La Policía intervino los puntos de bloqueo tras la vigencia del estado de excepción. Foto: Policía Boliviana.
La ampliación del estado de excepción generó discrepancias entre legisladores de las diferentes bancadas. Unos rechazan la extensión de la medida porque consideran que el Ejecutivo tuvo suficiente tiempo para resolver los conflictos, mientras que otros la respaldan bajo el argumento de que los sectores movilizados solo buscan desestabilizar al Gobierno.
“Se van a buscar los consensos con las otras bancadas para tener mayoría absoluta y aprobar ese decreto. Apelamos a los senadores y diputados para que vean la necesidad que tiene el pueblo boliviano de trabajar en tranquilidad”, afirmó el senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Víctor Quispe.
El lunes, el presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo 5707, que establece la ampliación del estado de excepción por 90 días más, y lo remitió al Legislativo. El vicepresidente Edmand Lara convocó a sesión del pleno de la Asamblea Legislativa para este miércoles, a partir de las 16:00, para debatir la aprobación o el rechazo de la solicitud.
Las diferencias también surgieron dentro del partido oficialista. Una facción del PDC no está de acuerdo con la decisión. La senadora Ana Crispín dijo que el Gobierno se adelantó al aprobar el decreto, ya que antes debió presentar un informe que justificara la solicitud.
Una situación similar se replica en la alianza Unidad. El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan del Granado, expresó su desacuerdo con la extensión de la medida porque restringe derechos constitucionales y libertades.
Del Granado consideró que no existe un estado de conmoción interna. Si bien existen amenazas de movilizaciones de diferentes sectores sociales, el diputado señaló que en el país este tipo de acciones se registraron de manera recurrente. En su criterio, el Gobierno debe hacer un esfuerzo de atender las demandas de las organizaciones sociales.
Otro de los argumentos que planteó es que se debe iniciar la reforma de la Constitución Política del Estado (CPE). Recordó que presentó una iniciativa legal para modificar la Carta Magna, propuesta que actualmente es socializada.
Sin embargo, la senadora del mismo frente político, Eliana Acosta, consideró que se debe ampliar el estado de excepción ante las amenazas de movilizaciones previstas a partir de la próxima semana. No obstante, reveló que la bancada se reunirá para asumir una postura oficial.
En la alianza Libre también existen diferentes posturas. Los legisladores que responden al expresidente Jorge Tuto Quiroga rechazaron la medida, mientras que aquellos que forman parte de los Demócratas indicaron que aprobarán el decreto.
Informe
La Ley 1740, que regula los estados de excepción, señala que el Ejecutivo debe presentar un informe sobre las acciones ejecutadas durante la vigencia de la medida. En ese contexto, la diputada de la alianza Libre Lissa Claros condicionó la aprobación del decreto a que el Ejecutivo presente un informe que fundamente las razones por las que busca ampliar la medida.
La senadora Ana María Crispín anunció que, antes de debatir el decreto, solicitarán el informe del Ejecutivo para conocer qué acciones se realizaron durante este periodo y cuáles son los argumentos para solicitar la ampliación.
