La Defensoría del Pueblo constató, en 19 ciudades del país, un incremento de los pasajes terrestres que va del 58 al 125%, como efecto del levantamiento de la subvención al diésel. La institución pide controles de parte de las entidades públicas y recuerda que el derecho al transporte condiciona el acceso a otros derechos fundamentales, como la alimentación y el acceso a la salud.
En las primeras horas de este lunes, personal de la Defensoría visitó 19 terminales en 19 municipios de los nueve departamentos del país: 15 interdepartamentales y 4 provinciales, donde contrastó los precios de los pasajes en 61 rutas. Los datos recogidos ponen en evidencia que el costo del transporte se elevó significativamente en las últimas horas.
Por ejemplo, en la ruta Oruro – Cochabamba, el boleto subió de Bs 60 a 120, es decir 58%; de Santa Cruz a Beni, de Bs 130 a 250 (63%); y de Yacuiba a Tarija, de Bs 40 a 90 (125%). Los cuadros que se ven a continuación presentan el detalle del levantamiento de información:
En declaraciones a radio Erbol, Fructuoso Requena, dirigente del transporte interdepartamental, sostuvo que todas las unidades que prestan este tipo de servicio funcionan a diésel, y que el ajuste es provisional hasta que puedan sentarse con la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) para definir los precios que deberán regir en adelante.
“Para eso se deberá tomar en cuenta no solo el costo del diésel, sino el precio de los repuestos, las llantas y otros. Los comerciantes cobran en función del dólar flotante y nadie les controla, ni las alcaldías ni la renta, hacen su agosto con sus ventas”, reclamó.
Defensor: «Este derecho condiciona otros«
En conferencia de prensa, el defensor del Pueblo Pedro Callisaya explicó que la importancia de poner en evidencia este fenómeno radica en la incidencia que tienen estos ajustes “en los derechos humanos. El alza de los pasajes va a generar una mayor debilidad en el transporte de la personas, en especial en los sectores sociales con escasos recursos”.
La autoridad defensorial dijo que la modificación de pasajes no debería generar barreras para el ejercicio de otros derechos. “El transporte es una condición material indispensable que condiciona el acceso a otros derechos como salud, educación, trabajo, alimentación”.
En ese sentido, sostuvo que es importante que la población conozca el impacto de la adopción de medidas como levantar la subvención y también la necesidad de dialogar sobre este tema.
“En el uso de nuestro mandato constitucional, recomendamos y exigimos la presencia preventiva y orientación de la ATT, las alcaldías y la Policía en las terminales para informar a los usuarios sobre los precios que en este momento rigen, la exhibición pública de las tarifas y la protección de poblaciones en vulnerabilidad como adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad”, que tienen pasajes preferenciales.
