Las autoridades indígenas del Territorio Multiétnico II, las capitanías Tacana y Cavineña y la CIPOAP reafirmaron su decisión de desalojo de la minería aurífera frente a una delegación de la cooperativa ASOBAL, cuyos representantes solicitaron audiencia con las organizaciones indígenas en reacción a ese ultimátum.
En una Asamblea de Emergencia, realizada este 29 de septiembre, las organizaciones indígenas ratificaron el contenido de la Resolución de Emergencia 01/2026, aprobada previamente en Trinidacito, el 11 y 12 de septiembre, que dispone la inspección y el desalojo de empresas mineras legales e ilegales, balseros y otros operadores que desarrollan actividades dentro del territorio indígena. El plazo vencía este 30 de septiembre.
Según el Acta de la Asamblea de Emergencia, los representantes mineros presentaron una propuesta a consideración de las comunidades del TIM – II. Las organizaciones indígenas resolvieron analizar internamente el planteamiento y elaborar una contrapropuesta construida desde las necesidades y decisiones de las comunidades antes de retomar conversaciones formales.
De acuerdo con información proporcionada con el CEJIS, los mineros plantearon en términos bastante generales desarrollar una minería que tenga consideración con el medio ambiente, construir caminos y aportar en obras sociales.
Ante la propuesta, las autoridades indígenas coincidieron: “No nos negamos ni rechazamos el diálogo”. Sin embargo, establecieron una condición fundamental: que las balsas mineras se replieguen y se respete la Resolución 01/2026 mientras se desarrolla el proceso de evaluación y construcción de una propuesta consensuada por las comunidades. Además, se precisa que cualquier acercamiento deberá realizarse en un marco de respeto a las decisiones orgánicas del territorio indígena.
La preocupación de las comunidades indígenas tiene que ver con los altos niveles de contaminación de las aguas del Madre de Dios, que se ha verificado en estudios (2023 y 2025) sobre la presencia de mercurio en los cuerpos de mujeres, hombres y niños de las comunidades ribereñas en niveles por encima de los límites (entre 1,90 a 5,10 partes por millón) establecidos por la Organización Mundial de la Salud (1 ppm).
En criterio de las organizaciones indígenas, estos resultados confirman el grave impacto de la actividad minera sobre las fuentes de agua y el equilibrio ambiental en territorios habitados por los pueblos Tacana, Kabineño, Ese Ejja, Yaminawa, Machineri y familias Pacahuara en aislamiento voluntario.
Ante ese panorama, el Territorio Multiétnico – II ha recurrido al Tribunal Agroambiental, con una demanda de acción preventiva ambiental, en julio de 2025, para defender al río Madre de Dios de la contaminación de la minería aluvial legal e ilegal.
Aunque el Tribunal Agroambiental no ha emitido hasta el momento una resolución final, ya ha ordenado la suspensión de operaciones mineras en el área del litigio. Ante esa disposición, la Autoridad Jurisdiccional Minera (AJAM) también ha suspendido el trámite de autorizaciones para explotar oro en el río por parte de la COMIBOL.
El acta de la Asamblea de emergencia se puede leer a continuación:
