En abril de 2026, la UMSA informó que una de sus investigaciones confirmó la presencia de mercurio en peces de consumo y en sangre de los indígenas. Foto: toma de muestra en el río. UMSA.
La Confederación de Naciones y Pueblos Indígenas del Chaco, Oriente y Amazonía de Bolivia (CIDOB) denunció la alarmante contaminación por mercurio que sufren los ríos Beni y Madre de Dios. La organización advirtió que la actividad aurífera descontrolada pone en grave riesgo la subsistencia y salud de comunidades indígenas históricamente asentadas en la región y demanda el cumplimiento de una resolución judicial que ordena la suspensión de toda actividad y operación minera sin licencia ambiental.
Mediante un pronunciamiento público, detalló que las poblaciones afectadas pertenecen a los pueblos Esse Ejja, Tsimane, Mosetén, Leco, Uchupiamona y Tacana. La organización sostiene que la exposición continua al metal pesado, derivado principalmente del consumo de pescado contaminado, representa un riesgo crítico: «Esta situación ha generado graves impactos ambientales y sanitarios (…) poniendo en riesgo la salud de nuestras comunidades y de las futuras generaciones», señala la CIDOB.
Fallo judicial incumplido
Días atrás, el pueblo indígena Esse Ejja del municipio de Reyes (Beni) denunció la muerte de al menos 12 personas y nuevos casos de enfermedad que estarían relacionados con la contaminación de las aguas por actividades mineras y el uso de mercurio. Frente a la crisis ambiental y los daños a la salud pública referidos, la CIDOB centró su reclamo en la inacción estatal respecto al acatamiento de la Resolución de Acción Popular N.º 05/2023, dictada el 09 de septiembre de 2023 por el Juzgado Público Mixto de Rurrenabaque constituido en Tribunal de Garantías.
Dicha resolución judicial dispuso medidas urgentes, entre ellas la suspensión inmediata de toda minería ilegal u operativa sin licencia ambiental en los ríos Beni, Madre de Dios y sus afluentes, además del congelamiento de nuevos derechos mineros hasta garantizar controles efectivos y la rehabilitación de los ecosistemas acuáticos. Asimismo, el fallo ordenó procesos de consulta previa, participación indígena en los planes de control del mercurio, estudios de agua y peces, y atención médica a las personas afectadas por metilmercurio.
«La CIDOB exige al Estado Plurinacional de Bolivia el cumplimiento efectivo e inmediato de la Resolución de Acción Popular N.º 05/2023 (…) La defensa de los ríos, los territorios y la vida de nuestros pueblos indígenas no puede seguir siendo postergada. El Estado tiene la obligación de actuar y hacer cumplir las decisiones judiciales», demandó la institución.
Demanda de 5 puntos
El pronunciamiento firmado por la dirigencia nacional, encabezada por Lino Illimuri, plantea cinco exigencias al Gobierno nacional:
- Suspensión de actividades: Hacer efectivas las medidas de freno y control a la minería ilegal o desprovista de licencia ambiental en las cuencas impactadas.
- Plan de emergencia sanitaria: Desplegar brigadas médicas especializadas para el diagnóstico y seguimiento de las personas expuestas, otorgando prioridad a mujeres, niñas y niños.
- Seguridad alimentaria e hídrica: Proporcionar agua segura y alternativas de alimentación para mitigar la dependencia del pescado contaminado.
- Fiscalización con participación indígena: Reforzar la presencia institucional permanente en las zonas críticas con la participación activa de las organizaciones territoriales.
- Consulta previa: Respetar de manera estricta el derecho a la consulta previa e informada en cualquier medida que afecte sus territorios.
La CIDOB concluyó el manifiesto ratificando su respaldo a las regionales y comunidades en resistencia frente al extractivismo desmedido: «No podemos permitir que la Amazonía sea convertida en una zona de sacrificio», se lee en el documento al que puede acceder a continuación:
