¿Qué tan fácil es para una persona o una organización expresar una opinión, participar en una decisión pública, acceder a información del Estado o protestar de manera pacífica? ¿Qué ocurre cuando una organización cuestiona una política pública o cuando alguien denuncia una situación que considera injusta?
Estas son algunas de las preguntas que aborda el Informe Enfoque País Bolivia 2026, que analiza las condiciones del denominado entorno habilitante para la sociedad civil en Bolivia, es decir el clima o contexto en el que la sociedad civil y sus organizaciones pueden ejercer, sin restricciones, derechos y libertades fundamentales.
Este viernes 2 de octubre, a las 08.30 en el hotel STANNUM de La Paz, la Red UNITAS presentará los resultados de este informe que evalúa seis dimensiones: libertades fundamentales, marco jurídico, acceso a recursos, apertura del Estado, cultura pública y seguridad del entorno digital.
El concepto en entorno habilitante comprende las leyes, instituciones y condiciones sociales que permiten que las personas y organizaciones puedan participar en la vida pública, expresarse, acceder a información y formar parte de las decisiones que afectan a la sociedad.
Según información proporciona por el Programa de Defensa de Derechos de la Red UNITAS, el informe no establece una puntuación global única para clasificar al país, sino que evalúa por separado los seis principios a fin de identificar las dimensiones favorables y aquellas que requieren atención.
De este modo, la evaluación utiliza una escala del 1 al 5, en la que 1 significa “totalmente inhibidor”; 2, “inhibidor”; 3, “parcialmente habilitante”; 4, “habilitante”; y 5, “totalmente habilitante”.
“Las conclusiones se basan en las opiniones y perspectivas diversas de los actores de la sociedad civil que se reunieron en un panel específico para debatir y evaluar el estado del entorno propicio. Sus aportes colectivos enriquecen el informe con una evaluación participativa y bien fundamentada. Esta información se complementa con fuentes secundarias, que proporcionan contexto adicional y refuerzan el análisis”, se lee.
Además, el informe plantea recomendaciones dirigidas al Estado, las organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional y la academia, entre ellas reducir las barreras para el funcionamiento de las organizaciones, establecer mecanismos efectivos de participación y fortalecer la seguridad y alfabetización digital.
