contradictoria, proponer bonos y construcciones millonarias de infraestructura en favor de distintos sectores, como salud, educación, vivienda y servicios básicos.
Para la segunda vuelta se proponía no recurrir a préstamos de organismos bilaterales o multilaterales para estabilizar la economía, o acudir a organismos multilaterales para dotar inmediatamente de divisas al sistema financiero; asimismo, se planteaban fondos soberanos que otorgarían acciones y dividendos provenientes de la explotación de litio, gas o hierro del Mutún a mayores de 18 años. Sin duda alguna, promesas que, en su mayoría, representaban una alta erogación de recursos o simplemente promesas sin sustento económico real, como el caso de las acciones y dividendos.
La realidad de aquel entonces, a nivel macroeconómico, no permitía tener muchas opciones de política, tanto monetaria como económica en general, para evitar que la crisis se profundizase, mucho menos para proponer todo aquel carnaval de propuestas. Al cierre de 2025, las Reservas Internacionales Netas (RIN) bordeaban los 3.713 millones de dólares. De estas, el 85% estaban compuestas por oro físico, revelando que el Estado carecía de liquidez operativa (BCB, 2025). Las transferencias y compras al exterior eran excesivamente caras debido al mantenimiento del tipo de cambio fijo, presentando, en algunos casos, un comportamiento especulativo en el mercado cambiario que benefició económicamente a las entidades de intermediación financiera.
Bolivia había acumulado 11 años consecutivos de déficit en las cuentas del sector público no financiero, situándose entre un 7% y un 9% del Producto Interno Bruto (PIB) (CEPAL, 2025). El crecimiento de este rondaba entre el 1,5% y el 2%, insuficiente para absorber la oferta laboral. Se presentaba un balance comercial energético negativo por la baja producción y exportación de hidrocarburos (YPFB, 2025), lo que derivó en un incremento del costo fiscal para la importación y subvención de diésel y gasolina, que superó los 1.500 a 2.000 millones de dólares anuales, monto que prácticamente equivalía a la totalidad de las RIN con las que contaba el BCB (IBCE, 2025).
Se observa que una de las causas de la inefectividad de las políticas económicas en países en crisis se debió al impago o la reprogramación de la deuda pública externa. Bolivia, para diciembre de 2025, contaba con un saldo de deuda externa de 14.131 millones de dólares, representando un 24,6% del PIB (BCB, 2025). Lo más preocupante fue el incremento desmedido de la deuda interna bruta a 33.250 millones de dólares, de la cual el BCB concentró el 65% a través de créditos al Tesoro General de la Nación – TGN (BCB, 2025), que se utilizaron para el sostenimiento del gasto público y subvenciones durante los gobiernos del MAS. Asimismo, el BCB financiaba la construcción de empresas públicas. Prácticamente, durante el periodo del MAS, el BCB prestaba dinero al TGN, con una muy alta probabilidad de incobrabilidad.
¿Qué político racional, en la situación macroeconómica que enfrentaba Bolivia, hubiera deseado ser presidente? En lo que podemos estar orgullosos los bolivianos es en la creatividad de nuestros políticos a la hora de hacer campañas y llegar al pueblo con promesas poco realistas.
A la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia se levantó parcialmente la subvención a los hidrocarburos, lo cual dio un respiro temporal a las arcas del Estado que, con el tiempo, resultó insuficiente. Quiso atraer inversión extranjera directa con un enfoque extractivista que generó una reacción negativa de la sociedad, habló a favor del turismo y se reunió constantemente con el sector agropecuario exportador del oriente boliviano.
En política monetaria, modificó el tipo de cambio a flexible. Se aprobó por el Senado un crédito del Fondo Monetario Internacional de aproximadamente 1.900 millones de dólares. Se levantó totalmente la subvención del diésel, se amplió el estado de excepción para brindar algo de estabilidad al país y se evaluaron las empresas públicas que serán cerradas por los constantes déficits operativos, a pesar de representar una pérdida económica para el Estado.
La última carta que tiene el presidente, a la que apuntan muchos políticos, tanto opositores de Libre como oficialistas, es la reforma constitucional para hacer atractiva a Bolivia a la inversión extranjera directa.
Lamentablemente, nuestros políticos cometen el error de los economistas matemáticos: creen que la economía es un programa donde puedes meter variables y esperar resultados de manera automática. En este caso, generar estabilidad económica dejando de lado lo social, el consenso y el diálogo implica desconocer elementos fundamentales para que cualquier política económica se perfeccione y rinda los efectos deseados, sobre todo en la población más necesitada y afectada por la crisis.
También se está apostando por los créditos para pequeños productores y emprendimientos, de nada sirven más emprendimientos si no existe demanda ni se abren nuevos mercados. Una clara muestra de la contracción de la demanda es la caserita del kiosco que no vende como antes o la reciente solicitud de quiebra de la empresa cruceña de productos de consumo masivo Nexolider S.A.
Los conflictos ocasionados por el rechazo al Decreto Supremo Nº 5503 (Fast Track) deberían ser un referente y una enseñanza para la administración pública, no solo boliviana, sino mundial, ya que una ideología política, sea la que fuese, no puede sobreponerse a los intereses nacionales.
Rubén Ticona Quisbert es economista y defensor ambiental.
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